La Bancada de senadores del Frente Amplio, junto al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, realizó una conferencia de prensa para anunciar el pase de los hechos relevados por la Comisión Investigadora parlamentaria sobre el caso Cardama a Fiscalía de la Nación.
«En el día de hoy, desde las bancadas de Diputados y Senadores del Frente Amplio, reunidos con el presidente del Frente Amplio, queremos dar a conocer las resultancias del trabajo desarrollado en el marco de la Comisión Especial Investigadora sobre Cardama», abrió la conferencia el diputado Joaquín Garlo.
«En ese sentido, en primer lugar, queremos señalar que el objetivo que el Frente Amplio se planteó desde un primer momento con esta Comisión Investigadora era conocer la verdad, La ciudadanía tiene el derecho a saber qué pasó en torno al proceso de Cardama y las resultancias del trabajo llevado adelante a lo largo de estos 6 meses nos permite justamente concluir que existieron una serie de irregularidades graves que quiero puntualizar y compartir con ustedes».
«En primer lugar, reafirmar que existieron hechos de apariencia delictiva y el trabajo de la Comisión nos permite confirmar la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo. El trabajo de la Comisión identificó una serie de hechos con apariencia delictiva graves, vinculados al proceso de constitución de las garantías, a la documentación falsa presentada en el marco de la constitución de las garantías, y a los pagos efectuados por el Estado uruguayo en el marco del contrato entre Uruguay y Cardama. Concretamente, la celebración de esos pagos, sin contar con la documentación original a la vista, sin tener la documentación traducida ni apostillada, lo cual constituye irregularidades de gravedad que, entendemos, deben ser investigadas por la Fiscalía en el marco de la Acción Penal, en tanto, sin lugar a dudas, podrían configurar hechos delictivos que, en definitiva, contribuyeron al accionar desarrollado por Cardama», denunció el legislador.
«Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal, De quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros», acotó Garlo.
Otro punto destacado es «la autorización de pagos invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista y nunca pisó las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional. En tercer lugar, la autorización de pagos sin control de documentación, sin traducción de documentos en inglés y documentación sin apostillar. Lo cual constituye una irregularidad grave, el mismo día que Cardama había remitido la documentación a la Armada Nacional con diferencia de horas entre que Cardama envió la documentación en inglés y sin apostillar, la Armada autorizaba el segundo pago por más de 8 millones de euros con un texto dictado por el propio señor Mario Cardama».
«Y en último lugar, la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos. No hay registro en el expediente de la compra de Cardama sobre las sucesivas prórrogas otorgadas por parte del Ministerio de Defensa Nacional», añadió el legislador.
No hay registro en el expediente de la contratación de Cardama de las distintas ofertas de garantías que Cardama iba presentando a lo largo de los 11 meses prorrogados, vencido el plazo, inclusive estos son hechos con apariencia delictiva que deben ser investigados por la Fiscalía, que como dijimos, y esto es importante, Cardama es el principal responsable de estas maniobras. Pero tiene que quedar claro que las mismas no se podrían haber consumado sin la intervención de funcionarios públicos, ya sea por acción u omisión», reiteró.
Para el senador Eduardo Brenta los resultados de la investigación «reafirman la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato con esta empresa, que claramente llevó adelante un fraude contra el Estado uruguayo. Ya que esa decisión del gobierno nacional permitió que el país no perdiera más de 50 millones de euros que restaban pagar de un proceso marcado por la opacidad y la falta de transparencia a lo largo de todo ese tiempo. Y en el marco de esta comisión, que no tiene precedentes como Comisión que integra ambas Cámaras y por tanto la Secretaría General, esperamos que durante el desarrollo de este hecho tuviéramos un alto consenso respecto a defender los intereses del Estado Uruguay».
«Lamentablemente, debemos decir que se ha puesto el acento por parte de una parte de la oposición, más en defender los intereses de una empresa privada que estafó al Estado uruguayo, que en defender los intereses nacionales y, por tanto, denunciar el fraude que metió esta empresa y eventualmente analizar las responsabilidades de actores públicos que participaron de este proceso», añadió.
La coalición republicana también realizó una conferencia de prensa un rato antes que el Frente Amplio para anunciar denuncia penal contra la ministra de Defensa Sandra Lazo por la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
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