Lo que se ha logrado comprobar y lo que está denunciado sobre la forma de hacer política y el accionar de gobierno del sector ampliamente mayoritario del Partido Nacional en el departamento de Artigas autoriza a hacer esa pregunta y muchas más.
Veamos el ahora ex intendente de Artigas, Pablo Caram, tenía a su primo Rodolfo, como secretario general de la comuna; a su sobrina, Valentina Dos Santos, como su suplente y como diputada departamental. Los tres fueron procesados por distintos delitos por hechos de corrupción vinculados a la acción política y a la gestión de gobierno.
Se comprobó que se habían otorgado de manera discrecional más de 8 millones de dólares en horas extras a militantes de la lista del Partido Nacional que lideran y que estos nunca cumplieron. El primo Rodolfo fue un operador central en este esquema. Pero la sobrina Valentina, según estableció la investigación de la justicia, también daba órdenes de a quienes darles horas extras y por qué monto.
Los tres, asesorados por sus abogados, resolvieron aceptar los cargos, mediante un juicio abreviado, evitar males mayores y sustituir la pena de prisión por libertad vigilada y trabajo comunitario. ¿Realmente alguien puede pensar que este esquema de corrupción generalizado no implicaba una coordinación entre los involucrados?
Pero, además, las investigaciones siguen. Hay denuncias que se están investigando sobre irregularidades en varias licitaciones, la utilización de fondos públicos previstos para obras en zonas rurales para otros fines, la presunta utilización de fondos y programas del MIDES para proyectos políticos personales de la diputada Dos Santos, con el programa departamental “Vale emprender”, se ha sugerido hasta la posibilidad de iniciar una investigación por lavado de activos.
Pablo, el jefe del clan, aunque parece que la jefatura era bastante compartida con su muy activa sobrina, Valentina, renunció a la Intendencia, pero no por el escándalo en el que está envuelto, sino para intentar presentarse como candidato a diputado. Valentina, la sobrina, renunció a la diputación, pero tampoco por el escándalo, sino para asumir como intendenta en lugar de su tío. Todo medido y hasta cronometrado, pero la condena judicial y el escándalo público impidieron ese trasvase de espacios de poder como si se tratara de porciones de pastel en una fiesta familiar. La Corte Electoral determinó que ambos tienen suspendidos sus derechos ciudadanos y por lo tanto no pueden ocupar ningún cargo público ni ser candidatos mientras dure su condena.
Para completar este cuadro surrealista, en el que parece estar hablando más de una estancia, de los abusos de poder del patrón y su familia y no de una Intendencia departamental, el ex secretario general de la Intendencia, Emiliano Soravilla, que también está siendo investigado, asumió como diputado en lugar de Valentina y en lugar de Pablo, el patriarca, como Valentina no pudo, asumió Elita Volpi, que, como no podía ser de otra manera, también está indagada por la justicia, en este caso por estafa en su labor como escribana.
Pablo y Valentina renunciaron al Partido Nacional, el Honorable Directorio está viendo que hace con ellos. Álvaro Delgado, candidato presidencial; Valeria Ripoll, candidata vicepresidencial; Luis Alberto Heber, senador de la Lista 71, calificaron de “vergüenza y bochorno” lo que pasó en Artigas. Manini Ríos coincidió y reclamó medidas claras. Andrés Ojeda, en su dimensión paralela, dijo que lo considera “un tema cerrado” y destacó la “celeridad y la energía con la que actuó el Partido Nacional”. Todo el mundo escandalizado y diciendo que hasta era una “indignidad” -que por cierto lo es- que Caram cobrara el 85% de su sueldo como subsidio, más de 230 mil pesos al mes, mientras cumple condena por corrupción.
Bueno, todo el mundo no, Soravilla, el novel diputado de Artigas, salió para recordarle al Partido Nacional que Pablo y Valentina eran “los líderes del sector en Artigas”, que “había que defender su honorabilidad (SIC)”, que nadie olvidara que en las internas del 30 de junio su sector tuvo 12 mil votos, que tienen la mayoría en la Convención Departamental blanca y que Valentina “va a ser candidata a la Intendencia en mayo de 2025”.
¿Increíble? Para nada, realpolitik en estado puro, descarnado, sin ningún disimulo.
En realidad, no hay ningún espacio para el asombro. Nadie puede fingir ignorancia sobre la metodología corrupta y cuasi feudal del Clan Caram en Artigas.
Desde que ganó la Intendencia en el período anterior, luego fue reelecto, el Frente Amplio ha hecho en Artigas denuncias sobre los malos manejos de Caram. En 2018 un edil colorado había hecho una denuncia sobre irregularidades en licitaciones. Hace un año y medio la bancada de ediles del Frente Amplio de Artigas presentó una denuncia sobre el esquema corrupto de distribución de horas extras. Ediles del Frente Amplio, del Partido Colorado, ex alcaldes incluso del Partido Nacional, denunciaron públicamente que Caram no contestaba los pedidos de informes, que todo era opaco.
Todo eso se sabía cuando el presidente Luis Lacalle Pou fue varias veces al carnaval de Artigas y se fotografió con Caram. Por algo, según expresó el alcalde de Bella Unión, Álvaro Delgado le dijo en 2022 que iban a “blindar” a Pablo Caram. En una reunión que William Cresseri mantuvo con Luis Lacalle Pou y el entonces secretario de Presidencia, según explicó, se le indicó que el primo del jefe comunal, Rodolfo Caram, sería el encargado del “cuidarlo». ¿De qué querían blindar a Caram?
Las denuncias y cuestionamientos eran públicas y conocidas cuando Álvaro Delgado y Valeria Ripoll bailaron en un acto público con Caram y con Dos Santos. Incluso el senador blanco Carlos Camy dijo que planteó el tema hace más de un año en el Honorable Directorio del Partido Nacional,
Las denuncias eran públicas y notorias cuando Álvaro Delgado hizo un video saludando especialmente a la juventud de la lista 2525 del Partido Nacional antes de las internas, destacó el trabajo de Dos Santos y auguró que iban a tener “la votación más alta del país”.
Todos sabían como era el “enorme trabajo” de Caram y de Dos Santos y más que condenarlo lo quisieron “blindar”.
El Partido Nacional está en un problema político. ¿Qué va a resolver?
Es muy difícil que pueda seguir en una realidad paralela en la que habita Luis Alberto Heber que dijo que este era “el único caso de corrupción de este gobierno”.
Insólito. No recuerda el esquema de corrupción del Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, en la propia Presidencia de la República, desde donde dio pasaportes falsos, espió a senadores del Frente Amplio y al presidente del PIT-CNT, intervino en licitaciones y un largo etcétera. Tampoco recuerda el escándalo por los cargos a dedo con suculentos sueldos para operadores de una lista del Partido Nacional, otorgados por el candidato a intendente blanco en Salto y representante de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albisu. El escándalo de la entrega de un pasaporte exprés al narcotraficante Sebastián Marset, ayudándolo a fugarse de la cárcel donde estaba y la posterior maniobra para ocultar y destruir pruebas y mentirle al Parlamento y a la ciudadanía, que provocó las renuncias del canciller Francisco Bustillo; el subsecretario del ministerio del Interior, Guillermo Maciel; del asesor de comunicación presidencial Roberto Lafluf y del propio y olvidadizo Luis Alberto Heber. Y a eso se puede y se debe agregar una larga lista.
Pero además la catarata de irregularidades de toto tipo sigue. Mientras se escribía este editorial se supo que la asesoría jurídica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) recomendó el pase a la Justicia de presuntas irregularidades en contrataciones de la Intendencia de Florida, también gobernada por el Partido Nacional.
No hay lugar para jugar a las escondidas. En la presidencia de la República, la justicia determinó que funcionó una Asociación para delinquir. ¿Eso es lo que funcionó también en Artigas?
Los pronunciamientos políticos y las medidas no pueden dejar dudas. Estas prácticas corruptas se sustentan en el ocultamiento, la ostentación obscena de dinero y poder y en la impunidad. No hay que permitírselo.