El ministerio Público de Colombia informó este martes 23 de agosto que durante 90 días se suspendían las órdenes de aprehensión contra los miembros de la delegación negociadora del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidas las que tenían como propósito la extradición.
El anuncio fue realizado por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien “explicó que la iniciativa se funda sobre los principios de coherencia y colaboración entre las diversas instituciones del Estado y el fundamento constitucional referido a la paz”.
La decisión del gobierno de Gustavo Petro se alinea a los que este planteara el pasado sábado 20 de agosto, cuando fueron restablecidos “los protocolos para crear las condiciones hacia la consecución de la mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia rojinegra”.
Según consignó el portal de noticias KaoesenlaRed, “Petro mandató que su resolución sea comunicada a los jefes de la Policía Judicial nacional y exterior, así como a la Interpol”.
Luego de la toma de posesión del nuevo gobierno de Colombia, se resolvió el envío de una delegación a La Habana con el objetivo de contactar a los delegados representantes del ELN, permitiendo de ese modo se reanuden las conversaciones de paz comenzadas durante la administración de Juan Manuel Santos y que fueran suspendidas, de forma unilateral, por el uribista Iván Duque en 2018.
