A través de un comunicado oficial el gobierno venezolano rechazó la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto al recurso de apelación que presentara “contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad”.
El texto, considera que la decisión de la CPI es infundada y “motivada por intereses políticos”.
Para el gobierno venezolano existe “la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”, fundando este accionar en falsas “acusaciones de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han tenido lugar en Venezuela”.
“El caso contra Venezuela” en el organismo internacional, recuerda teleSUR, data de 2018, “cuando expresidentes del Grupo de Lima denunciaron al país en relación a los acontecimientos de 2014 y 2017”.
En esos acontecimientos las fuerzas de seguridad venezolanas intervinieron ante lo que se consideró “intentos de desestabilización política” que provocaron “escenarios de violencia y ruptura del orden público”.
Para Venezuela, “las acusaciones están viciadas por irregularidades” ya que el país fue notificado “del procedimiento legal dos años después de haberse iniciado”.
Junto a ello, al gobierno venezolano “no se le ha facilitado información precisa de los incidentes en investigación”, dificultándole el “legítimo derecho a la defensa”.
En contraposición a estas irregularidades, el gobierno venezolano cooperó con el organismo “entregando toda la información solicitada”.
Para Venezuela, “tanto la CPI como voceros de la oposición venezolana extremista han manipulado la cifra de víctimas, llegando a hablar de miles cuando la lista ha estado llena de inconsistencias”.
La respuesta dada por Venezuela a las acusaciones, han “desmentido con claridad los señalamientos en su contra colaborando activamente con la CPI y proporcionando evidencia y argumentos sólidos en su defensa”, sin embargo el organismo consideró apenas el 20% de la información suministrada desde Caracas.
En declaraciones recientes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció lo que calificó como vergonzosa implicación de la CPI “en actos irregulares contra Venezuela, justo cuando Palestina está siendo víctima de verdaderos crímenes de lesa humanidad, sin precedentes en la historia moderna, por parte del Estado invasor de Israel, con respaldo estadounidense y europeo”.
“No existe la justicia internacional para más de 30 mil personas asesinadas. De ellos más de la mitad son niños y niñas, 20% son mujeres. Asesinan el futuro de Palestina frente a la mirada cómplice de estos órganos de justicia internacional”, denunció Rodríguez que ratificó que su gobierno seguirá trabajando con la fiscalía de la CPI “para fortalecer las instituciones del Estado”.
