Las reformas penales impulsadas por el gobierno salvadoreño encabezado por Nayib Bukele fueron denunciadas como “anticiudadanas”.
Para la organización de derechos humanos Cristosal, “la aplicación del régimen de excepción ha conllevado la violación a derechos constitucionales que no estaban suspendidos”.
En un informe de la organización titulado “La excepción se volvió la norma. Una mirada a las reformas penales y su impacto en las garantías ciudadanas” se denuncia que la mayoría de las modificaciones propuestas por el gobierno “son contrarias a estándares universales”.
Cristosal, subraya en su informe que como consecuencia de las reformas que se impulsan desde el Ejecutivo salvadoreño, habrá “retrocesos a la forma en que había evolucionado el derecho penal en El Salvador desde la década de los noventa, pero que ha sido revertida gradualmente por el populismo punitivo”.
El documento de la organización, analizó, informó teleSUR, “30 decretos legislativos que han modificado leyes en el campo penal, la mayoría en el contexto del régimen, y las cuales han posibilitado aspectos como la ampliación del período de detención provisional, las audiencias masivas y el surgimiento de los jueces sin rostro, entre otros factores”.
“La aplicación del régimen de excepción”, se denuncia, “ha conllevado la violación a derechos constitucionales que no estaban suspendidos (presunción de inocencia, inviolabilidad de la morada, derecho a la detención legal y a la vida e integridad física)”, llevando incluso a que actualmente el sistema penal trate “a los menores como adultos”, al incorporar “como medida cautelar la detención provisional”, algo que solo era aplicado anteriormente a los adultos.
