En rechazo a los aumentos de precios de las tarifas eléctricas residenciales en Puerto Rico cientos de manifestantes se lanzaron a las calles denunciando que los precios que se les cobra “son doblemente más caros que en el territorio continental estadounidense”.
De acuerdo a Telesur, entre los manifestantes, se encontraban “líderes religiosos, intelectuales, economistas, profesores y jubilados”, quienes la pasada jornada se lanzaron a las calles “para protestar contra una propuesta de aumentar las facturas de la electricidad”.
La medida de aumento, se detalla por la agencia de prensa, se da “en medio de una crisis de pago por las altas tarifas impuestas”.
Los manifestantes marcharon rumbo a la casa del gobernador y una vez allí “izaron banderas puertorriqueñas y enarbolaron letreros” donde se advertía “que un aumento en las cuentas de la energía eléctrica complicaría aún más la insostenible situación alrededor al costo de vida en la isla”.
Los datos aportados, reseña Telesur, por la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos, indican que “los precios del servicio eléctrico residencial en Puerto Rico son doblemente más caros que en el territorio continental estadounidense, mientras que las tarifas industriales y comerciales sobrepasan esa ya inflada cuota”.
“Mientras más incrementos en el costo de energía, menos dinero tiene la familia para subsistir, y no todo el mundo tiene dinero para colocar un sistema solar”, denunció la reverenda Lizzette Gabriel, líder religiosa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico.
Las tensiones por la cuestión de la energia en Puerto, explica el medio de prensa, obedece no solo a “que más del 40 por ciento de los puertorriqueños viven por debajo del umbral de la pobreza, sino por los continuos apagones provocados por una red eléctrica en pésimo estado” y “sin mantenimiento desde el huracán María en 2017”.
“Es inconcebible que el pueblo, incluyendo a las poblaciones marginadas y en mayor desventaja económica, tenga que asumir este costo por un servicio de calidad muy cuestionable”, denunció Cristina Miranda Palacios, directora general de la organización de activismo Liga de Ciudades de Puerto Rico.
