La Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero que fuera aprobada la pasada semana por la Asamblea Nacional de Venezuela, permitió que se resolviera que aquellos ciudadanos que se atribuyan representación del país para negociar los bienes nacionales ubicados en el extranjero o dentro del territorio nacional, le serán confiscados sus bienes.
De acuerdo al diario Últimas Noticias, en el artículo 13 de dicha ley se determinan las sanciones penales para quienes “usurpando o atribuyéndose la representación de la República o sus entidades, participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de Venezuela o sus entidades ubicadas en el extranjero o en el territorio nacional”.
La norma establece, además, que las personas que incurran en dichos hechos, “serán objeto del procedimiento de extinción de dominio”.
Este mecanismo, agrega el medio de prensa local, “implica la confiscación de los bienes, mediante un juicio donde la persona investigada debe probar la legitimidad de las propiedades que posee cuando el Ministerio Público sospeche que fueron adquiridos con dineros no muy santos”.
Si tal proceso de prueba no se realiza, se lee en la Ley, el juez podrá declarar “la extinción del dominio de ese o esos bienes y se los adjudicará al Estado”.
Para quienes participen de forma directa o indirecta en este tipo de acciones, la Ley para la Protección de los Activos “contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes participen directa o indirectamente en negociaciones o acuerdos sobre cualquier activo de Venezuela, asentado dentro o fuera del territorio, sin tener la representación legítima del país”.
La misma medida recaerá para quienes “ejecuten o colaboren en la ejecución de actos mediante los cuales se pretenda el desconocimiento de los poderes públicos del Estado con el propósito de simular la celebración de actos jurídicos mediante los cuales se afecten o pretendan afectar bienes de Venezuela”.
De hecho, se añade, dichas conductas serán calificadas “como actividades ilícitas de delincuencia organizada”.
