Por Fabricio Mato
El pasado miércoles 28 de enero, el exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y experto en regulación de medios y libertad de expresión, Gustavo Gómez, dio a conocer un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el último día del año 2020 en el que se prorrogaba el plazo hasta el primero de enero de 2022 para el inicio del cobro de licencias y uso del espectro establecido en los artículos 187 y 188 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307, haciendo retroactiva la aplicación de este decreto desde el primero de enero de 2020.
Esta decisión obliga al Ministerio de Industria, Energía y Minería a devolver algo más de U$S 200.000 que sí pagaron algunos de los titulares de medios de comunicación, según informó en entrevista con La Diaria, el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Pablo Siris.
La resolución del Poder Ejecutivo implica una renuncia fiscal -que en realidad es una donación de toda la sociedad a los propietarios de medios de comunicación- de una cifra que ronda los U$S 700.000 al año, pero implica la imposibilidad de funcionar del Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual, que se financia con lo que se debe recaudar por esa vía, poniendo en una muy difícil situación al cine uruguayo y a todas las personas que dependen de estas y otras industrias culturales conexas.
El decreto del Poder Ejecutivo no solamente condona los pagos correspondientes al 2021 y perdonan la deuda correspondiente al 2020, que la mayor parte de los dueños de medios de comunicación audiovisual se negaron a pagar, confiados en que el gobierno electo en noviembre de 2019 les devolvería los extensos favores realizados.
El decreto del Poder Ejecutivo pareciera ser un intento de “ganar tiempo” para que se apruebe este año en el Poder Legislativo el proyecto de ley de regulación de servicios de difusión de contenido audiovisual que se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados y que exonera de pago alguno a las empresas permisarias de las ondas radioeléctricas que son propiedad pública.
El proyecto de ley aparece como húerfano políticamente, no hay legisladores ni autoridades del Poder Ejecutivo que se hagan responsables del engendro. Sin embargo, aunque huérfano de autor, este proyecto de ley fue presentado inmediatamente después de la Ley de Urgente Consideración y se convirtió en el segundo en ser impulsado por el gobierno de la coalición de derecha.
No en vano, el presidente Luis Lacalle Pou dio la instrucción a los parlamentarios de la coalición sobre fines del año pasado de aprobar esta ley fuera como fuera, lo que permitió observar importantes diferencias en el seno de la coalición, particularmente en torno a la pretensión de privatizar la fibra óptica de ANTEL, la empresa pública de telecomunicaciones. Solamente el trabajo de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión de Industria de Diputados, así como la movilización de diversas organizaciones sociales, lograron detener su aprobación casi sin estudio.
Aunque hoy se pretende disfrazar esta medida de una suerte de paliativo ante los perjuicios provocados a las empresas de medios por la pandemia de Codiv-19, en realidad no es otra cosa que dar cumplimiento a la pretensión de seguir utilizando patrimonio público en beneficio de unos pocos.
Como denunció EL POPULAR en la nota “Favor con favor se paga” (https://elpopular.uy/favor-con-favor-se-paga/) publicada por Gabriel Mazzarovich “se exonera de pagar cientos de miles de dólares a los propietarios de los grandes medios; se modifica el impuesto al Patrimonio en el Presupuesto; se otorgan créditos y exoneraciones fiscales sin contrapartida a las grandes empresas; se autoriza a postergar el pago de aguinaldo y licencia por un año; se promueve el aumento del dólar, lo que deprecia el peso y los salarios; se realizan dos aumentos de tarifas públicas en un año por encima de la inflación; se plantea una política salarial de rebaja, para públicos y privados; se recorta la inversión más de 300 millones de dólares en el Presupuesto, bajando las partidas para salud, educación y vivienda; se aumenta el IVA dos puntos al consumo con tarjeta de débito y se ajusta la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice Medio de Salarios y no por la inflación, provocando que quienes tienen empleo paguen más IRPF y, a la vez que pierdan poder de compra las asignaciones familiares, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, las becas en las empresas públicas, etc.”
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