El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G. y la Asociación Gremial de Psicólogos/as Educacionales de Chile emitieron una declaración conjunta en la que expresan “su profunda preocupación frente al anuncio del Gobierno de ingresar proyectos de ley que contemplan, entre otras medidas, la revisión de mochilas y pertenencias, sanciones agravadas por la interrupción de clases, inhabilidad para acceder a la gratuidad en educación superior ante determinadas condenas, y la exigencia de que estudiantes asistan “a rostro descubierto” a los establecimientos educacionales”. Las iniciativas del gobierno, se producen como respuesta “a hechos gravísimos de violencia ocurridos en centros educativos del país, incluyendo el reciente asesinato de una inspectora en Calama y múltiples amenazas que han derivado en suspensión de clases”, informó el portal de noticias KaosenlaRed.
Los y las psicólogos chilenos reconocen en su declaración “la legítima preocupación de la comunidad educativa por garantizar espacios escolares seguros y libres de violencia”.
Sin embargo, advierten, las medidas propuestas están “centradas casi exclusivamente en el control, la vigilancia y el castigo”, por lo que se corre “el serio riesgo de vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tales como su derecho a la intimidad, a la no discriminación, a la educación y a participar en la vida escolar sin estigmatización ni criminalización”.
Para estos profesionales, “la revisión de mochilas y pertenencias, la ampliación de facultades punitivas, así como la prohibición amplia de elementos que cubran el rostro, pueden instalar climas de sospecha permanente, aumentar la tensión en las relaciones escolares y erosionar la confianza indispensable para cualquier proceso pedagógico significativo”.
En su declaración, las y los psicólogos chilenos expresan especial preocupación por la falta de evidencia científica sobre la que se sustentan algunas de las medidas propuestas para “la prevención de la violencia escolar”.
“La literatura en el ámbito psicosocial y educativo ha mostrado de manera consistente que las estrategias centradas en el control punitivo no solo son limitadas en su impacto, sino que pueden incrementar el malestar subjetivo, el sentimiento de injusticia y la desconexión con la comunidad educativa, factores que, lejos de prevenir, pueden profundizar las conductas de riesgo en adolescentes”, alertan.
“Desde una perspectiva de salud mental y derechos humanos”, agregan, “preocupa especialmente que se prometa “mayor seguridad” a través de respuestas centradas en la lógica penal y en la exclusión, como la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria ante determinadas condenas, trasladando a la trayectoria educativa sanciones que debieran ser analizadas con criterios de reinserción y reparación, no de castigo adicional”.
Para los profesionales, dichas estrategias “invisibilizan las causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precarización de las condiciones educativas y la falta de recursos para equipos psicosociales y programas integrales de convivencia”.
Consideran, además, que de acuerdo a “los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la niñez y adolescencia (…) las respuestas del Estado ante la violencia en contextos educativos deben priorizar medidas preventivas, formativas y restaurativas por sobre las meramente represivas”.
Para ello, señalan, es prioritario “fortalecer los equipos de convivencia y salud mental en las escuelas, asegurar programas de apoyo socioemocional para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipos directivos, y promover dispositivos de mediación, justicia restaurativa y participación activa de la comunidad escolar”.
Enfatizan “que la convivencia educativa es una responsabilidad compartida, que involucra no solo a estudiantes, sino también a sus familias, docentes y asistentes de la educación, quienes tienen el derecho y el deber de participar en la construcción de comunidades educativas respetuosas, seguras y democráticas”, por lo que la ausencia de esta participación efectiva, deriva en que las políticas corran “el riesgo de carecer de legitimidad” e “impacto real en los territorios educativos”.
En atención a todo ello, realizan un llamado al Poder Ejecutivo y al Parlamento “a abrir un diálogo amplio y vinculante con las comunidades escolares, las disciplinas especializadas en salud mental y educación, y las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, antes de avanzar en reformas legales que puedan generar más daño que protección”, poniéndose “a disposición para colaborar en el diseño e implementación de políticas públicas que, lejos de criminalizar a las y los estudiantes, pongan en el centro su dignidad, su bienestar psíquico y emocional, y su derecho a una educación segura, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”.
