Una investigación sobre los directores de Google y Telegram en Brasil ha sido solicitado por la Procuraduría General de Brasil.
El pedido de investigación ha sido presentado al Tribunal Supremo Federal y en la petición corresponde a un pedido realizado por el presidente de la Cámara de Diputados.
El pedido se propone indagar, consigna la agencia Sputnik, «a los directores de Google y Telegram en Brasil que hayan participado en la campaña de desinformación contra el proyecto de ley de las fake news».
El solicitante realizó un informe a la Fiscalía donde asveró “que las dos empresas están realizando una «contundente y abusiva acción» contra la aprobación de esa ley”.
El medio de prensa recuerda que ya la pasada semana, este juez «amenazó con suspender el uso de Telegram en Brasil durante 72 horas si la empresa no daba marcha atrás y retiraba un mensaje a sus usuarios en que difundía bulos sobre el proyecto de ley.”
En el caso de Google, este fue «obligado por el Gobierno a calificar como publicidad un mensaje que colocó en la página principal de su buscador”, donde advierte “a los usuarios de que la aprobación de la ley sería perjudicial para sus intereses y la libertad en internet”.
De acuerdo al pedido de la Fiscalía, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que estas empresas “actúan para resguardar sus intereses económicos” y para ello «han usado toda suerte de artificios en una sórdida campaña de desinformación, manipulación e intimidación, aprovechándose de su posición hegemónica en el mercado».
Este accionar puede ser considerado por la Cámara de Diputados como un “delito contra las instituciones democráticas, contra el orden, las relaciones de consumo y contra la economía”.
El proyecto de ley que se discute en el país, explica la agencia de noticias, se propone regular tanto sobre las fake news, como sobre el uso “de las redes sociales para evitar la desinformación y los discursos de odio·,
El proyecto, en cuestión preveía votarse “en la Cámara de Diputados,” aunque finalmente se retiró debido a que el Gobierno consideró “que aún no tenía garantizados los votos suficientes para que saliera adelante”.
