Una decisión de la justicia británica, puso freno al envío a Ruanda de miles de solicitantes de asilo.
El fallo judicial, fue celebrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional (AI).
De acuerdo a una declaración dada a conocer por Acnur, el organismo celebró “la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que determina que la propuesta para trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda bajo la Alianza para el Desarrollo Económico y Migratorio infringiría el derecho internacional y la legislación británica”.
Dicha alianza, recordó el portal de noticias de Naciones Unidas, “fue un pacto firmado por los gobiernos británico y ruandés, el 14 de abril de 2022” y en el mismo el país africano aceptó recibir “a solicitantes de asilo” que de acuerdo al Reino Unido “llegan a su territorio de manera ilegal”, mientras se procesan sus solicitudes.
El acuerdo suponía la entrega a Ruanda de 155 millones de dólares a cambio de que aceptara “acoger a los deportados, quienes deberían recibir apoyo para su alojamiento, atención médica, capacitación e integración”.
Si bien el acuerdo fue “negociado con el presidente ruandés Paul Kagame por el ex primer ministro británico Boris Johnson (2019-2022)”, el actual Primer Ministro Rishi Sunak, lo mantuvo a pesar de “la presión del ala derecha del gobernante Partido Conservador” que exigía frenar “a la inmigración considerada ilegal”.
El pasado 15 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido avaló “el fallo de tribunales inferiores”, que resolvió que no existían “suficientes garantías” de que el país africano pudiera “asegurar los derechos de los migrantes al tramitar su solicitud de asilo y evitar su devolución a su país de origen”.
“En el momento presente”, señala la sentencia de la Corte, “hemos llegado a la conclusión de que los cambios necesarios para eliminar posibles riesgos, para la seguridad jurídica de los migrantes, pueden llevarse a cabo en el futuro, pero todavía no se han producido”.
De acuerdo a Sacha Deshmukh, director ejecutivo de AI en el Reino Unido, la “sentencia es vital para proteger a las personas que buscan asilo en este país. El gobierno debe ahora trazar una línea bajo un capítulo vergonzoso de la historia política del Reino Unido”.
Sobre lo acordado con Ruanda, el director de AI señaló que fue algo “tremendamente mal concebido y cruel”, máxime cuando se trata de “un país con un historial de graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y represión de la libertad de expresión”.
“Ha llegado el momento”, añadió Deshmukh , “de que el gobierno no solo abandone la idea de llegar a un acuerdo con Ruanda, sino de que deseche la política subyacente de negarse a procesar las solicitudes de asilo de las personas”.
Pese a la sentencia, el Primer Ministro Sunak “anunció que impulsará una legislación de emergencia para que Ruanda sea reconocido por el Parlamento como un país seguro”, al que se puedan enviar potenciales refugiados”.
Para ello dijo Suniak en rueda de prensa, se hará “lo que sea necesario para impedir que tribunales extranjeros, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bloqueen decisiones tomadas en el Reino Unido”.
Ya en abril de 2022 dicho tribunal, recuerda el portal de noticias del organismo internacional, “detuvo el despegue del primer vuelo británico a Kigali con inmigrantes”.
“Si el tribunal de Estrasburgo decide intervenir en contra de los deseos expresados por el Parlamento, estoy dispuesto a hacer lo necesario para que esos vuelos despeguen”, aseveró Suniak, aludiendo así a la posibilidad de abandonar de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Datos aportados por el gobierno británico, indican que “en el año terminado en junio de 2023 solicitaron asilo 97 390 personas (75 % hombres y 25 % mujeres)”, un “19 % más que el año anterior”, de ese total “40 386 llegaron” al país “en pequeñas embarcaciones a través del Canal”.
