La decisión de hacer efectivo lo dispuesto en la ley de internación involuntaria fue objeto de rechazo y crítica por parte de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay.
De acuerdo a la organización, la medida “agrava la estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos para las personas en situación de calle”.
Según el comunicado, dado a conocer el sábado, el organismo está preocupado, por la conformación de nuevas “unidades de internación cerradas” y reiteraron que se sigue sin atender los elementos más relevantes para el cumplimiento a la ley.
En ese sentido expresaron su preocupación al no avanzar en la atención a la implementación de una “red de recursos adecuados” que permita cumplir las disposiciones de la Ley de Salud Mental (19.529) y el Plan de Salud Mental de 2020.
Es necesario, subraya el comunicado que se realice el “abordaje de la salud mental desde un modelo integral e intersectorial, bajo la necesidad de continuar construyendo un sistema de respuesta acorde” a estos lineamientos que asegure la continuidad de los cuidados en el ámbito comunitario “en forma adecuada según cada situación individual”.
La norma entró en vigencia el domingo y previo a ello se realizó un encuentro entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y varios secretarios de Estado.
