El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) salió al cruce de los nuevos ataques de legisladores oficialistas contra los sindicatos y las organizaciones sociales.
En las últimas horas, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani acusó a la Comisión Nacional Por el Sí, de difundir información falsa en su campaña, al sostener que con la LUC se favorecen las condiciones para la privatización de la enseñanza.
La FENAPES se pronunció en la pasada jornada al respecto e invitó públicamente al diputado oficialistas a debatir sobre éste y otros temas relacionados con la educación.
José Olivera dijo al portal de el PIT-CNT que es evidente que en filas del gobierno «hay nerviosismo» como consecuencia de haberse logrado las firmas necesarias para convocar a un referéndum sobre 135 artículos de la LUC. «Yo creo que hay dato de la realidad que las encuestas están recogiendo en estos momentos, y es que el resultado sobre el referéndum hoy está abierto y eso se choca con la idea que pretende transmitir el gobierno de que ya es un tema laudado por la ciudadanía», y que los promotores del Sí, «tenemos efectivamente grandes chances de ganar el referéndum».
Para Olivera, esta situación está «poniendo nerviosos a muchos actores del gobierno, que ya venían con un conjunto de preocupaciones previas y fueron las 800 mil firmas. Incluso, hay que recordar que hubo fuertes críticas dentro de las propias filas del oficialismo por la estrategia del silencio que se ordenó desde la Torre Ejecutiva durante todo el proceso de recolección de firmas».
Ante la imposibilidad de seguir «hablando en tiempo condicional», el gobierno optó por admitir que habrá referéndum y salió a hacer campaña en defensa de la LUC. En este contexto, los ataques contra los sindicatos y las organizaciones sociales han recrudecido.
Según el secretario general de la FENAPES, la campaña del gobierno incluirá «elementos de provocación» y en ese marco es que ubica la «persecución política y sindical que se está llevando adelante en Secundaria. Esto no es novedoso, la persecución política es algo con lo que distintos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional históricamente han estado comprometidos. Insisto, no de ahora sino de antaño. Las prácticas de persecución político-sindical que llevaron a destituciones, a detenciones, fueron orquestadas por sectores civiles colaboradores de la dictadura fascista. Y allí hay un compromiso histórico de sectores del PN y del PC, incluso cabildantes. No hay que olvidar que el actual senador Guillermo Domenech era instructor sumariante en plena dictadura. Y como lo ha dicho algún catedrático importante, desde la década del 80, en los últimos años de la dictadura, no se veía un proceso de persecución tan grande como el actual, donde pareciera que el Estado de Derecho ya no rige en la Educación Secundaria, donde los abogados buscan argumentos tan fácilmente rebatibles que van por las posiciones de forma y no de contenido. Y donde las autoridades actúan en función de definiciones políticas partidarias. Y esto es un problema para la institución educativa. Por eso vemos que hay mucho nerviosismo en el gobierno que se expresa en tratar de generar la idea de que nuestros planteos son falsos o volver a un pasado que ellos se comprometieron a cambiar. Pero el problema es que la gente está comprendiendo que los cambios no pueden ser contra la gente. Y todo esto es lo que creemos explica algunas salidas como las del diputado colorado, Felipe Schipani, que es un especialista en perseguir docentes. En los últimos meses, su única función como legislador ha sido la de generar las condiciones para la persecución política-sindical. Esto se nutre de la mejor historia de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado y por eso no nos sorprende».
Consultado sobre el ofrecimiento que hizo la FENAPES al diputado oficialista para debatir sobre los artículos de la LUC y la educación, Olivera dijo al Portal que más allá de los reiterados ofrecimientos, «Schipani se ha negado a debatir una y otra vez, porque no tiene razón, porque que saben que hay evidencia empírica, saben que hay evidencias teóricas muy potentes, muy fuertes, que evidencian un proceso importante de privatización de la educación», agregó.
Olivera consideró que ante la falta de argumentos, el legislador colorado «va por el camino más corto, el de intentar desprestigiar, acusar al otro, sin fundamentar, ni colocar ninguna prueba arriba de la mesa. Por eso esquiva el debate».
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