Paola Beltrán
El asesinato de un trabajador, guardia de seguridad, para robarle su moto y luego el incendio de su cuerpo en la caseta donde desarrollaba sus tareas, conmocionó a la población en general y en particular a sus compañeros. La brutalidad del asesinato dejó al descubierto, una vez más, la precariedad con que estos trabajadores salen a ganarse el pan en un rubro de alto riesgo.
En conferencia de prensa, el mismo día del asesinato del trabajador, la UNATRASE (Sindicato que nuclea a los trabajadores guardias de seguridad) dependientes de FUECYS, informaron que llevarían adelante un paro de 24 hs y solicitaron ser atendidos por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Inseguridad en el trabajo
En la conferencia de prensa, Juan del Valle, Secretario General del Sindicato, manifestó, en relación al hecho que “estas situaciones se dan permanentemente, no con esta saña, pero siempre están expuestos (los trabajadores) a hechos violentos y no encontramos una manera de juntarnos con las Cámaras (Empresas de Seguridad) para poder trabajar estos temas, estamos todos muy expuestos”.
También destacó que “queda de manifiesto el fracaso en lo que refiere a la política de seguridad pública y la necesidad imperiosa de que la sociedad en su conjunto asumamos este tema y construyamos la convivencia necesaria”.
Del Valle denunció que a pesar de haberse reclamado insistentemente en el Ministerio de Trabajo, hasta el día de hoy, no se logró establecer una “Comisión de Seguridad y Salud laboral” para articular con las empresas soluciones que prevengan estas situaciones de violencia e inseguridad a la que están expuestos los trabajadores.
Este no es un reclamo nuevo. En 2020 en nota publicada en “El Observador” el Sindicato denunciaba que “es fácil poner una empresa de seguridad en este país, demasiado. Hay empresas que no tienen ni una bicicleta para auxiliar al trabajador si lo necesita. Si le mostrara a usted donde tienen las bases, se sorprendería, porque algunas funcionan en garajes, de alguna casa perdida y aislada. Tener un escritorio y un teléfono no alcanza”.
Ese mismo año, tras el incidente del 6 de enero en el que dos guardias de seguridad asfixiaron a un hombre que había intentado robar una moto en un shopping de Paysandú, del Valle denunciaba en nota de La Diaria que “Lo que pasó en Paysandú es el resumen de la falta de capacitación. Un guardia de seguridad, para ejercer como tal, tiene que pasar por una capacitación de 20 o 28 horas, lo cual es terrible. Gracias a esto han fallecido muchos compañeros mientras trabajaban. La persona que actúa como guardia de seguridad actúa como le dicta su conciencia en el momento, y a veces pasan cosas embromadas, como lo ocurrido en Paysandú, que es lo último que nosotros queremos que pase. El resultado del trabajo de un guardia de seguridad no puede ser una muerte, no importa de quién sea.”
Avances a qué costo
EL POPULAR conversó con Del Valle quién informó que el Sindicato fue recibido por el Ministerio del Interior, representado por integrantes del Comando de Operaciones y la Dirección Nacional de Fiscalización.
En la reunión los trabajadores expusieron tres puntos de su plataforma: capacitación, seguros de vida y la fiscalización del cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.
Sobre la capacitación, Del Valle informó que el MI les aseguró que “en unos días” se estará aprobando un decreto que refiere a aumentar esa capacitación a 130 días. “Esto de alguna manera, si bien no va a garantizar que estas cosas no sucedan, sí le va a dar más herramientas al trabajador que tenga que tomar decisiones ante un evento en unos segundos”. El Ministerio informó que se hará un lanzamiento en el que estarán presentes los actores involucrados: las empresas de seguridad, las organizaciones que representan a las empresas de seguridad y la organización que representa a los trabajadores. Para los trabajadores “hubo un avance”.
En relación a los seguros de vida, la Ley Nº 19721 “Regulación del trabajo en la seguridad privada” promulgada en 2018 y reglamentada por decreto en 2022. En su artículo 14 establece: “Créase un seguro de vida laboral obligatorio destinado a todo trabajador de la seguridad privada habilitado para prestar tareas de seguridad en relación de dependencia, que cubrirá el riesgo de fallecimiento como hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie”. En sucesivos artículos la Ley específica en relación a la responsabilidad de las empresas en contratar estos seguros y hacerlos valer en caso de fallecimiento.
Del Valle explicó que los trabajadores, hasta el momento no tenían cómo saber si las empresas cumplían o no con esta normativa. En la reunión el MI explicó que “que cada vez que una empresa se habilita para trabajar y cumplir funciones de seguridad, uno de los requisitos es la declaración del tipo de seguro que tiene. “A ese dato no podíamos acceder por lo que nos pareció interesante saber que hay un requisito que obliga, de alguna manera, a que las empresas tengan ese seguro individual por trabajador”, afirmó.
Finalmente, en el caso de la seguridad en sus tres ramas: el transporte de valores, la seguridad electrónica y la seguridad física, toda la norma de actuación tanto para las empresas como para los trabajadores, así como sus habilitaciones están regidas por la norma del MI. “El problema que tenemos es que coincidimos en que hay empresas actuando en este rubro que tienen diferentes estructuras. Indudablemente las empresas internacionales que han llegado al país tienen una estructura que puede responder a un servicio profesional para la venta de servicio de seguridad privada pero otras no; cumplen con lo mínimo de la norma, se registran como empresas de seguridad y después empezamos a ver, a través de los trabajadores que cumplen servicios para esas empresas, que tienen una irregularidades importantes”.
“Nos referimos básicamente a empresas donde sus trabajadores no están habilitados, empresas donde sus trabajadores no han realizado cursos o de lo contrario no han realizado los cursos de actualización, empresas que no brindan los insumos de seguridad para cumplir la función, etc”. Para el sindicato era relevante conocer con qué personal cuenta el MI para hacer las inspecciones correspondientes, teniendo en cuenta que existen treinta mil guardias repartidos en todo el país.
“De acuerdo a datos que intercambiamos en la reunión existe un universo de más de trescientas empresas de seguridad por lo cual se ve claramente que es un sector que ha crecido indudablemente y en la misma manera que creció el sector crecieron los servicios, crecieron la cantidad de guardias pero, también, lamentablemente, ha crecido la informalidad o la irregularidad en estas situaciones. Y como decíamos al principio siendo un servicio que genera cierto grado de riesgo para el trabajador, imaginense aquellas que no lo cumplen, ese riesgo se duplica indudablemente”, señaló Del Valle.
“Sobre estos tres ejes temáticos giró la reunión. Nosotros la calificamos como altamente positiva porque en los tres temas de preocupación de los trabajadores tuvimos respuesta, ahora vamos a ver cómo sigue esto, vamos a monitorear la situación pero esta era la primera etapa”, expresó.
El secretario general del sindicato manifestó que falta aún una segunda etapa que tiene que ver con la instalación de la comisión tripartita de Seguridad y Salud laboral que “con todos los riesgos que tiene el sector, no ha acordado todavía instalar la Comisión”.
“Lamentablemente, con estos últimos hechos sucedidos, creemos que se va a activar; para eso tenemos que realizar la apertura de los Consejos de Salarios y allí entablar una discusión con las organizaciones más representativas de la seguridad privada para tratar de instalar estas situación y colaborar con agregar insumos, corregir cuestiones y tratar de minimizar el riesgo del trabajador cumpliendo su función. Por eso estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos de la fecha de apertura del Consejo de Salario que, inclusive, puede traer sujeto también una reunión con la Inspección General del Trabajo”, agregó.
Mientras tanto los trabajadores y su sindicato se mantendrán alerta, monitoreando el cumplimiento de los avances.
