Acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles 22 en la Torre Ejecutiva. También asistieron la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
Orsi instruyó, el lunes 20, al embajador uruguayo ante Reino Unido, para que se presentara ante las oficinas de la empresa Eurocommerce. El representante diplomático se encontró con que allí no funcionaba esa compañía, sino una inmobiliaria que pertenecía a una persona de nacionalidad rusa, residente en su país natal.
El presidente afirmó que, ante la constatación de hechos que revisten tal gravedad, resolvió rescindir el contrato para la compra de los dos buques de patrulla oceánica (OPV, por sus siglas en inglés) adquiridos en el período anterior.
Las autoridades anunciaron que el Estado uruguayo ejecutará la garantía de fiel cumplimiento rubricada por el astillero español Cardama, ante el incumplimiento de lo acordado en relación a la construcción de dichos barcos.
“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas», señaló el presidente.
Agregó que el lunes 20 firmó una resolución, “ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento”, como forma de ejecutar la cláusula correspondiente. Dijo que se decidió efectuar una denuncia penal dados los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo”.
Díaz: “Empresa de papel” y acciones administrativas, civiles y penales
Jorge Díaz repasó las garantías establecidas en el contrato entre el Estado y la empresa Cardama. Explicó que la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimento que equivalía al 5% del contrato total de la obra.
Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas. “Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses”, precisó.
Díaz recordó que, en el primer y el segundo intentos de constitución de garantía, el Ministerio de Defensa de la época consultó al Banco Central, que recomendó no llevar adelante esas garantías y contratar un corredor de seguros.
Esa cartera no contrató un corredor de seguros, pero sí un estudio jurídico, que, “aparentemente, es Delpiazzo”. “Digo ‘aparentemente’, porque no hay indicios de esa actividad. Sí se encontró una serie de correos electrónicos entre Cardama, el Ministerio de Defensa y el estudio, que no dudamos de su validez”, manifestó.
Explicó que, ya vencido el plazo, Cardama no brindó garantía suficiente. Se presentó a Eurocommerce, pese a haberlo hecho en inglés, sin apostillarlo y sin acreditarse, sostuvo.
Añadió que la garantía de Cardama debía cumplir un plazo de 42 meses, pero alcanzó un año, “debía ser renovada 30 días antes del vencimiento”.
Díaz informó que en 2022, 2023 y 2024 la empresa mantuvo solo un empleado y no registró prácticamente actividad, según surge del análisis de sus cuentas. Además, el único director es un ciudadano ruso, residente en su país natal, y en la página web de la empresa aparecen datos falsos y engañosos, dijo.
“Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría”, indicó. El prosecretario señaló que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales.
Sánchez: “Se tienen que esclarecer estos hechos muy graves”
El secretario de la Presidencia, en tanto, explicó que al astillero escogido por la anterior administración de gobierno, que se había comprometido a construir una de las barcazas en 18 meses, le llevó 11 constituir sus garantías de fiel cumplimiento.
Sánchez agregó que la anterior administración no tomó los recaudos necesarios para que esa empresa pudiera hacer frente al compromiso adquirido. “Ese es el problema al que nos enfrentamos”, dijo.
El jerarca expresó que, si en tres días se ha logrado recabar toda esta información, “resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad, para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario”.
Al día de hoy, se realizaron tres transferencias al astillero, que ascienden a una suma cercana a los 30.000.000 de dólares, eso es lo que ha transferido el Estado uruguayo en cumplimiento del contrato, dijo Sánchez. “Se tienen que esclarecer estos hechos, que son muy graves. Estamos muy preocupados”, expresó.
Agregó que el presidente Orsi determinó que el Estado uruguayo resguarde los recursos del pueblo uruguayo. Asimismo, desde el Ejecutivo, se está analizando qué tipo de procedimiento llevar adelante para esclarecer los hechos que son de gravedad, tanto en la órbita administrativa como en la judicial.
Fuente Presidencia de la República.
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