Pablo Da Rocha (*)
El 15 de octubre ANCAP celebró su 90 aniversario con un acto oficial en el Polo Industrial de Capurro. En la actividad se destacó la importancia de ANCAP, por cierto, pero no faltaron referencias en torno a su futuro.
El presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stipanicic, subrayó entre otros aspectos, la necesidad de una transición energética: “es el desafío más importante que tiene la empresa. (…) en el futuro va a tener que adaptarse al nuevo mundo que abandona la energía fósil”.
Sin embargo, en la opinión pública se ha instalado deliberadamente por parte del gobierno, desde el lanzamiento de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la intención de privatizar el ente.
La mercantilización de ANCAP supone avanzar en su pretendida privatización, de igual modo que se está haciendo con el Puerto de Montevideo. A esta altura resulta lamentable que a pesar de la contribución histórica de ANCAP a la industria nacional, se pretenda, bajo la falsa excusa de la “libre competencia”, que con la desmonopolización de los combustibles se logren mejores incentivos para la eficiencia económica; cuando resulta evidente para cualquier análisis económico que el resultado más esperado es que se constituya un monopolio privado; con las consecuencias habituales de restricción de acceso y abuso de precios.
No hay dudas que el futuro de ANCAP supone grandes desafíos para avanzar hacia una nueva matriz energética que tenga en cuenta el impacto ambiental; por lo tanto, la perspectiva es hacia la descarbonización de la economía, hacia el uso del hidrógeno verde en el largo plazo. No obstante, se trata de un proceso de tránsito con preguntas, aún sin responder. Por ejemplo: ¿Qué rol va a jugar ANCAP? ¿Será como empresa pública? Creemos y defenderemos que sea así.
Mientras tanto, el mundo en general y nuestra industria nacional en particular, siguen dependiendo fuertemente del combustible fósil. De acuerdo a un informe de la ONU los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial. El petróleo es responsable de aproximadamente 2,5% del PIB mundial, y representa un tercio del suministro de energía primaria. Por su parte, a escala nacional la incidencia de ANCAP sobre la producción nacional (PIB) es significativa, ronda un 0,8 % del PIB total.
Por si fuera poco, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares (ENGIH) realizada en 2016/2017, los hogares uruguayos destinan aproximadamente 13% de sus ingresos al consumo de bienes y servicios públicos, de los cuales el gasto en combustible representa aproximadamente 35%, en su mayoría “Nafta”.
En medio de esta discusión, FANCAP, el sindicato de ANCAP, presentó una propuesta de rebaja del precio de los combustibles, con el fin de dar respuesta a los reclamos de los pequeños y medianos productores de nuestro país, y de la población en general.
La propuesta de FANCAP está en franca oposición a lo que se promueve desde el gobierno. Debe tenerse en cuenta que la política de tarifas de combustible implícitamente contiene aspectos de la política económica y social. En función de esto existe un debate de fondo, no solo referido al precio del combustible, sino también a cómo se fija el precio: ¿Con qué criterio y a los efectos de qué?
En la propuesta de FANCAP se sostiene que la política tarifaria supera cualquier análisis o regla técnica, ya que siempre se terminará imponiendo la discrecionalidad política. De eso se trata ser una empresa pública, contar con la “facultad” de poder trascender los aspectos netamente técnicos-económicos para brindar un servicio de enorme sentido social, desprendiéndose total o parcialmente de las “leyes de mercado”, para asegurar la accesibilidad. No obstante, más allá de ello, en nuestro país, dada la estructura tarifaria vigente, existe margen para abaratar el precio de los combustibles.
La propuesta de FANCAP permite abaratar el precio del gasoil 50S en aproximadamente 30%, llevándolo de 49,95 pesos por litro -valores de octubre- a 35,60; y una reducción del precio de la nafta súper en el orden de 20%, pasando de 70,41 pesos por litro a 56,34. Atendiendo dos objetivos concretos: la demanda de los pequeños y medianos productores, en la medida que el gasoil constituye uno de sus principales costos de producción; y el bolsillo de los uruguayos dada la incidencia de los combustibles en su gasto cotidiano.
La propuesta supone la sustitución total o parcial de algunos de los ítems que componen el precio del combustible, fundamentalmente, impuestos. El principal componente del precio es exógeno, son los costos internos de ANCAP -fundamentalmente el petróleo-. Por lo tanto, el margen si bien es acotado es posible. Indudablemente, eliminar la carga impositiva en el combustible, supone la caída de la recaudación por esta vía, implicaría una renuncia fiscal del orden de 560 millones de dólares. Por lo tanto, para no afectar la recaudación del Estado, corresponde obtener nuevas fuentes de financiamiento para “equiparar” el costo asociado a la caída de la recaudación por esta vía. ¿Es posible?
La propuesta de FANCAP, tiene varias ideas, una de ellas es eliminar parcial o totalmente algunas exoneraciones impositivas, cuyo monto es estimado en informes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. En uno de ellos se da cuenta que solo en lo que refiere a impuestos sobre la Propiedad (Impuesto al Patrimonio y Primaria) y sobre las Transferencias (ITP) se “renunció” a aproximadamente 600 millones de dólares. En el año 2020 la recaudación total fue de 10.500 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 20% del PIB. En lo que respecta a la recaudación de los impuestos sobre la Propiedad representaron en 2020, 6,4% de la recaudación total, es decir, cerca de 700 millones de dólares. Por lo tanto, prácticamente se deja de recaudar la mitad de lo que potencialmente está previsto, que serían 1.300 millones de dólares. Es decir, es posible.
Por lo tanto, se propone para “financiar” la rebaja alentar las medidas que nuestra central sindical, el PIT-CNT, ha venido proponiendo desde hace años, sobre el enfoque de justicia distributiva “que paguen más, quienes tiene más”, es decir, en función de su capacidad contributiva. En ese sentido, se proponen aumentos en el Impuesto al Patrimonio y en el IRAE; como así también, eliminar y/o modificar el actual esquema de exoneraciones impositivas; por último, y en virtud de los “ganadores y perdedores” que dejó la pandemia, que los “ganadores” vinculados fundamentalmente al sector agroexportador aporten; también gravar los depósitos en el exterior.
Dicho de otro modo, “la implementación de alguna de las medidas que aquí se presentan superan por lejos los requerimientos de financiamiento de la rebaja del precio de los combustibles sin que ello, implique caída en la recaudación o afectación en la política de subsidio al boleto de transporte de pasajeros”, afirma la propuesta de FANCAP. En todo caso, alienten la actividad productiva nacional; y por qué no, generen dinámicas que permitan la progresiva y necesaria transición energética amigable con el medio ambiente.
Incluso, en cualquier caso, se trata de propuestas de modificación tributaria tendientes a mejorar la distribución de la carga fiscal, haciéndola más progresiva, eliminando la importancia relativa de los impuestos indirectos; incorporando más equidad horizontal y vertical; redundando, por cierto, en una mejora en los niveles de recaudación.
Dar una respuesta al debate que se ha instalado, permite la construcción colectiva del Uruguay que queremos y necesitamos. Desde que asumió el nuevo gobierno, el precio de petróleo -medido en dólares- se incrementó 11,5%. Es decir, que los combustibles subieron casi el doble que lo que subió el petróleo. Es cierto que el tipo de cambio se incrementó un 14% y, por lo tanto, medido en moneda nacional, el precio del petróleo subió un 27%. Sin embargo, no hay que perder de vista que la suba del tipo de cambio ha sido una política llevada adelante por el gobierno para favorecer a los sectores de la oligarquía agropecuaria.
Además, los salarios, que son la fuente de ingresos de la enorme mayoría de la población, no solo han perdido poder de compra en términos de combustibles, sino que también lo han hecho en términos de dólares. En fuerte contraste, durante todos los períodos de gobierno del Frente Amplio, los precios de los combustibles tuvieron una evolución decreciente a precios constantes. Esto es, evolucionaron por debajo del Índice de Precios al Consumo (inflación), y muy por debajo del Índice Medio de Salarios.
(*) Economista del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de “Valor!!”.
