Por vigésima segunda vez, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó el martes la extensión del “estado de excepción”.
La medida renueva la suspensión de las garantías constitucionales durante 30 días, en un momento en que el país avanza hacia las elecciones presidenciales que dan como favorito al impulsor inicial del “estado de excepción”, Nayib Bukele.
La medida, recuerda teleSUR, fue aprobada por primera vez en marzo de 2022 como parte del programa de Buklee para combatir la “escalada de los asesinatos atribuida a bandas criminales”.
La extensión aprobada el martes entra “en vigencia el viernes próximo, previo a su publicación en el Diario Oficial, y durará hasta el 10 de febrero”.
Según declaró a la prensa el presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, afirmó “que la idea de que este régimen era una amenaza para la oposición o propaganda oficialista era es una percepción que solo los delincuentes tienen».
En contra de la renovación votó la representante del partido opositor Vamos, Claudia Ortiz, quien consideró que la ampliación votada del régimen de excepción “no es una política de seguridad, es la suspensión de los derechos fundamentales de los salvadoreños y esa diferencia hay que marcarla bien».
Ortíz reconoció que si bien muchos “muchos de pandilleros han sido capturados”, también es cierto “que muchas personas inocentes han sido capturadas y cientos de personas inocentes han muerto bajo custodia del Estado».
«Es cierto”, agregó, “que ahora se aprecia un poco más de seguridad, pero también es cierto que autoridades del Gobierno liberaron a un pandillero y permitieron que escapara a México, esto también es cierto».
De igual forma no dudó en señalar que bajo el estado de excepción no se respetaban «los procesos en los tribunales”, por lo que cualquier persona puede quedar detenida “fácilmente, siendo inocente” o “desaparecida dentro de un centro penitenciario, esto también es cierto», enfatizó.
Desde la aprobación inicial de la medida y de acuerdo a datos oficiales, más de 75.100 personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a grupos criminales.
Las detenciones han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos del país que denuncian que más 6000 personas han sido víctimas de abusos, detenciones arbitrarias, torturas, registros sin orden judicial y falta de comunicación con los detenidos
