El gobierno de Perú envío el martes a cuatro mil policías a la región de Puno donde tuvo lugar un paro que retomó los pedidos de renuncia de la mandataria Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.
Aunque no se han reportado enfrentamientos, existe preocupación ya que Puno “ha sido escenario en los últimos meses de las mayores protestas antigubernamentales y la represión más dura”, consignó Página 12.
Como reseña el medio de prensa, el pasado 9 de enero, allí “se produjo una masacre en Juliaca, la ciudad más poblada de Puno, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la población matando a 18 personas y dejando decenas de heridos”.
La nueva protesta de 24 horas ha sido denominada como “paro seco” y fue convocada “por diversas organizaciones sociales y campesinas de la región y por los familiares de las víctimas de la represión en esta región, agrupados en la “Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero – Juliaca”.
Para junio habrá otro paro regional que se suma a las acciones de protestas que se han convocado para el próximo mes de julio, momento en que se realizará “una marcha desde las provincias a Lima para exigir en la capital la renuncia del gobierno”.
De acuerdo al presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero– Juliaca, Raúl Samillan la medida “ha sido acatada en un 50 por ciento”.
“Las protestas y paralizaciones anteriores golpearon mucho a la población. En el plantón ante la fiscalía exigimos que las investigaciones fiscales por las muertes en las protestas que han sido trasladadas a Lima regresen a Juliaca, porque ese traslado afecta su avance. No vemos voluntad de investigar”, declaró al medio de prensa el dirigente social.
