Roger Mariaca y el fiscal cruceño Alberto Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto cruceño en un operativo aún sin explicación oficial sobre motivos y responsables.
La Fiscalía de Bolivia denunció este miércoles el “secuestro” del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, hecho registrado durante la noche en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento cruceño.
De acuerdo con información preliminar, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos por efectivos cuyo origen institucional aún no ha sido esclarecido. Hasta el cierre de esta nota no existe un comunicado oficial que identifique qué fuerza ejecutó el operativo ni bajo qué mandamiento se actuó.
El titular de Defensa argumentó que el avance de las investigaciones y el acopio de elementos probatorios podrían derivar en dicho escenario, haciendo alusión a la reciente determinación del Departamento de Estado de EE. UU. que retiró los visados a Mariaca y Zeballos tras acusarlos de presuntos actos de corrupción y narcotráfico.
Respecto al lugar donde deberían juzgarse los hechos, el ministro enfatizó que, de consolidarse las acusaciones desde el ámbito del Ministerio Público y la administración de justicia, su postura es que los imputados respondan ante los tribunales locales.
“Si se confirman las pruebas en contra del fiscal Roger Mariaca (…) lo ideal sería que purgue sus penas acá en Bolivia”, afirmó, recordando que el trámite no depende del Órgano Ejecutivo si no del Poder Judicial.
El pronunciamiento del Ejecutivo se da en un clima de alta tensión institucional tras los operativos registrados este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos por el Gobierno de Rodrigo Paz mientras lideraban las investigaciones del denominado “caso Cerimedo”.
La acción policial —que incluyó el allanamiento del domicilio de Mariaca y la intervención de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz— fue calificada por el Ministerio Público como un “secuestro” e instrumentada “sin ninguna orden de aprehensión”, en medio de acusaciones gubernamentales que vinculan a las exautoridades con redes del tráfico de sustancias controladas.
Con información de Telesur
