La decisión se tomó luego de una denuncia ante la Justicia de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad.
La Caja Militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares que están requeridos por la Justicia por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La decisión de la Caja Militar se tomó luego que la Fiscalía de Delitos de Lisa Humanidad presentó una denuncia señalando irregularidades en el cobro de esas pensiones.
La noticia fue difundida este miércoles por TV Ciudad y luego ampliada por El Observador, La Diaria y Caras y Caretas.
En las citadas notas se agregó que hay más suspensiones de cobros de haberes jubilatorios tramitándose, en todos los casos para militares acusados violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Según señaló la Fiscalía en esas notas habría otros diez casos en trámite de suspensión. Cabe recordar que hay dieciséis militares prófugos de la Justicia, es decir que no se presentaron a las citaciones judiciales, o con orden de detención nacional o internacional, pero hasta ahora siguen cobrando su jubilación y su pensión.
Como ya informamos, la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad a principios de este mes de mayo, denunció penalmente que los exmilitares Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau que están prófugos de la justicia y en el exterior del país, siguen cobrando su pensión.
Para que esto esté ocurriendo se conjugaron varios factores, en primer lugar la denuncia de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, hace años y, especialmente, hace pocos días, ante la bancada del Frente Amplio y Presidencia de la República, del caso de un militar que tiene orden de detención internacional y se presentó en el Consulado de Uruguay en Miami (EE.UU) y no solo no fue detenido, sino que le extendieron el certificado de vida para que pueda seguir cobrando su jubilación.
Hablamos de lo sucedido el 11 de febrero en el Consulado de Uruguay en Miami, cuando se presentó el oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, Amorín Maciel, solicitando una constancia de vida para seguir cobrando su jubilación en la Caja Militar. A pesar de tener orden captura internacional, no solo no fue denunciado ante la Interpol, sino que le extendieron el certificado que solicitaba.
Amorín Maciel está investigado por su participación en la desaparición del militante del SUNCA y la CNT, Arpino Vega en 1974, y también en torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU.
Esta denuncia generó respuestas: desde la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, que activó denuncias penales y desde la bancada del Frente Amplio, el senador Óscar Andrade presentó, hace pocos días, un proyecto de ley para suspender el cobro de las jubilaciones y pensiones a los militares y policías prófugos de la justicia. La Cancillería anunció una investigación administrativa.
Las razones y acciones de la Fiscalía
Días pasados, entrevistado en Caras y Caretas TV, Ricardo Perciballe, que encabeza la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad, explicó que «los militares para cobrar una pensión tienen que vivir en Uruguay, de lo contrario tienen que presentar un certificado de vida. Lo tienen que hacer en un consulado”.
El fiscal agregó que, hasta ahora, habían informado de oficio al Sistema de Pensión y Retiro de las Fuerzas Armadas y también que “oficiamos a Cancillería, poniendo en conocimiento la situación para que si se presenta el militar prófugo se comuniquen enseguida con Interpol y lo detengan».
«El Servicio de Pensiones y Retiros pese a los informes del Poder Judicial, no solo no exigieron certificado de vida y no se constituyeron en el domicilio, sino que además le siguieron pagando como si nada. Entendemos que eso es pasible de ser investigado», añadió.
Además, según el fiscal, la Cancillería de la República fue puesta en conocimiento de que «hubo dos cónsules que pese a tener conocimiento de que los militares estaban prófugos, también dieron el certificado de existencia de vida».
Consultado en el programa “Éramos tan progres” de Caras y Caretas sobre lo sucedido en el Consulado de Miami, Perciballe señaló que es un hecho aislado. “Esta no es la primera vez y esperemos que sea la última en que ocurren estas situaciones donde los prófugos siguen cobrando pese a que se informa al Servicio de Pensiones y Retiros de que las personas están prófugas”, dijo.
También indicó sobre las otras situaciones: “No entendemos, si nosotros desde la Justicia le informamos al servicio previsional que está prófugo, cómo es posible que no se suspenda la pensión y que a su vez no se requiera certificado de estar vivo”, señaló, y agregó que en los hechos “están pagando una jubilación a alguien que no sabe si está vivo o no”.
El proyecto de ley de Andrade
Como informara EL POPULAR en su Portal y se reitera en la página 10 de esta edición (Andrade presentó proyecto de ley que suspende el cobro de jubilación a militares que evaden la justicia – El Popular), el senador de la 1001 y el Frente Amplio, Óscar Andrade, presentó un proyecto de ley para que se suspenda el pago de la jubilación a los militares con orden de detención o declarados en rebeldía en las causas judiciales.
La iniciativa se denomina “Proyecto de ley de suspensión de haberes jubilatorios, pensionarios y de retiro en casos de rebeldía procesal penal y órdenes de detención”, modifica dos leyes la 19.695, sobre el sistema previsional militar, y la 13.033 sobre el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
En la exposición de motivos define su objetivo: “Establecer la suspensión del cobro de haberes jubilatorios, pensionarios y de retiro a aquellas personas que, habiendo sido debidamente citadas por la autoridad judicial, se sustraigan de la acción de la justicia mediante la fuga o el ocultamiento, así como a quienes se encuentren comprendidos en una orden de detención nacional o internacional vigente”.
La propuesta es la suspensión del cobro jubilaciones, pensiones o retiro, para las personas declaradas en rebeldía por no presentarse ante la justicia o tengan orden de detención nacional o internacional. La suspensión del cobro cesa cuando se levante la declaratoria de rebeldía o se retire la orden de detención. Los sancionados no tendrán reintegro de los haberes no percibidos mientras dure la suspensión. La suspensión no alcanza a las pensiones por sobrevivencia.
