La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue presentada como la panacea que iba a solucionar “la inseguridad”. En los meses que lleva de aplicación el fracaso es estrepitoso.
A ese fracaso, más que al articulado en sí, nos vamos a referir en este editorial. Una primera consideración, el tema de la seguridad ciudadana, o mejor dicho de su mala resolución o ausencia, la inseguridad, ha sido y es central en el debate público. Eso está claramente reflejado en la LUC. La “Seguridad Pública” abre la LUC, es la Sección I, tiene 10 capítulos y la friolera de 117 artículos. A ello hay que agregar la Sección II, “Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado”, que tiene 9 artículos más.
Sostenemos que estos los 33 artículos sobre seguridad pública que serán sometidos a referéndum este 27 de marzo deben ser anulados por diferencias conceptuales profundas y por los resultados que ya arrojó su aplicación en estos meses. Por esas dos razones. Pero antes de profundizar en ellas es necesario despejar algunas de las groseras mentiras con las que la derecha ha encarado el debate público sobre este tema.
La primera gran mentira, repetida hasta por el presidente Luis Lacalle Pou es que la LUC ha hecho bajar el delito. Sobre esta falsedad vamos a referirnos al final.
La segunda mentira es que quienes promovemos el SI, en general, y en lo referido a la seguridad en particular, nos oponemos a todo, no dejamos gobernar. No es cierto, como dijimos, la LUC tiene 117 artículos referidos a la seguridad pública, más los 9 de al Secretaría de Inteligencia. Si gana el SI el 27 de marzo se anularían 33 artículos. La intención es anular los 33 artículos sobre seguridad de la LUC que implican un gravísimo retroceso en términos democráticos.
La tercera mentira es que tanto nos oponemos a todo que no acompañamos el fortalecimiento de la lucha contra los delitos sexuales. Es absolutamente falso, esos artículos de la LUC no están impugnados.
La cuarta mentira es que si se anulan los artículos referidos a seguridad pública quedarán libres, de forma inmediata y caótica miles de presos y, también, se crearía un vacio legal. Eso es absolutamente falso, este aspecto no es retroactivo y hay disposiciones que volverían a tener vigencia, las mismas que derogaron los artículos de la LUC que impugnamos.
Vayamos a los cuestionamientos desde el punto de vista conceptual. La propuesta de seguridad pública de la LUC obedece a una convicción ideológica de la coalición de derecha, no tiene ningún sustento técnico, ni está respaldada por ninguna experiencia. Al contrario.
Esta sección de la LUC ha sido aprobada contra todas las opiniones técnicas. Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UDELAR, dijo ante la Comisión que analizó la LUC en la Cámara de diputados, que dicho Instituto había expresado “su rechazo total al articulado que comprende los temas de seguridad y derecho penal”. “Los integrantes de nuestro instituto no son solo abogados defensores; (…) somos juristas, entre ellos, jueces penales, que opinan de igual manera, fiscales en materia penal, defensores públicos y defensores privados o de particular confianza. Las ideologías de esas personas son de todo tipo y color”, explicó.
Aller fue enfático en denunciar que “el principio rector de este proyecto de ley ha sido lo que podemos tildar como la construcción parcial, no en forma definitiva, de un Estado policial”.
La LUC es una propuesta apresurada e inconsulta, modifica el Código del Proceso Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Inteligencia, que llevaron años de debate y tuvieron un respaldo unánime del sistema político y lo hace sin discusión, imponiendo una visión ideológica sin sustento ninguno.
En la LUC lo que se expresa es el populismo penal o punitivo. Esta es una corriente de vieja data, consistente en instrumentalizar el reclamo de seguridad de la ciudadanía, para dar respuestas supuestamente simples a problemas que en realidad son complejos. Esto consiste en la creación de nuevos delitos, la transformación de lo que eran faltas en delitos y, por supuesto, el aumento de las penas y la desproporción de esos aumentos. Además, se genera una pérdida de garantías y la represión es la única respuesta, al delito y también al descontento o la protesta social. Es la descripción exacta de la LUC. En ningún lugar del mundo el populismo penal ha resuelto los problemas de la inseguridad ciudadana, al contrario, los ha agravado.
Aller, en su citada intervención, puso un ejemplo concreto sobre el primer artículo de la LUC: “Se establece un incremento de la legítima defensa inusitado, único en el mundo; me tomé la molestia de revisar todo lo que pude del derecho penal comparado y puedo decir que ningún Estado democrático tendría una legítima defensa como la uruguaya, en caso de que esta iniciativa se apruebe”. Podríamos repetir estas reflexiones con respecto a los delitos de agravio a la autoridad y resistencia al arresto. A la no distinción en el endurecimiento de penas entre el gran narcotráfico y el narco menudeo. Por ejemplo, que una mujer, en general obligada o presionada para realizar comercialización de estupefacientes en pequeña escala, se enfrente ahora a un mínimo de 4 años de prisión, mientras la violación se pena con 3 años y el abuso sexual con 2. La LUC aumenta las penas y restringe las posibilidades de rehabilitación. La LUC aumenta la discrecionalidad policial para la investigación, el arresto, el interrogatorio y la represión.
Y ahora, para terminar, retomemos la primera mentira. El delito bajó en el 2020 y en el 2021 en Uruguay, al igual que en todo el mundo, como resultado de la restricción de la movilidad debido a la pandemia. No se puede presentar esto como resultado de la LUC a no ser que se sostenga el ridículo de que esta ley tiene efectos planetarios.
La verdad es que la aplicación de la LUC ha llevado a que tengamos muy tristes récord. Tenemos récord en denuncias de abusos policiales; en cantidad de presos, más de 13 mil y también en muertes violentas en las cárceles. Pero, además, en enero y febrero de este 2022 tenemos récord de homicidios.
La LUC es una respuesta vieja y fracasada en todo el mundo a la inseguridad. Es una improvisación y una revancha ideológica. Es populismo puro. Lo único que trae es más violencia. Por eso hay que votar SI el 27 de marzo. Porque la LUC ya está fracasando, también en seguridad.
