Imputados por la Justicia el intendente Caram, la diputada Dos Santos, su sobrina y su primo Ricardo Caram.
Este martes 16 fue imputado el intendente de Artigas, uno de los principales dirigentes del Partido Nacional en el norte del país, por omisión en la obligación del funcionario público a denunciar delitos. El fiscal Federico Rodríguez que actuó en el caso y realizó toda la investigación había pedido 14 meses de prisión para Pablo Caram, pero, por un acuerdo abreviado, esa pena será suplantada por libertad a prueba con cuatro meses de tareas comunitarias, según informó M24.
El acuerdo alcanzado no incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos ni multas para el intendente Caram.
Este caso está vinculado al pago de cifras exorbitantes por horas extras a funcionarios imposibles de justificar. En uno solo de los múltiples casos investigados por la Justicia, un pariente del intendente Caram, según denuncia de una edila frenteamplista, debería haber trabajado 17 horas al día para poder cumplir lo que cobró de horas extras.
También fue imputado Rodolfo Caram, primo del intendente, ex secretario general de la Intendencia, figura central en el entramado de las horas extras truchas, con su esposa, funcionaria municipal, entre las beneficiadas. A Rodolfo Caram se le tipificó el delito de fraude y le corresponden 24 meses de prisión, inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos y una multa de dos millones de pesos.
Según el informe de M24, la cifra estimada de perjuicio económico a las y los contribuyentes en Artigas alcanzaría la cifra de 8 millones de dólares. Ese monto es por el total de horas extras pagadas en la Intendencia de Artigas, de ese monto debe ser discriminada la cantidad pagada a varios funcionarios y funcionarias, punteros políticos de la lista de Caram, por horas extras que nunca cumplieron, con fines claramente clientelares.
Pero la investigación no se reduce al tema de las horas extras, también están bajo la lupa judicial presuntas irregularidades en licitaciones y en entrega discrecional de terrenos municipales.
Además del intendente Caram y de su primo Ricardo Caram, también está siendo investigado el accionar de la diputada del Partido Nacional por Artigas, Valentina Dos Santos, sobrina del intendente, que, entre otras cosas, daba órdenes a directores y funcionarios municipales y tomaba decisiones sin tener ningún cargo oficial en la comuna. Dos Santos renunció a su banca y fue imputada por el delito de usurpación de funciones, al que le corresponde una pena de cuatro meses de prisión.
Este caso comenzó con denuncias públicas en redes sociales de un recibo de la esposa de Ricardo Caram cobrando casi 200 horas extras en un mes y en marzo de 2023 la bancada de ediles de Artigas del Frente Amplio presentó una denuncia penal por estas irregularidades.
Tras producirse los procesamientos Ricardo Caram y Valentina Dos Santos renunciaron al Partido Nacional y Pablo Caram, el intendente, solicitó en una carta ser sometido al Tribunal de Ética del principal partido de gobierno. El título de la carta es: “Con la conciencia tranquila”.
El Honorable Directorio del Partido Nacional emitió en la noche del miércoles un escueto comunicado en el que señala: «Se han recibido y aceptado las renuncias al Partido de Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos”. En un giro, por lo menos sorprendente, la declaración agrega, casi que destacando la actitud de la y el procesado: “a pesar de que los jerarcas implicados no fueron inhabilitados por la Justicia para ocupar cargos públicos».
Es que, aunque suene increíble, después de este escándalo y de las condenas judiciales, ya que el juicio abreviado implica aceptación del delito, Pablo Caram quiere presentarse como candidato a diputado y la diputada Dos Santos, su sobrina, quiere suceder a su tío en la jefatura comunal.
Al cierre de nuestra edición la exdiputada Dos Santos estaba “considerando” si asumía la intendencia tras la renuncia su tío, es decir un condenado por la Justicia, renunciaría para ser candidato a Diputado, en su lugar quedaría otra condenada por la Justicia como jefa comunal de Artigas.
La estrategia judicial y política de Pablo Caram y Dos Santos fue aceptar los delitos y buscar un acuerdo que no incluyera la inhabilitación para ejercer cargos públicos explícita por parte de la Justicia o delitos que la incluyan.
Sin embargo, varios constitucionalistas, entre ellos Martín Risso y Ruben Correa Freitas, en declaraciones a medios de comunicación indicaron que ni Pablo Caram y Valentina Dos Santos podrían ser candidatos, ni ejercer cargos públicos, “ni siquiera podrían votar”, al tener, según lo establecido en el artículo 80 de la Constitución suspendida su ciudadanía.
Según declaraciones de los constitucionalistas, recogidas en La Diaria, Búsqueda y El País, en el inciso 4, del artículo 80 de la Constitución, se establece que se suspende a la ciudadanía por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena.
Los expertos indicaron que si bien Caram y Dos Santos, en base a un acuerdo abreviado sustituyeron sus penas por trabajo comunitario, la pena es de prisión y tendrían la ciudadanía suspendida.
Legisladores nacionales y departamentales del Frente Amplio no descartaron la posibilidad de impulsar un juicio político contra Caram.
Es que además de las consideraciones jurídicas están las políticas y éticas. En el plano político lo que está claro es que había un clan familiar, que actúa en el Partido Nacional y que concentraba buena parte del poder político en Artigas y que lo usó con fines clientelares y para viabilizar prácticas corruptas en la administración pública y el accionar político.
Pablo Caram es el intendente; Valentina Dos Santos, su sobrina, es diputada y suplente de su tío en la Intendencia; Ricardo Caram, es primo del intendente, fue Secretario General de la Intendencia, benefició a su esposa, funcionaria municipal y a varios funcionarios que son punteros políticos de la lista del Partido Nacional de Caram, ahora era Director de Desarrollo Productivo, cargo con el que fue premiada luego de estallar el escándalo, pero, además, Emiliano Soravilla, que sustituyó a Ricardo Caram como director general e hizo la investigación de las denuncias en la Intendencia, es el suplente de Dos Santos y acaba de asumir como diputado.
La reticencia del Partido Nacional a condenar claramente el accionar del Clan Caram tiene una explicación: las listas del Intendente sacaron más del 75% de los votos del Partido Nacional en Artigas en las internas de este 30 de junio. Ese hecho fue comentado por una fuente blanca en Búsqueda, quien sostuvo: “Estos temas en Artigas no le importan a la gente”.
De hecho, cuando ya las denuncias eran públicas y había una investigación penal en marcha el precandidato presidencial Álvaro Delgado y la ahora candidata a la vicepresidencia de la República, Valeria Ripoll, que en su momento fue muy crítica hacia Caram, se fotografiaron en actos de campaña en Artigas, con el intendente y con la diputada e incluso bailaron con ellos.
Es imprescindible señalar que estos hechos escandalosos de corrupción se dan en un departamento que tiene un 18% de pobreza y uno de los índices de desempleo más altos del país.
También que las prácticas de Caram en Artigas no son un hecho aislado, hay profusos antecedentes de prácticas similares en varias áreas del Estado por parte de dirigentes del Partido Nacional, por citar solo el último antecedente, está el caso de Carlos Albisu, candidato a intendente de Salto, que tuvo que renunciar a la presidencia de la Comisión Técnico-Mixta de Salto Grande tras comprobarse que contrató a dedo a ediles y militantes de su lista con altos sueldos.
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Pablo Caram en el comando central de «Uruguay Para Adelante» en Montevideo en febrero pasado en apoyo a la candidatura de Alvaro Delgado. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
