“No hay un solo artículo que se refiera a la solución al déficit de vivienda que ya llega a 70.000 unidades”
Cualquiera podría imaginar que el Capítulo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) referido a vivienda intenta resolver el problema de la vivienda, sin embargo, no hay un solo artículo que se refiera a la solución real al déficit de vivienda en nuestro país que ya llega a 70.000 unidades habitacionales.
El alquiler sin garantía ya existe en el país antes de la LUC, lo que hace la LUC es incorporar en varios de sus artículos al mismo y darles plenas garantías a los grandes propietarios de inmuebles.
Del artículo 437 al 445 se refiere al tratamiento a los malos pagadores. Si el inquilino se retrasa 3 días en pagar el alquiler, se transforma en moroso y puede ser desalojado en 6 días. Para dejar de ser moroso se tiene que pagar en 6 días, la deuda más un recargo del 60%, como cancelación de los intereses, tributos y costos devengados.
También a los buenos pagadores, si finalizado el contrato no llegan a acuerdo con el propietario acerca del precio del alquiler, el desalojo se produce en 30 días, mientras que en el sistema vigente, está previsto en 6 meses o un año.
Como si esto fuera poco en la Ley de Alquileres vigente ningún propietario puede iniciar trámite de desalojo si mantiene deudas con el Estado, pero ahora la LUC habilita que aun teniendo deudas puede iniciar trámite de desalojo.
Desde el oficialismo, los defensores de la LUC plantean que mentimos y se niegan a discutir realmente acerca de lo que dicen efectivamente los artículos. Bien, invito al lector a que compruebe por sus propios medios, leyendo los artículos referidos. Y, con claridad, podrá observar quienes mienten.
Sin dudas la LUC en su conjunto está armada para la defensa a ultranza de los llamados “malla oro”. Aquí el inquilino queda desprovisto de todas las defensas posibles frente al desalojo que llamamos “exprés”.
No podemos ver la LUC sin analizar la coyuntura actual para la vivienda en el país.
¿A quiénes afecta la emergencia en vivienda?
Indudablemente que el déficit de viviendas, no lo padecen las familias con mayores ingresos, o las que cuentan con los recursos necesarios para proveerse de una vivienda adecuada. Como en toda la historia del país, los sectores más golpeados por las crisis y por las calamidades sociales o estructurales, son siempre los sectores populares, los trabajadores y trabajadoras, la población desocupada y la población jubilada.
Estos son los sectores que alimentan este déficit de vivienda y, seguramente, no pertenecen a la franja al sur de Avenida Italia en Montevideo, ni a los barrios de clase media alta y alta de nuestras ciudades. Este déficit sólo se revierte con una decisiva acción estatal en el sector de vivienda, pero no con declaraciones pomposas, sino con la asignación de los recursos económicos suficientes que garanticen la construcción de esas viviendas de verdadero interés social.
Ni los discursos pomposos, ni la buena voluntad política hacen bajar el déficit habitacional. Una buena política social es la que le cambia la calidad de vida a la gente, ya sea en vivienda, en salud o en educación. Por eso decimos que, si el Estado no se compromete con la asignación de un presupuesto que realmente garantice el acceso a la vivienda digna para los sectores populares, la situación de emergencia nacional en vivienda no va a cambiar.
Lamentablemente, este gobierno ha tomado la decisión de que sea el mercado el que regule la situación de la vivienda en nuestro país, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington y los acuerdos celebrados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No hay un solo país en el mundo donde el capital de la construcción o el capital inmobiliario hayan sido protagonistas en el combate al déficit de vivienda. Ninguno de esos sectores va a sacrificar su ganancia para construir una vivienda de calidad para los sectores populares.
El déficit cuantitativo de viviendas no puede solucionarse con viviendas de mala calidad, porque se estará haciendo crecer el déficit cualitativo de dentro de algunos años. No pueden considerarse soluciones que no tengan una mirada proyectiva, una mirada de futuro. Si hoy construyo con materiales de baja calidad, dentro de unos años voy a tener un aumento en el déficit cualitativo y hasta puedo tenerlo en el cuantitativo, también.
En suma
La situación en vivienda está llegando a niveles preocupantes, y si no se toman decisiones drásticas, la situación que es de emergencia, lejos de resolverse, seguirá profundizándose.
Hasta ahora el Estado ha permanecido indiferente a los aportes que hacemos las organizaciones sociales y populares, que somos las que estamos más cerca de los problemas de la gente, que son nuestros problemas.
Aseveramos que mediante los mecanismos de transferencia directa eliminamos la especulación de las empresas constructoras y de las inmobiliarias. Hacemos rendir cada peso que recibimos, invirtiéndolo en la mejora de la vivienda a construir y no en el enriquecimiento inescrupuloso del capitalista de turno. Volvemos a reafirmar con absoluta convicción: la vivienda es un derecho y no una mercancía.
A las organizaciones sociales y populares, se nos viene tratando como parte del problema y no de la solución. El mercado nunca va a ser el regulador de la situación de la vivienda. Para los grandes capitales, la satisfacción de las necesidades de la gente es una consecuencia indirecta de su enriquecimiento y del aumento de su ganancia; ese es el paradigma del neoliberalismo en su apuesta al mercado como regulador del déficit.
La emergencia en vivienda requiere soluciones significativas, decisiones osadas y una fuerte participación del Estado, como única garantía de que los recursos lleguen mayoritariamente a la población que la necesita y que no haya desviaciones hacia los sectores de mayores ingresos, aumentando las brechas y la concentración de la riqueza.
La emergencia en vivienda no resiste más dilatorias
Y para ello se trata de asumir soluciones a corto, mediano y largo plazo, para que el país cuente con una política de Estado y este debe de tener presente, y con claridad, cuáles son sus obligaciones.
Si definimos a la falta de vivienda como una “enfermedad social” debemos tener claro que como tal ataca a todas y todos los que no tienen capacidad de ahorro para acceder -vía mercado- a la vivienda. Es decir que ataca a los pobres. Y para lograr la “vacuna” frente a esta pandemia social, la misma debe contar con los siguientes componentes: La existencia de un Fondo Nacional de Vivienda para contar con la financiación necesaria desde el Estado.
Contar con una Cartera de Tierras a nivel nacional, que sea efectiva y que funcione realmente.
Darles prioridad a los programas de vivienda que a lo largo de la historia han demostrado un real funcionamiento y no que cada cinco años aparezcan siempre ideas “salvadoras” que jamás se concretan
Gustavo González, Secretario General de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutuas (FUCVAM)
