El reconocimiento universitario que definió el ministerio de de Educación y Cultura para los egresados de carreras de formación docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a partir de una prueba dio lugar a una resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).
De acuerdo al documento, “ante la política de acreditación impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura, que implica que el reconocimiento universitario de estos egresados se efectúe a partir de una prueba de algunos conocimientos y habilidades”, se impone “la necesidad nacional y la importancia estratégica de avanzar hacia una formación en educación pública y universitaria, que implique un salto cualitativo en la preparación de los cuadros docentes y de educadores del país”
Para el CDC el actual mecanismo de acreditación no cumple con dicho standar.
Para Udelar “existe un desarrollo histórico institucional de la formación docente en el ámbito público” que valida al Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP a expedir “títulos terciarios con equivalencia universitaria”.
En ese sentido, ser recuerda que el CFE “ha hecho el esfuerzo de ir incorporando en sus planes la articulación de la enseñanza, la investigación y extensión, así como la cooperación interinstitucional con la Udelar para el desarrollo de posgrados”.
“La Ley General de Educación No. 18.437 (2008) contenía la creación de un Instituto Universitario de Educación el cual fue eliminado en la Ley de Urgente Consideración No. 19.889 (2020) y sustituido por un procedimiento de acreditación universitaria por el que el MEC se atribuye la expedición de títulos, asumiendo una potestad que formalmente no le compete”, reza el texto del CDC, recuerda la resolución del CDC que detalla que ese “procedimiento” que hoy se lleva adelante “fue confeccionado sin la respectiva consulta a las entidades públicas con competencia en la materia (ANEP y Udelar)”.
Tanto “el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) a quien se le encarga la prueba no tiene potestades para realizar un examen de esa naturaleza y que las características y rigurosidad de las pruebas contratadas generan dudas”, se lee en la resolución.
“El carácter universitario en la formación en educación”, se enfatiza, “está dado por una institucionalidad efectivamente universitaria, por la articulación de las funciones sustantivas de investigación, extensión y enseñanza, por el desarrollo de posgrados, por el desarrollo del pensamiento crítico en el trabajo riguroso y sistemático en la búsqueda de justicia social y en cooperación con las comunidades académicas nacionales e internacionales”.
Finalmente la resolución señala que “el Consejo Directivo Central expresa su preocupación por dicha política de acreditación que no soluciona los importantes y urgentes desafíos que el país tiene en esta materia, desvaloriza la formación docente universitaria y proyecta efectos negativos en la educación pública en particular y en la sociedad civil en general”.
