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Favor con favor se paga

El gobierno de la coalición de derecha sigue usando al Estado para instrumentar la agenda de los grandes empresarios y consolidar su bloque político-social de poder.
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Por Gabriel Mazzarovich

El 31 de diciembre del año pasado, mediante un decreto, el gobierno exoneró a los propietarios de los grandes medios de comunicación audiovisuales del pago del canon por las licencias y por el uso de frecuencias, que son de toda la sociedad, establecido en la Ley de Regulación de Servicios Audiovisuales. Están exonerados de pagar hasta el 2022.

La noticia fue divulgada por Gustavo Gómez, exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y experto en regulación de medios y libertad de expresión.

Gómez, a través de su cuenta de Twitter, @gusgomezgermano, señaló: “Gobierno exoneró de pago de licencia y uso de espectro a medios mediante Decreto 389 del 31/12 por dos años. Las radios del Interior no pagan y el cálculo se hace según número de abonados, por lo que los grandes medios fueron los más beneficiados”.

“Por esta decisión, solamente por no pago de licencias, DirecTV, Cablevisión/Clarín y los cables de Montevideo y Equital (vinculados al 4, 10 y 12) se ahorran unos U$S700.000 anuales en total. Los canales abiertos del 4, 10 y 12 también ahorran pago por uso de frecuencias”, agregó.

“El decreto es justificado por el impacto de la pandemia de COVID-19, pero el beneficio no llegó a los trabajadores de la TV paga, donde hubo mayor cantidad de despidos, incluso dirigentes sindicales: Equital SA, Montecable, NuevoSiglo, etc.”, se lee en la publicación.

Un decreto por delivery con carácter “urgente”

La información se refiere a que por el Decreto 398/020 del 31 de diciembre de 2020, publicado el 15 de enero de este año, el gobierno de la coalición de derecha exoneró a los grandes medios de comunicación de radio, televisión y televisión por abonados, de pagar dos tipos de contribución fijados por los artículos 187 y 188 de la Ley 19.307 de Regulación de Servicios de Comunicación Audiovisuales, votada bajo los gobiernos del Frente Amplio.

El artículo 187 se refiere a un canon anual por Costo de Licencia y el 188 al Precio por derecho de uso del espectro radioeléctrico.

Estas contribuciones, las primeras en la historia -nunca los propietarios de los medios de comunicación pagaron nada por el usufructo de las frecuencias- fueron instrumentadas en la ley vigente desde el 2015. Pero se reglamentó en el 2019 y se empezaba a pagar y a recaudar en el 2020.

Estaban exoneradas del pago las radios del interior. Y la aplicación de un porcentaje mínimo de la facturación de los medios era progresiva, en el caso de la televisión por abonados, según la cantidad de abonados. Es decir, los medios chicos o no pagaban o pagaban muy poco y los grandes pagaban más.

Relato para fundamentar un mandado

En la fundamentación del decreto, el gobierno sostiene que entre los motivos de esta decisión está favorecer a los medios pequeños, atender la situación especial de los medios por el impacto de la pandemia y favorecer la actividad económica y el empleo y afirma también que la reglamentación de la ley se demoró y su aplicación es inoportuna.

Son argumentos falaces. Como decíamos, los medios chicos no pagan el canon. Esta nueva “ayuda” a los grandes empresarios de los medios se da cuando se produjeron decenas de despidos, muchos de ellos por medidas antisindicales y, además, no contempla ninguna contrapartida. Si defender el empleo fuera la intención, se podría haber planteado que las empresas, ante este regalo de cientos de miles de dólares, se comprometían a no despedir a sus trabajadores. Pero no hay nada de eso.

Esta medida priva al Estado de recaudar, al menos, 700 mil dólares solo este año, por el pago anual por la licencia y otra importante cantidad por el pago que correspondía al uso de las frecuencias.

Esta medida golpea a la cultura, en una situación muy difícil en medio del Covid-19, porque parte de estos recursos era para financiar el Fondo de Producción Audiovisual Nacional.

Es cierto que hubo demora del Frente Amplio en reglamentar la Ley, el decreto en su exposición de motivos lo destaca y lo toma como excusa. La demora en reglamentar estos artículos de la Ley y la Ley en general, en parte fue motivada por diferencias políticas en su aplicación. Pero fundamentalmente, porque la derecha, que votó en contra de la Ley, hizo una campaña feroz en su contra y presentó, junto con los empresarios, 75 recursos de inconstitucionalidad. Estos recursos no tenían efectos suspensivos pero sí abrieron la incertidumbre de juicios multimillonarios contra el Estado, si luego del cobro de lo establecido la Suprema Corte de Justicia declaraba inconstitucionales estos artículos.

Es también falaz criticar por la demora en la reglamentación de la Ley cuando fue la propia derecha la que hizo todo por impedir su votación y luego su aplicación. Critican por no aplicar la Ley quienes la combatieron, la obstaculizaron y ahora quieren derogarla y retroceder mucho más allá de lo que estaba antes. Es realismo mágico, un universo paralelo de pos verdad.

En cuanto al argumento del impacto de la pandemia en la facturación de los canales, parece una excusa de efecto ya que este decreto se inscribe en una serie de medidas del gobierno que ha favorecido a los grandes propietarios de medios de comunicación, con una visión que va mucho más allá de la pandemia.

Un favor más

Esta medida se inscribe en la restauración conservadora, que incluye un ajuste neoliberal y que está provocando la concentración de la riqueza y el poder en Uruguay. Y eso se está aplicando con independencia de la pandemia e, incluso, aprovechando la pandemia.

Al mismo tiempo que se exonera de pagar cientos de miles de dólares a los propietarios de los grandes medios se modifica el impuesto al Patrimonio en el Presupuesto; se otorgan créditos y exoneraciones fiscales sin contrapartida a las grandes empresas; se autoriza a postergar el pago de aguinaldo y licencia por un año; se promueve el aumento del dólar, lo que deprecia el peso y los salarios; se realizan dos aumentos de tarifas públicas en un año por encima de la inflación; se plantea una política salarial de rebaja, para públicos y privados; se recorta la inversión más de 300 millones de dólares en el Presupuesto, bajando las partidas para salud, educación y vivienda; se aumenta el IVA dos puntos al consumo con tarjeta de débito y se ajusta la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice Medio de Salarios y no por la inflación, provocando que quienes tienen empleo paguen más IRPF y, a la vez que pierdan poder de compra las asignaciones familiares, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, las becas en las empresas públicas, etc.

Esto es un apretado repaso, no exhaustivo, de las medidas que promueven la desigualdad, la concentración de la riqueza y, por lo tanto, del poder.

Pero en el caso de los propietarios de los grandes medios hay un especial compromiso de este gobierno de coalición de derecha y, en particular, del Herrerismo.

El 20 de abril de 2020, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Esta ley que privatiza la distribución de datos de ANTEL; promueve la concentración de la propiedad de los medios y su extranjerización, también deroga los citados artículos que implican el pago de contribuciones por parte de los empresarios de los medios por las licencias y por el uso de las frecuencias.

El Poder Ejecutivo, en particular el Herrerismo y muy especialmente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, presionaron a los legisladores del Partido Nacional y a los del resto de la coalición de derecha para que este proyecto fuera aprobado a marchas forzadas antes de fin de año. No lo lograron. Hubo una oposición firme y fundamentada del Frente Amplio, de SUTEL, APU, la Coalición por una Información Democrática, la UDELAR y numerosos expertos; también hubo diferencias en la coalición de derecha, por la forma y por el contenido.

Uno de los objetivos de aprobarla de apuro y antes de fin de año era que los grandes empresarios de los medios no pagaran lo que tenían que pagar por el 2020.

El reclamo parece haber sido fuerte y hubo “sensibilidad” en el presidente y el gabinete.

Lo que no pudieron lograr en el Parlamento, lo garantizan por decreto cambiando la reglamentación de la Ley vigente.

Los grandes empresarios de los medios querían seguir invictos y no pagar nunca, nada, por usar y hacer negocios con las frecuencias que son de todos. Lo lograron. El gobierno de derecha se los concedió como regalo de fin de año, por eso tenía que tener fecha de 2020, aunque fuera el 31 de diciembre.

Además, este no es el primer decreto que adelanta la satisfacción a reclamos empresariales de los medios. Hay que recordar que, mediante otro decreto reglamentario de la Ley 19. 307 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 260/020, promulgado el 14 de setiembre de 2020, el Poder Ejecutivo ya había accedido a otra demanda de los grandes empresarios de los canales. En este caso la extensión de las tandas publicitarias, los controles de que esto se cumpla y las sanciones por no cumplir.

El citado decreto del Poder Ejecutivo cumple estrictamente todas las demandas de ANDEBU, es casi una transcripción de su plataforma. En primer lugar, se extiende el tiempo de tandas publicitarias a través de aumentar la tolerancia más allá del límite sin que se sancione, de 30 a 60 segundos de exceso de tandas y 120 segundos cuando es emitida durante un programa en vivo (estos lapsos se duplican en los canales del interior). Se reduce el monto de las sanciones y disminuye -muy significativamente- el criterio para incrementarlas por la reiteración de los excesos de publicidad en tandas. Se crean franjas horarias con montos de sanciones más baratas y criterios aún más laxos para el aumento de sanciones por reiteraciones.

Y como si fuera poco, se cambian los períodos de fiscalización pasando de semanales a semestrales. Es decir, en realidad los empresarios de los grandes medios de comunicación pueden poner la cantidad de publicidad que quieran, cuando quieran y les aseguran que nadie los va a controlar en serio.

Lo cierto es que los empresarios de los grandes medios presionaron para no pagar y el gobierno les cumplió el deseo. Lo de dos años es otra ficción, en realidad quieren antes de eso aprobar la nueva ley de medios que les asegura que no pagarán nunca.

(*) Links para acceder a la Ley 19.307 y sus artículos 187 y 188 que establecían el cobro de las contribuciones y a los decretos 260/020 sobre las tandas publicitarias y 389/020 de exoneración de pagos.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-2014

http://www.impo.com.uy/bases/decretos/260-2020/

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/389-2020

 

 

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