La Fiscalía de Flagrancia archivó la denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en 2022 durante la gestión de Martín Lema contra la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Entre otros puntos, se acusaba a la Coordinadora de “inflar” la cantidad de ollas existentes, situación que fue desmentida por la investigación de fiscalía.
La decisión de archivar la denuncia fue adoptada por la fiscal Graciela Peraza y comunicada oficialmente al ministerio el 16 de diciembre de 2025.
El dictamen cuestiona que MIDES haya iniciado una acusación contra una “organización social” puesto que “el derecho penal sanciona conductas individuales subjetivas referidas a personas”, por lo que “no procede frente a una organización social” como la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna. El documento agrega que el colectivo “ni siquiera tiene autoridades constituidas”, sino que cuenta con “algunos referentes que distribuyen tareas”.
También llama la atención sobre la investigación administrativa que inició MIDES previo a presentar la denuncia penal y que sus resultados se hayan divulgado públicamente. En ese sentido, la fiscal señala que esa difusión “frustró diligencias que podrían haber sido útiles en la investigación”.
Paralelamente señaló que MIDES comenzó a exigir documentación recién al iniciar la investigación administrativa y que previamente no se estableció ni se exigió un “protocolo de actuación de modo de llevar un registro de todos y cada uno de los usuarios y de los locales, con sus responsables identificados, de modo de efectuar un efectivo contralor del funcionamiento del servicio”. Por el contrario, la documentación sobre la distribución y el registro de entrega de alimentos “solo contiene remitos genéricos, amplios”. A su vez, para determinar las cantidades de mercadería que correspondían a cada olla, el MIDES se basaba en “declaraciones de personas asistidas por cada olla, sin requerir ninguna documentación acreditante”.
También rebatió la denuncia del entonces ministro de Desarrollo Social quién había cuestionado la existencia y funcionamiento de decenas de ollas populares, incluyendo 68 casos que, según las afirmaciones realizadas entonces, no funcionarían o nunca habrían funcionado. Sin embargo, la investigación fiscal encontró que las ollas incluidas en el registro de la Intendencia de Montevideo efectivamente existían. Tampoco fue posible acreditar que los testimonios utilizados como fundamento de la denuncia penal presentada en 2022 ya que “no se cuenta con ningún tipo de documentación que pueda acreditar sus dichos”
En función de estos y otros elementos reunidos, la Fiscalía de Flagrancia dispuso el archivo definitivo de la denuncia, sin establecer responsabilidad penal contra la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna.
Por su parte, la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por una Vida Digna se pronunció sobre el archivo de la denuncia penal y sostuvo que «la resolución de la Fiscalía confirmó la falta de consistencia de los testimonios y de pruebas que sustentaran las acusaciones».
“El Uruguay se enteró que la mentira, la doble cara, el uso de los medios de comunicación para imponer relatos fraudulentos, que acosar y hostigar a las organizaciones populares son actitudes de patas cortas”, expresó la organización a través de un comunicado público.
Nota elaborada con información de Portal del PIT-CNT y elaboración propia
