“Si a usted le interesa el bienestar de los demás y la desigualdad le genera malestar dígale Sí a la anulación de esta regla fiscal»
La pregunta del título puede responderse desde varios ángulos. A continuación, analizamos las razones por las cuales consideramos fundamental la anulación de la Regla Fiscal (RF) presente en la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Si uno sólo pensara en el interés propio, los artículos del 207 al 212, sometidos a Referéndum el 27 de marzo, difícilmente lo beneficien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, proponen un tope al crecimiento del gasto público anual vinculado con el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, se fija un techo a la tasa de crecimiento del gasto público igual a la tasa de crecimiento del PIB de largo plazo. Para 2020 y 2021 el tope se fijó en 2,3% anual, y el 15 de febrero de 2022, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció que ese techo sería más bajo para los próximos años (2,1%).
¿Cómo repercute el gasto público en una persona? Lo hace de varias maneras, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Si es un trabajador del sector público (una maestra, un policía, una enfermera del Maciel), implicará que indirectamente le están poniendo un tope al crecimiento de sus salarios. A la prueba está que el salario real del sector público cayó 3,3% entre enero de 2020 y enero de 2022. Es decir, una de las formas más sencillas de cumplir con el tope es achicar el gasto público vía salario de los funcionarios.
¿Y si usted fuera un trabajador privado acaso esto no le afecta en nada? Claro que le afecta, dado que la dinámica salarial es global, y, si bien las pautas de ajustes son distintas para ambos grupos de trabajadores, tanto el salario del sector público como el del sector privado suelen tener tendencias similares. Los datos muestran que, en el caso de los trabajadores privados, el salario real cayó un 3,7% entre enero de 2020 y enero de 2022.
¿Y si usted fuera un jubilado, entonces no debería de preocuparse? Por supuesto que sí. Las jubilaciones en Uruguay se ajustan según la evolución del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). En otras palabras, lo que pase con el salario impacta en lo que reciba como jubilación. Si los salarios reales caen, su jubilación también lo hará. Los datos indican que en el año 2022 las pasividades reales se ubicarán en el nivel que tenían en el 2017 (un retroceso de 5 años).
La caída de las jubilaciones tiene un notorio impacto en el gasto público y es una herramienta fundamental para contenerlo y cumplir con el tope de aumento fijado en la LUC. De hecho, el no aumento diferenciado para las jubilaciones mínimas, implicó que el gobierno destinara 30 millones de dólares menos a las pasividades.
¿Y si usted viviera en un hogar que recibe la Asignación Familiar del Plan de Equidad (AFAM-PE)? Entonces también debería votar Sí para anular esta regla, pues las AFAM-PE forman parte de los egresos del Gobierno Central-BPS. Otra de las maneras con las que cuenta el gobierno para cumplir con el tope es reducir las transferencias y, de hecho, tiene pensado hacerlo. La Rendición de Cuentas del 2020 indica que las transferencias pasarían de pesar el 9% del PIB en el 2020 a 7,9% en el 2024. Esto sin dudas, restringirá las posibilidades de bienestar de los sectores más vulnerables.
Supongamos ahora que usted está preocupado por las finanzas del país a nivel macroeconómico, (lo cual compartimos) y que considera que el gasto no debería aumentar de forma descontrolada pues pondría en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas (lo cual también compartimos). Probablemente usted creía que era necesario la implementación de una RF, pues de lo contrario el gobierno continuaría actuando con discrecionalidad. Pues permítame decirle que en ese caso también debería votar que Sí. ¿Por qué? Porque si usted es un verdadero defensor de las RF podrá apreciar que lo que está en los artículos 207 a 212 no cumple con varios requisitos y, por lo tanto, sería más sano arrancar la discusión nuevamente, dándose el tiempo necesario para un debate fundado, amplio, con participación ciudadana y basado en evidencia.
Esta RF no cumple con el requisito de simplicidad, lo cual está asociado al grado de transparencia y de credibilidad. Lo que sucede es que además de imponer un tope al crecimiento del gasto público, fija una meta indicativa del déficit fiscal estructural. Esta es una variable abstracta, no observable en la práctica, dado que se asocia a la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB y, por lo tanto, su resultado depende de la metodología que se aplique para estimarlo. La diversidad de metodologías existentes, los distintos niveles de robustez de los procedimientos de estimación, y la opacidad con la que se ha movido el gobierno, no compartiendo los datos para que los analistas privados repliquen los cálculos, hacen que la propuesta carezca de claridad y la transparencia brille por su ausencia.
Además, la estimación del PIB potencial sufre revisiones a lo largo del tiempo, y en épocas de crisis mundiales estos cálculos suelen ser muchísimo más complejas. Luego de un shock tremendamente negativo como fue la pandemia, las estimaciones del PIB de largo plazo suelen adaptarse a la baja y esto provoca que el ajuste fiscal sea mayor al que previamente se creía. Así, se opta por reducir el gasto público en tiempos donde debería aumentarse. Los debates sobre estas estimaciones están actualmente muy latentes. De hecho, Heimberger (2020) sugiere dejar atrás todos los cálculos del PIB potencial realizados antes de la pandemia. No parece sensato cimentar las bases de nuestra política fiscal en una variable que tiene muchísimo ruido, que genera intensos debates a nivel internacional y cuyo procedimiento de estimación por parte del gobierno sigue siendo opaco.
La RF de la LUC tampoco cumple con el atributo de flexibilidad, dado que no especifica ninguna cláusula de escape (de hecho, se empieza aplicar en plena pandemia, cuando la enorme mayoría de los países dejaron sin efecto sus RF), ni se prevé cuáles serían las vías de regreso en caso de que se desborden los límites establecidos. En este sentido, la LUC da luz verde al Ejecutivo para violar la RF cuantas veces quiera, dado que no establece ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento, ni tampoco se articula cómo intervendría el Legislativo (si es que lo hiciera). De esta manera, los mecanismos de control y exigibilidad con los que cuenta la ciudadanía se ven notoriamente menguados.
Podría pasar también que usted fuera un defensor de la independencia de los Consejos Fiscales y que, por lo tanto, viera con buenos ojos el Artículo 210 que crea el Comité de Expertos y el Consejo Fiscal Asesor. Sin embargo, la designación de sus integraciones está a cargo del Ejecutivo. Esto va en contra de la deseable independencia política de las nuevas instituciones, menoscabando la credibilidad e introduciendo un elemento de debilidad en la institucionalidad fiscal que se pretende fortalecer.
Finalmente, si a usted también le preocupa el bienestar de otras personas, en particular, las más vulnerables, también debería votar Sí para anular esta RF ya que la misma contribuye al aumento de la desigualdad. Como se expresó previamente, esta regla implica una caída notoria en el peso de las transferencias dentro del gasto público, pero no establece nada del lado de los ingresos del gobierno. Es decir, se opta por achicar el gasto y simultáneamente no poner impuestos a las clases dominantes, que en estos dos años aumentaron su patrimonio sustancialmente y podrían haber contribuido a la reducción del déficit fiscal. De esta manera, la brecha entre ricos y pobres se acrecienta.
Por eso, este 27 de marzo contamos con la oportunidad de ejercer un mecanismo de control, si usted considera que las reglas son importantes y deben estar bien diseñadas para que funcionen, si a usted le interesa el bienestar de los demás y la desigualdad le genera malestar e incluso si solo piensa en su bienestar personal, no lo dude, dígale Sí a la anulación de esta regla fiscal.
Federico Araya, Economista, asesor del senador, de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Óscar Andrade.
