Facatativá: el nuevo epicentro de la violencia en Colombia

El municipio colombiano de Facatativá, está ubicado a 36 kilómetros de Bogotá y ha pasado a ser “otro de los epicentros de la represión policial y los bloqueos viales por parte de manifestantes que llevan más de un mes de protestas en Colombia”, consigna Rusia Today (RT).
0
14

De acuerdo a la agencia de noticias, en la pasada jornada medios de prensa locales, reportaron el bloqueo de calles y la persistencia de las protestas de los manifestantes, “aunque con menor intensidad que durante la madrugada del domingo, cuando supuestos manifestantes habrían incendiado y saqueado un edificio público en el que funcionan varias oficinas de la municipalidad”.

Con motivo de este último hecho, desde la alcaldía de Facatativá se emitió un comunicado de rechazo a “la acción contra el edificio”, recordándose, además, que la Alcaldía “apoya la manifestación pacífica y sus razones y motivos en el marco del paro nacional”.

Este fin de semana y luego del incendio de una estación policial, el gobierno colombiano ordenó la militarización de la zona, desplegando contingentes militares y policiales.

La orden contempla el despliegue y apoyo al accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quien ha sido identificado y denunciado como el principal ejecutor de las acciones represivas desde que dieran comienzo las masivas protestas de los manifestantes colombianos.

La decisión del gobierno colombiano de militarizar la zona, en vez de disuadir, se ha constituido en un factor de escalamiento del conflicto.

“Determinamos estas acciones para lograr el desbloqueo de vías en estos municipios, obviamente garantizando los derechos humanos de las personas que protestan pacíficamente”, afirmó Leonardo Rojas, quien funge como secretario de Gobierno de Cundinamarca, consigna RT que cita fuentes de Blu Radio.

A pesar de esta afirmación de “respeto a los derechos humanos”, pululan en las diversas redes sociales, filmaciones que dan cuenta de las acciones represivas de los agentes de las fuerzas de seguridad.

En las filmaciones se registran, “los choques entre la fuerza pública y los manifestantes, muchos de los cuales respondían con palos y piedras a la acción de los uniformados”.

“Una de las grabaciones”, más difundidas, resalta RT, “fue el momento en que agentes del ESMAD golpeaban a un manifestante, quien aparentemente quedaba inconsciente en el asfalto”.

Las imágenes obligaron al alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana Dimas, a declarar “que el joven había sido atendido y se encontraba en condición estable”.

“Ese ciudadano ya está siendo llevado ahorita al hospital San Rafael por Defensa Civil y también acompañado por derechos humanos, y en este momento se encuentra clínicamente estable, está consciente y está despierto”, expresó.

Con respecto al despliegue y accionar de los agentes del ESMAD, el funcionario gubernamental afirmó que “solo se concentrarían en una zona particular del municipio, considerada la de mayor conflicto”, al tiempo que anunciaba “la instalación de una comisión de diálogo de cuatro o cinco personas, que trataría de entablar una conversación con los líderes de la protesta en esa localidad”.

El objetivo, de la convocatoria al diálogo con representantes de los manifestantes, continúo señalando Aldana, es “evitar la confrontación y desescalar la violencia”.

A pesar de estas declaraciones que intentan minimizar lo sucedido, las críticas al accionar represivo se incrementaron.

“La noche del domingo”, describe la agencia noticiosa, “varias transmisiones en vivo mostraron cómo el ESMAD lanzaba gases lacrimógenos en zonas residenciales de Facatativá que afectaron especialmente a niños”.

Las grabaciones que se han viralizado en redes sociales “muestran la actuación desmedida de funcionarios policiales, que arremeten con violencia contra los manifestantes en zonas populares, como el Barrio Cartagenita”, acciones que han dejado a varios heridos y producido arrestos de personas, “en medio de la indignación de los que documentan en video las agresiones”.

“Cuando el ESMAD entra a los barrios, esos daños colaterales que produce sobre espectadores inocentes, niños y adultos mayores es lo que ha llevado hoy al caos en la ciudad”, alertó anteriormente, el propio alcalde Aldana, en declaraciones al medio de prensa El Tiempo.

En el balance local,” hasta la noche del domingo se reportaban 19 pacientes con politraumatismo, de los cuales la mitad ya estarían de vuelta en sus casas”.
A pesar de las declaraciones de desobstrucción de vías y retorno al control del tránsito vehicular, las acciones represivas de las autoridades continúan.

Este lunes, videos compartidos en redes, denunciaban “el lanzamiento de gases lacrimógenos directamente a las zonas residenciales donde se encuentran niños, y la detención arbitraria de manifestantes por parte de agentes de la policía”.

El accionar represivo de las fuerzas de seguridad contra la población del municipio de Facatativá, ha traído fuertes críticas de la oposición quienes exigen “el retiro del ESMAD para facilitar el diálogo y la conciliación”.

“Se está viendo un verdadero alzamiento popular en el occidente de la Sabana de Bogotá solo por la soberbia de querer reprimir por reprimir”, escribió en Twitter el opositor Gustavo Petro.

La senadora Sandra Ramírez, del partido de los Comunes, solicitó, en la misma red social “un diálogo definitivo” que permita “atender la situación que se vive en todo el país, tras las fuertes represiones de la fuerza pública”.

“En Facatativá se presentan fuertes represiones por parte del ESMAD a la sociedad civil, ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más necesitan para frenar estas masacres? ¡Queremos un diálogo definitivo para la crisis humanitaria que viva el país!”, escribió Rámirez.

Hasta ahora; y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha expresado serias preocupaciones por la situación en Colombia y ha solicitado la autorización al gobierno de Iván Duque para que permita verificar lo que efectivamente acontece, “se contabilizan al menos 43 homicidios, presuntamente a manos de la fuerza pública, más de 1.400 detenciones arbitrarias, 1.133 víctimas de violencia física y 47 víctimas de agresiones oculares”, según reporta el más reciente conteo de la ONG Temblores.