Bruno Giometti (*)
La semana pasada fue publicado el dato de inflación correspondiente al mes de setiembre. Según la información oficial del INE, el Índice de Precios al Consumo (IPC), tuvo un incremento mensual de 0,84% alcanzando un 8,65% en los nueve meses que van del año 2022 y 9,95% en el acumulado de los últimos 12 meses.
El elevado dato mensual de setiembre refleja el impacto del incremento de algunas verduras, rubro que en promedio aumentó 13% mensual y explica más de la mitad del incremento del IPC del mes. También tuvieron aumentos en setiembre otros alimentos y rubros de servicios.
Si vemos la tendencia de los últimos meses, podemos comprobar que la inflación se ubica por séptimo mes consecutivo por encima del 9% interanual. Con estos niveles inflacionarios y de acuerdo a los porcentajes de ajuste salarial ya recibidos por los distintos sectores en enero y en julio, es una certeza que al cierre de 2022 no se habrá iniciado la recuperación del salario real medio como prometió el gobierno y tendremos tres años consecutivos de pérdida de poder de compra.
El proceso inflacionario afecta a todos los trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, jubilados y pensionistas, así como a los pequeños productores y comerciantes que no tienen margen para remarcar precios.
Como preocupación adicional, cabe mencionar que los alimentos están aumentando por encima del promedio inflacionario, habiendo alcanzado un 14% de incremento en los últimos 12 meses. Los panificados, harinas, fideos, lácteos, huevos, infusiones, entre otros, han aumentado muy por encima de la inflación promedio. Esto quiere decir que la carestía que enfrentan los hogares de menores ingresos es todavía más elevada, dado que estos hogares gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
Hasta ahora la medida anti inflacionaria que se viene tomando es el incremento de la tasa de interés de referencia del Banco Central, que fue subida hasta 10,25% en la última reunión del organismo. Esto apunta a encarecer el crédito, estimular el ahorro y desalentar el gasto, como forma de “atemperar” las presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Esta política no viene teniendo resultados puesto que la inflación en esta coyuntura no se explica fundamentalmente por la demanda interna (el consumo de los hogares aún está por debajo de los niveles de 2019) sino por otros factores como los precios internacionales de los alimentos y la política tarifaria del gobierno.
Esta política de incremento de las tasas de interés, lo que genera en el corto plazo es una presión a la baja del tipo de cambio (precio del dólar medido en pesos) que puede ayudar a contener la inflación, pero es un camino peligroso, porque afecta la competitividad de las empresas uruguayas. Las grandes empresas de los sectores más destacados de la economía nacional, los malla oro, no ven comprometidas sus ganancias, pero las empresas pequeñas y medianas, que compiten con producción extranjera en el mercado local o en el exterior, que son importantes en la generación de empleo, pueden ver amenazada su viabilidad.
Se deben desarrollar otras medidas que apunten a proteger los ingresos de los hogares, especialmente los más vulnerables, ante los incrementos de los precios. Los ingresos laborales, las jubilaciones y las pensiones vienen ajustando hace tres años por debajo de la inflación. También debemos poner en discusión de la sociedad que la contracara de la carestía que enfrentan los sectores populares, son las ganancias extraordinarias que obtienen grandes empresas ubicadas en los núcleos claves de la producción, distribución y comercialización de productos, con capacidad de fijar precios.
(*) Economista, integrante del Instituto Cuesta-Duarte y del equipo de “Valor!!”.
Foto de portada:
Los panificados, harinas, fideos y lácteos, aumentaron sus precios por encima del promedio. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.
