Al igual que pasó en todos los paises andinos, después de la pandemia de 2019, donde los gobiernos de derecha gobiernan contra los pueblos resurgen con más fuerza las protestas populares, que incluyen huelgas o paros por tiempo indeterminado.
El 13 de junio de 2022, el movimiento indígena ecuatoriano, nucleado en la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) retomó las movilizaciones en contra de la política neoliberal del presidente Guillermo Lasso. Las políticas impulsadas por el presidente banquero y multimillonario han traído un incremento importante de los combustibles, más de un 90 por ciento, de los alimentos y otros artículos de primera necesidad de la canasta básica.
El desmantelamiento y la falta de medicamentos en el sistema de Salud Pública, es otro de los grandes temas de la protesta, ya Paro Nacional, en Ecuador. A este panorama se suma la reducción del presupuesto a las universidades y el incumplimiento de la promesa de campaña de ingreso irrestricto a las casas de estudio.
Como si lo anterior no alcanzara, un veto presidencial a la ley y la resolución de la Corte Constitucional para permitir el aborto por violación es un componente demostrativo de la deriva autoritaria, y ha generado la incorporación de las militantes feministas al paro nacional.
El Paro hasta hoy tiene cerradas 84 carreteras, 6 personas han fallecido (5 civiles y 1 militar), hay 8 desaparecidos, más de 150 heridos y cientos de detenciones.
Una mesa de diálogo se instaló el lunes 27 junio, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, donde participaron los otros dos poderes del Estado, incluyendo el Ministro del Interior como representante del Ejecutivo, representantes de la Iglesia, organismos de DDHH y delegados de las organizaciones indígenas y sociales. La Mesa que se rompió el martes 28 de junio a las 14:00 horas. Esto ocurrió porque por cadena nacional el presidente Guillermo Lasso desconoció la legitimidad de los dirigentes sociales que estaban negociando y anunció que no continuaría con su delegado en la mesa de diálogo. Lasso en su discurso, en lugar del diálogo, pidió a los movilizados, que están en Quito y en las principales rutas del país desde hace días, retornar a sus provincias para “evitar actos de represión”, que, según anunció, se ejecutarían fuertemente si no se obedecía la “orden presidencial”.
Lasso por ahora sigue en la presidencia
El martes fue el pleno de la Asamblea (Parlamento) de Ecuador, para debatir la continuidad o la remoción de Guillermo Lasso, lo que requería el voto favorable de dos tercios de la Cámara.
Con 84 votos a favor, 42 votos en contra y 11 abstenciones, la votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada.
Las principales fuerzas políticas a favor de la salida de Lasso eran las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes), cercana al expresidente Rafael Correa; y un sector del movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la CONAIE. El movimiento Pachakutik tiene importantes diferencias internas.
Los voceros del gobierno han mencionado en los medios de comunicación que utilizarán todas las herramientas a su alcance para “volver a la normalidad” y sentenciar a los responsables de la “desestabilización nacional”, esto, de la mano con el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de que abrió 261 investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales en el contexto de las manifestaciones. El presidente Lasso y sus voceros acusan a los dirigentes de la CONAIE y del correísmo por una “desestabilización”.
Se incrementan las movilizaciones
El Paro se mantiene en Pichincha (provincia donde se encuentra capital, Quito) y su prefecta (alcaldesa) Paola Pabón, según el gobierno, es una de las principales instigadoras de la protesta. Indígenas de las provincias vecinas, Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur), se encuentran ya en Quito y vienen varias marchas desde distintas provincias hacia la capital ecuatoriana.
El principal componente social de la movilización son los indígenas, organizados en la CONAIE, que representan casi 2 millones de personas, acompañados del movimiento estudiantil afectado por el cobro en las Universidades, los trabajadores de las diferentes centrales sindicales y las mujeres de los movimientos feministas. El panorama actual es de incremento de la movilización y la represión.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la UNICEF, Amnistía Internacional, así como organizaciones políticas de América y Europa (el Frente Amplio y el PCU entre ellas), han enviado declaraciones, pidiendo el cese de la represión al gobierno de Lasso. Se han denunciado ataques permanentes a centros de paz y asistencia social, agresiones a niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, no solo las movilizadas, sino también contra habitantes de barrios populares, que han sido gaseados de manera desproporcional por las fuerzas públicas. Las denuncias nacionales e internacionales se concentran principalmente en la represión y muerte de manifestantes.
A pesar de la convulsión social que vive Ecuador, los principales medios de comunicación de ese país, en manos de la derecha, hacen silencio sobre los sucesos en la capital y centran su cobertura en las declaraciones del presidente Lasso. Los medios de los paises latinoamericanos y caribeños, hacen lo mismo.
Tras dos años de pandemia que ahondaron las desigualdades y con la memoria reciente del levantamiento de octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano, con su movimiento indígena, los obreros, los estudiantes, las mujeres, se moviliza por sus derechos por siglos postergados y como siempre la única respuesta de la derecha son la represión y la muerte.
Como en el resto del continente, y de la región andina en particular, los pueblos triunfarán más temprano que tarde.
Rony Corbo
