Por Manuel Rodríguez (*)
La balanza de los datos: el crecimiento real frente a la percepción mediática
En 2025 el Producto Bruto Interno creció un 1,8 %, cifra inferior al 2,6 % proyectado inicialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero superior al crecimiento promedio anual de la última década (1,2 %). Además, en ese mismo año se crearon 26.000 puestos de trabajo, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales 20.000 fueron ocupados por mujeres, lo cual llevó a que la tasa de empleo de las mujeres alcanzara su máximo histórico (52,7 %) desde que el INE publica series comparables. Los registros del Banco de Previsión Social (BPS) muestran un aumento de 18.500 trabajadores cotizantes. Esto se dio, además, con un aumento del salario real del 2,3 % en el último año y un crecimiento del 2,7 % del ingreso medio real de los hogares, que quedó en máximos históricos. Al mismo tiempo, la pobreza bajó del 17,3 % al 16,6 %.
Las mejoras en estos indicadores no significan que no existan problemas en la economía uruguaya. Pero sí ponen en perspectiva la posición crítica que la oposición viene construyendo desde hace meses, que busca deslegitimar el desempeño económico del gobierno. Si bien han existido casos reales y con un impacto local innegable, como el cierre de la empresa Yazaki y la reducción de personal de la empresa UKG, estos han generado una percepción —potenciada por la caja de resonancia de los medios— que opaca el dato estadístico, más abstracto, del crecimiento global del empleo. La noticia trágica siempre pesa más que la tendencia positiva. El riesgo es que esa percepción termine distorsionando la lectura de la realidad, instalando un clima de deterioro que los datos desmienten.
Dónde se crea el trabajo: la incidencia de las pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) generan el 65 % del empleo total del país: aproximadamente 735.000 puestos. Mientras las crisis de las grandes compañías ganan espacio en la agenda pública, la dinámica de generación de empleo en las MIPYMES se mantiene activa de forma casi invisible.
Esa invisibilidad tiene consecuencias políticas. Si la ciudadanía asocia la “economía” solo con los titulares sobre cierres de empresas, el análisis del desempeño gubernamental queda condicionado por casos particulares y no por la evolución general del empleo. La tarea es visibilizar lo que funciona sin dejar de analizar, en una discusión más amplia, cuáles son los elementos que determinaron el cierre de ciertas empresas y cómo estos procesos se inscriben en el debate sobre el modelo de desarrollo del país.
El límite del crecimiento inercial: distribución, recursos y desarrollo productivo
Los números positivos de 2025 son buenas noticias, pero no pueden ocultar una trayectoria de estancamiento estructural: en la última década, la economía uruguaya creció en promedio apenas por encima del 1 %. Este bajo dinamismo impide generar las condiciones necesarias para transformar sustancialmente la calidad de vida de grandes sectores de la población. Dejar que el mercado resuelva esta situación por sí solo es una apuesta que pierde peso en el mundo: países como China, Corea del Sur o Japón, que presentaban niveles de desarrollo comparables a los de Uruguay unas décadas atrás, no prosperaron por la “mano invisible”, sino con un Estado que coordinó, organizó y planificó el desarrollo. Uruguay necesita lo mismo, no tanto por una preferencia ideológica, sino por la evidencia empírica.
En este escenario, avanzar en una política tributaria más equitativa es un paso sumamente necesario. Por un lado, permite mejorar la distribución del ingreso; por otro, resulta clave en un contexto de restricción fiscal para captar los recursos indispensables para atender problemáticas urgentes como la pobreza —especialmente la infantil—, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de la salud y la educación públicas. En esa dirección van medidas impulsadas como el impuesto mínimo global, el cobro de IRPF a la rentabilidad de activos en el exterior o la propuesta en debate para gravar al 1 % más rico.
Sin embargo, una reforma tributaria progresiva no resuelve todos los problemas estructurales. El último informe del Instituto Cuesta Duarte señala que el 30 % de los ocupados —más de 500.000 personas— percibe salarios sumergidos y que la informalidad ronda el 22 %. Por eso, la justicia redistributiva debe complementarse necesariamente con políticas activas de desarrollo productivo que transformen la matriz de generación de riqueza del país.
Lo que se está construyendo
El actual gobierno del Frente Amplio avanza en esta dirección, con aciertos innegables, pero también con la incertidumbre acerca de si estas políticas son suficientes. Algunas de ellas son dirigidas desde el propio Poder Ejecutivo; otras son diseñadas y lideradas por los actores sociales con el apoyo del gobierno.
Por un lado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería desarrolla los Consejos de Industria, un espacio de articulación, diálogo y construcción colectiva destinado a consolidar una visión estratégica para el desarrollo industrial, en el que participan cámaras empresariales, sindicatos y actores de la academia: CIU, ANMYPE, CUTI, PIT-CNT, Udelar, UTEC y UTU.
Por otra parte, el proyecto País Industrial —impulsado por el PIT-CNT y la CIU con financiamiento y apoyo de INEFOP— demuestra que la relación entre empresarios y trabajadores no es solo conflicto, sino también cooperación para mejorar la productividad, la inserción externa y las condiciones en que ambos desarrollan su actividad. Es una política que el gobierno apoya, pero que diseñan y dirigen los actores sociales.
La OPP y la ANDE, con el PIT-CNT y la Confederación de Cámaras Empresariales como actores centrales, vienen construyendo una Estrategia Nacional de Desarrollo con énfasis en productividad, competitividad y sustentabilidad. El enfoque es el de Políticas Orientadas por Misiones: identificar desafíos concretos, generar consenso entre actores diversos y definir objetivos realizables en el corto y mediano plazo.
En materia de ciencia, tecnología e innovación hay avances todavía insuficientes, aunque van en la dirección correcta. Los recursos destinados al área aumentan —con 1.250 millones de pesos proyectados para 2029—, se busca mejorar la institucionalidad y se impulsa un nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), después de 15 años. En este marco se promueven distintos cambios, pero sobre todo se necesita un mayor vínculo entre la ciencia y el sector productivo para generar más valor agregado, más trabajo de calidad y soluciones a las problemáticas sociales.
La pregunta que importa
Las políticas e iniciativas detalladas anteriormente tienen un potencial transformador: generar nuevos sectores de actividad y atraer inversiones en áreas de medio o alto valor agregado. A su vez, pueden fortalecer la vinculación de la ciencia y la tecnología con el sector productivo, lo que podría traducirse en la creación de nuevos productos o la mejora de los existentes, la optimización de los procesos de producción y un impulso decisivo a la competitividad y la inserción internacional del país.
Sin embargo, todo este andamiaje choca con barreras que es imperioso superar. A pesar de ser las MIPYMES el verdadero sostén del empleo en el país (65 %), un reciente informe de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) expone una brecha alarmante: su productividad laboral representa solo el 25 % —en las pequeñas— y el 45 % —en las medianas— de la registrada en las grandes empresas, cuyo valor agregado por trabajador resulta entre 2,2 y 4 veces superior.
Por lo tanto, una parte importante de los esfuerzos de las políticas de desarrollo productivo tendría que concentrarse en lograr que las pequeñas y medianas empresas den un salto en su productividad.
Pero el desafío no termina en las mejoras de eficiencia de las empresas: es fundamental determinar bajo qué mecanismos institucionales esas ganancias de productividad terminarán redundando en mejores condiciones para los trabajadores, ya sea a través de aumentos reales del salario, la reducción de la jornada laboral o la mejora general del entorno de trabajo.
Por eso estas políticas son tan importantes y, para su eficacia real, es condición necesaria que se sostengan en el mediano y largo plazo. Si se interrumpen, retomarlas implica volver a foja cero.
El dilema no es solo si el gobierno actual está haciendo lo suficiente ante la magnitud de los desafíos que enfrenta, sino si el país cuenta con una oposición dispuesta a construir y sostener una estrategia de desarrollo de largo plazo. La discusión reciente en el Senado, donde se señaló a Paraguay como modelo a seguir por sus altas tasas de crecimiento, da la respuesta. Sin desconocer las particularidades del caso paraguayo, se trata de un modelo que se sustenta en salarios bajos e impuestos bajos. No es el Uruguay que queremos.
Para que estas políticas se conviertan en verdaderas políticas de Estado y no dependan de los ciclos de gobierno, es indispensable que los actores que participan —PIT-CNT, cámaras empresariales, academia— las asimilen como propias y las defiendan. El crecimiento con equidad no se decreta: se construye con consenso, con planificación y con la certeza de que los números positivos solo valen si se traducen en mejoras concretas para la población.
(*) Economista.
