El jefe de Seguridad del presidente está preso acusado de formar parte de una organización que falsificaba pasaportes.
El arresto, el lunes pasado, del jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, conmovió al país y de inmediato tuvo repercusiones en el exterior. El funcionario fue detenido el domingo al caer la noche en la residencia presidencial de Suárez donde se encontraba tras regresar al país de un viaje junto al presidente Luis Lacalle Pou. Pese a que la Policía lo esperaba en el aeropuerto, fue el mandatario quién pidió que la operación se llevara a cabo en el Prado.
Astesiano está acusado de formar parte de un esquema delictivo para la obtención de pasaportes con destino a ciudadanos rusos. Y fue la colectividad rusa de México la que advirtió de una inusual cantidad de documentos de ciudadanos de ese país pero de origen uruguayo. El hilo llevó nada menos que al piso 4 de la Torre Ejecutiva, sede del gobierno, donde se encuentra la oficina del Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Desde allí trabajaba para tramitar los documentos.
Sobre el mediodía del lunes el presidente Lacalle Pou dio una conferencia de prensa que dejó más dudas que certezas. Dijo que desconocía que su jefe de Seguridad tuviera antecedentes penales. Que era un funcionario intachable. Que hasta que no se demostrara lo contrario era inocente. “Estoy mal”, comenzó diciendo. Y agregó que daba la cara, porque “tengo tranquilidad de conciencia sobre nuestra actitud”. Relató que su vínculo con Astesiano se remontaba a 1999 y que lo había tratado en las campañas electorales de 2004, 2014 y 2019.
No obstante el presidente no tuvo en cuenta que los antecedentes eran de sobra conocidos. En abril de 2020 el diputado Gerardo Nuñez cursó un pedido de informes sobre antecedentes de los miembros de la custodia presidencial. La solicitud nunca fue contestada pero ya había dudas. En agosto de ese año la revista Caras y Caretas, en un artículo titulado “El chico malo del presidente”, informaba que Alejandro Andrés Astesiano Severgnini, quien se desempeñaba como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, había sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. “Esto data del 18 de abril de 2002”, indica.
Y a continuación publica un prontuario que señala: El 30 de mayo de 2002, habría sido indagado por hurto, por parte de la Comisaría 6ª de Montevideo. El 18 de febrero de 2003, fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2. El 24 de setiembre de 2003, indagado por hurto, por la Comisaría 19ª de Montevideo. 24 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 16ª de Montevideo. 6 de julio de 2004, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 19ª De Montevideo. 8 de marzo de 2010, habría sido indagado por la Comisaría 4ª. Mayo de 2010 indagado por estafa por el Área Investigación Zona 2. 2 de diciembre, fue indagado, por estafa, por Investigaciones del departamento de Colonia y el 30 diciembre de 2011, indagado también por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones. 9 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo. 27 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo. 20 de mayo de 2012, indagado en averiguación de paradero, por la Jefatura de Policía de Canelones. 3 de agosto de 2012, es indagado por daño por parte de la Jefatura de policía de Montevideo.
Este miércoles se supo, porque el propio detenido lo dijo ante el juez, que fue procesado por estafa en 2013. Estuvo cuatro meses recluido.
Con estos antecedentes, difundidos por la prensa, es poco creíble que el presidente no supiera.
Desde el piso 4
Conducido ante la Justicia, Astesiano declaró cuales eran sus actividades en el ámbito de la Presidencia, reconoció tener antecedentes y fue imputado por tres delitos: un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor, en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias.
Se le impuso prisión preventiva por 30 días, como medida cautelar mientras continúa la investigación, que cumple en la cárcel de Florida.
El pedido de imputación presentado por la Fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, indica que “se ha reunido evidencia de alta calidad que permite conectar a A.A. (Alejandro Astesiano), Jefe de Seguridad de la Custodia del Presidente de la Nación” con el grupo que falsificaba los documentos. Agrega que esta conexión data “por lo menos a partir” del 30 de agosto del 2021.
Entre la evidencia presentada se establece que Astesiano y sus cómplices “coordinaban encuentros en su despacho del piso 4 de la Torre Ejecutiva”.
“En una oportunidad se reunieron los tres (cómplices), pero en general los encuentros se daban entre F (otro de los imputados) y A (Astesiano), y el primero se contactaba con S (otro de los involucrados)”, agrega.
La Fiscalía cuenta con mensajes de WhatsApp y Telegram (obtenidos a través de las pericias a los celulares incautados) que comprometen al exjefe de seguridad. En ellos “ofrecía contactos” reales o “simulados” con funcionarios “ubicados en puestos estratégicos”.
Uno de los mensajes, del 15 de diciembre de 2021, indicaba: “Lo concreto es q tiene q llamar al director de mi q es amigo q le pase fecha pero tiene q entrarle con carpeta”.
Otro, del 20 de mayo de 2022: “Vo entende que yo con el que hablé ahora es el 1 ahí, es diferente pero ta ta, hacemos eso, dale abrazo”.
En el escrito de Fiscalía se establece que los involucrados “intercambiaban documentación de rusos por whatsapp” y que “hablaban de dinero”.
Recién dos días después del arresto de Astesiano el Ministerio del Interior dispuso una investigación interna para determinar la razón por la que el presidente no fue informado de los antecedentes de su jefe de seguridad. Trascendió que en la cartera entienden que al mandatario se le retaceó información.
(In)Seguridad Nacional
Lo concreto es que Astesiano formaba parte de un esquema delictivo y utilizaba los contactos y prerrogativas que le daba ser el jefe, nada menos, del Servicio de Seguridad Presidencial. Según establece el artículo 1 del decreto que crea el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), se trata de una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia. Esta debe coordinar “todo lo referente a la Seguridad del Presidente de la República, sus familiares directos y a aquellos que se disponga, asesorado por el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial”.
Lo sucedido no se puede considerar un hecho aislado de este gobierno, sino parte de una cadena de sucesos muy turbios que implican a la Seguridad Nacional del Estado uruguayo. ¿Cómo era posible que esto sucediera en el mismo edificio donde se encuentra el despacho del director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé?
Poco tiempo antes y también relacionado con Identificación Civil un pasaporte exprés (de los verdaderos), fue entregado el narcotraficante Marset en Dubái, donde estaba preso por contar con un pasaporte falso de Paraguay. El mismo delincuente que ahora es acusado de idear el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Misterio.
Y si vamos más atrás, 84 mil pasaportes sufrieron un hackeo masivo de robo de identidades. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta del ministro del interior, Luis Alberto Heber fue que “las máquinas eran viejas”.
Demasiadas preguntas y pocas respuestas, dejan en evidencia que la Seguridad Nacional está en riesgo.
Pablo Silva Galván
Foto de portada:
Alejandro Astesiano durante la audiencia en el Juzgado Penal de 35 Turno el martes pasado. Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.
