Durante cerca de tres semanas las fuerzas políticas de la derecha cruceña han demandado que el resto de los departamentos se unan a la medida de fuerza impulsada contra el gobierno de Luis Arce.
Como parte de os actos violentos realizados por la derecha en Santa Cruz varias personas han sido detenidas y ahora el denominado comité cívico del departamento decidió mantener la medida de paro y dio al gobierno nacional un plazo de 72 horas para la liberación de los detenidos por los hechos de violencia acontecidos.
Las acciones de la derecha boliviana han sido denunciadas por el presidente de Bolivia que afirmó que las acciones de violencia son realizadas por ciudadanos que “se creen dueños de territorios”, a pesar de no contar con el respaldo popular.
Como consecuencia de estas acciones, hasta la fecha, cuatro personas han muerto y se reportan varios heridos y al menos 15 detenidos.
Según consignó Página 12, “el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, un conglomerado civil y empresarial de derecha” otorgó “un plazo de 72 horas al gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos”.
Demandan, además, “una ley que garantice que el censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplique antes de las elecciones de 2025”.
El ultimátum al gobierno de Luis Arce fue dado en mensaje grabado desde su casa, por el presidente Rómulo Calvo quien cumple detención domiciliaria.
“Le dijimos al gobierno que estamos dispuestos, en 72 horas, a iniciar el trámite de revisión de nuestra relación con el Estado boliviano porque no escucha, porque nos tiene aislados, porque nos somete, porque nos castiga”, declaró Calvo.
De igual forma, Calvo dio “tres días a los otros ocho departamentos del país para que se unan formalmente al reclamo de Santa Cruz” y anunció que, de no hacerlo, la región de Santa Cruz “asumirá sus propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan” en ese departamento.
Como contrapartida a estas exigencias, desde la Central Obrera Boliviana (COB), se respondió que daban 72 horas de plazo a los “promotores del separatismo” para que abandonen el país.
De acuerdo al medio argentino, “el secretario ejecutivo de la institución, Juan Carlos Huarachi, acusó a la ultraderecha (…) de intentar dividir el país a través de la demanda por el censo en 2023.
“Estamos indignados con estos croatas, yugoslavos que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, los que hemos construido Santa Cruz, los que hemos aportado para el desarrollo y ahora recibimos discriminación, racismo, difamación, violencia, asesinatos”, reclamó Huarachi.
En sus declaraciones, el líder sindical insistió en que se conforme “una comisión de fiscales que investigue a los autores intelectuales de los ataques a la Federación de Campesinos y la Central Obrera Departamental”.
El mandatario boliviano, por su parte afirmó que “la derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no puede ganar en las urnas”.
“Es inadmisible que pretendan ahora levantar la cabeza cuando no tienen el apoyo popular, cuando han demostrado que ha sido un desgobierno de la derecha el que ha sufrido el pueblo boliviano durante cerca de un año”, dijo Arce quien insistió en afirmar que había “ciertas personas que se creen dueños de territorios y de hacer todo lo que quieran, pero en el oriente y en occidente va a haber Túpac Katari“.
Los actos de violencia ocurridos este fin de semana fueron repudiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo instó Estado para que se investigue “con enfoque de género étnico-racial”, las violentas acciones contra el personal y usuarias de Casa de la Mujer, y el incendio de la Central Obrera.
De igual forma, la CIDH “instó a los manifestantes a evitar todo acto de violencia” y pidió “a la sociedad a emprender un diálogo efectivo”.
