El juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey dio lugar al recurso presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucu-Tucu con el objetivo de suspender la adjudicación de la licitación pública del proyecto Arazatí-Neptuno.
En la sentencia, el Juez le ordena a OSE que “no suscriba el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo”, ganador de la licitación para la construcción de la obra, hasta que “no se verifique resolución judicial en sentido contrario”.
Más adelante expresa que “Existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional”. “Es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podrían estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas. Eso por cuanto hay extremos indiciarios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar (provenientes de otras fuentes más limpias)”, indicó el juez.
El recurso
La Comisión Nacional en defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por varias organizaciones sociales que durante años han sido parte de la defensa del agua se funda en 2002. Como organizaciones fundadoras, entre otras, se encuentra FFOSE, el PIT-CNT, la FEUU, la Comisión de vecinos de Ciudad de la Costa, Redes Amigos de la Tierra, organizaciones sociales populares, FUCVAM, organizaciones políticas, religiosas, ONGs, y vecinos comprometidos con la causa, como es el caso de la Comisión en Defensa del Agua y del Saneamiento de la Costa de Oro y Pando (del departamento de Canelones), y el posicionamiento que tomó la Liga de Fomento de Manantiales (en el departamento de Maldonado) y el colectivo Tucu Tucu del departamento de San José donde se pretende construir la planta.
En agosto del 2023 presentaron una medida cautelar de “no innovar” con el objetivo de suspender la adjudicación de la licitación pública internacional del proyecto Arazatí-Neptuno.
En el recurso presentado por la (CNDAV) solicitan que el llamado “Proyecto Neptuno” de las compañías privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast, “se ajuste a los términos de la Constitución, en cuanto a que el servicio público de abastecimiento debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado”; “se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, realizando un estudio de impacto medioambiental y de ordenamiento territorial con la participación real en el ámbito de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca”; y “se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad ambiental de las obras y la calidad del agua potable a suministrarse del Río de la Plata”.
En la medida cautelar afirman que tanto OSE como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública (MSP), “con sus actos, hechos y omisiones”, han “vulnerado” preceptos constitucionales, legales y reglamentarios “en materia del derecho al agua, al medioambiente y al ordenamiento territorial”.
Para el caso del MSP aseguran que existe “un incumplimiento directo de sus deberes, ya que no ha ejercido la función de prevención que le corresponde con relación a la calidad del agua que se suministrará a la población”
En cuanto a OSE, el recurso afirma que “ha excedido sus competencias al tomar decisiones sobre la política nacional de aguas y las nuevas fuentes de agua para potabilizar”.
Finalmente señala que el proyecto Neptuno – Arazatí es “claramente inconstitucional” porque el Estado “no puede depender de la gestión privada en fases necesarias e imprescindibles del proceso de abastecimiento de agua potable, el cual debe ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”
La reglamentación vigente
La Constitución de la República establece, en su artículo 47 que “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. En el inciso b) determina que “Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas” y más adelante especifica que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.”
Por su parte la Ley Nº 18.610 “POLÍTICA NACIONAL DE AGUAS” reafirma “La participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control” y que “Que las personas jurídicas estatales sean las únicas que puedan prestar, en forma exclusiva y directa, los servicios públicos de agua potable y saneamiento”.
En su artículo 23 crea, en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, integrado por representantes de Gobierno, usuarios y sociedad civil, teniendo cada uno de ellos igual representación.
A este Consejo le compete participar en la planificación y regulación y tiene una participación activa en la elaboración de las directrices nacionales en agua, ambiente y territorio, de las que forman parte los planes nacionales.
Esta Ley de 2019 establece con claridad que cualquier definición en relación a una política de aguas requiere de la participación de la sociedad civil y de una elaboración estratégica teniendo en cuenta impactos ambientales, sociales y económicos. Nada de esto ocurrió con esta obra que impulsó el gobierno a pesar de los innumerables estudios académicos y científicos que establecen con claridad que el proyecto Neptuno – Arazatí no resuelve el problema del abastecimiento, es cuestionable la calidad del agua que produciría.
Por otro lado, deja en manos de privados parte del abastecimiento del agua, en clara violación del artículo 47 de la Constitución y significaría un costo de 890 millones a OSE.
Sobre el costo, en agosto del 2023, en nota de EL POPULAR se expresaba que “El proyecto al que se le adjudicó la obra tendrá un costo para OSE, al cabo de 20 años, de 890 millones de dólares, 300 millones más que si la gestión fuera hecha por OSE, por tomar sólo un parámetro de comparación”
El agua no es una mercancía
Anahit Ahoronian, integrante de la Comisión en defensa del Agua y la vida dijo, en nota con MVD Noticias, sobre la resolución judicial, que “estamos celebrando que obliga a OSE a no firmar un contrato con este consorcio para parar el proceso de comienzo de obra. No pueden firmar contrato por lo tanto no pueden comenzar obras”.
Informó que tienen ahora treinta días para hacer una demanda a OSE “porque los impactos de esto son muy vastos y nosotros los hemos fundamentados a pesar de que algunas autoridades no nos quieren creer, pero tenemos los mejores investigadores de altísimo nivel nacional e internacional con fundamentos y con los aspectos, por un lado, ambientales, por otro lado, sociales, culturales y económicos”.
Explicó que la realización del proyecto implica la afectación de los humedales de Santa Lucía y la pérdida de tierras cultivables que hoy producen alimentos por el paso de las cañerías de la eventual planta.
Agregó que la planta “proveería un 30% de las necesidades de agua” a un costo altísimo para OSE que actualmente se encuentra “en una situación económica grave cortando servicios por todos lados”.
Otro elemento a tener en cuenta dijo Aharonián es que el agua sería de “dudosísima calidad porque saldría del Río de la Plata que es la cloaca de la región porque recibe agua de cinco países” y expresó que “nosotros tenemos que recuperar la cuenca del Santa Lucía que nos abastece de agua y se precisa una segunda planta, bueno, hay que estudiarla”.
Se preguntó ¿a qué estamos apostando cuando sabemos que hay otro montón de soluciones?, resaltando además que “no puede estar en manos privadas porque atenta contra la Constitución de la República”.
“Por eso reformamos la Constitución, para preservar la riqueza mayor que tiene nuestro territorio que es el agua, el “oro azul” le llaman ahora, vienen por el agua y tenemos que impedirlo. No se puede mercantilizar, el agua es un derecho humano, el agua es un bien común, no es una mercancía”, concluyó.
Paola Beltrán
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Marcha por el Día del Agua, convocada por la Coordinación por el agua. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
