Gabriel Mazzarovich
En una muestra más del compromiso absoluto con los grandes empresarios, los mentados “malla oro” y, muy especialmente, con los que son dueños de los grandes medios de comunicación, este 3 de agosto, el gobierno, por decreto, volvió a dejarlos sin pagar el canon por uso de las frecuencias y renovación de las licencias, establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 19.307, actualmente vigente. Eso implica, al cambio actual, una renuncia fiscal de unos 800 mil dólares anuales, que toda la sociedad le dona a los “malla oro” de los medios. El gobierno dice que lo hace para defender “la libertad de expresión” y porque “la coyuntura de emergencia sanitaria sigue vigente”. De antología.
Este viernes 5 de agosto fue publicado en la web de la Presidencia de la República el decreto 253/022 (https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2022/decretos/08/cons_min_649.pdf) por el cual “se prorroga hasta el 1° de enero de 2023 el plazo previsto en el artículo 88 del Decreto N° 160/019, de 5 de junio de 2019”, en virtud del cual los medios de comunicación audiovisual deben pagar por el uso del espectro radioeléctrico y la explotación de licencias de televisión para abonados.
El decreto 160/019 regula la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 19.307 y establece que estos pagos debían ser realizados a partir del 1° de enero de 2020. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció el 31 de diciembre de 2020 que estos pagos se postergaran hasta el 1° de enero de 2022 y ahora prorroga el inicio del período de facturación hasta el 1° de enero de 2023.
Un poco de historia para entender mejor
La Ley 19.307, aprobada en 2014, durante el segundo gobierno del Frente Amplio, entre muchas medidas democratizadoras del sistema de medios de comunicación, estableció en sus artículos 187 y 188, el cobro de un canon por el uso de las frecuencias y las licencias, a los usufructuarios de estas y propietarios de los medios de comunicación. El canon es una ínfima parte de las ganancias de los dueños de los grandes medios y su aplicación es progresiva, la mayoría no debe pagar nada, y el gravamen es mayor cuanto más grande es el medio. Como decíamos un decreto reglamentario estableció cuando debía empezar a pagarse: 2020.
Pues bien, el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, presentó, casi junto de con la LUC, en abril de 2020, un proyecto de ley que busca derogar la Ley 19.307 y uno de los aspectos prioritarios que quiere eliminar es la obligación de pagar este canon. Como a pesar de que el presidente de la República declaró esa derogación como prioritaria no han podido aprobar el proyecto de ley, por la firme posición del Frente Amplio, las posturas en contra de toda la academia y los expertos, la lucha del movimiento popular y las diferencias internas en la coalición de gobierno, entonces decidieron responder al reclamo enfático de los grandes propietarios de los medios y por decreto les aseguraron que podían burlar la ley y no pagar. Como informó EL POPULAR (https://elpopular.uy/gobierno-devolvera-mas-de-us-200-000-a-propietarios-de-medios/) lo hicieron el 31 de diciembre de 2020, con un decreto que implicó devolver unos 200 mil dólares a los empresarios que sí habían pagado y condonar la deuda de quienes no lo habían hecho. El decreto del 31 de diciembre de 2020 fijaba el nuevo plazo de obligación de pagar para enero de 2022, para esa fecha pensaban tener aprobada la derogación de la Ley 19.307 y entonces todos tranquilos y nadie pagaba nada.
Pero resultó que tampoco, entonces se vieron obligados a un nuevo decreto para asegurarles a los empresarios de los grandes medios que no van a pagar nada, esta vez el plazo es hasta enero de 2023.
La intención de proteger los privilegios de los grandes empresarios no es noticia, lo revelador , aunque no sea nuevo, porque el decreto tiene mucho de copy paste con el anterior, son los argumentos utilizados, que son realmente de antología: defender la libertad de expresión y el derecho a la información y no “imponer nuevos gravámenes en momentos en que la coyuntura de emergencia sanitaria sigue vigente” (Sic). En este último argumento el copy paste parece haberles jugado una mala pasada. El propio Poder Ejecutivo determinó el pasado 5 de abril que había concluido la emergencia sanitaria. Para que a nadie le queden dudas al respecto lo hizo con el decreto 106/022 (https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/sites/sistema-nacional-emergencias/files/documentos/noticias/Decreto%20106022%20cese%20del%20estado%20de%20emergencia%20nacional%20sanitaria.pdf) que -por cierto- dio a conocer a través de la acostumbrada cadena nacional virtual de medios de comunicación que se dispone cada vez que el presidente hace uso de la palabra.
En este nuevo decreto del 3 de agosto el gobierno dice que exonera a los grandes empresarios de los medios de pagar porque “los servicios de comunicación audiovisual son de interés general, por lo que es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esa forma a la libertad de información, la inclusión social la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación el esparcimiento”.
Agrega que “los servicios de comunicación audiovisual son portadores de información, educación y cultura, derechos reconocidos como inherentes a la persona humana, tanto por instrumentos internacionales ratificados por Uruguay, como en la Constitución de la República”.
Y en un párrafo adicional enfatiza “la potestad regulatoria del Estado se limita a su obligación de garantizar la la libertad de expresión y el acceso a la información”.
Y en un final digno del récord Guiness del ridículo asevera que es “particularmente inoportuno imponer nuevos gravámenes en momentos en que la coyuntura de emergencia sanitaria sigue vigente” (Sic).
Algunas preguntas
¿Qué tienen que ver la libertad de expresión y la defensa del derecho a la información, que son derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, con el pago de un canon por los grandes empresarios? Es tal la concepción neoliberal y la visión estrictamente empresarial de la vida, donde todo se reduce a hacer negocios, que se confunde un derecho humano con la posibilidad de acumular dinero, derechos de toda la sociedad con los de un reducido grupo de grandes empresarios, libertad de prensa con libertad de empresa.
Dicen que defienden la cultura, pero este canon financiaba el Fondo de Producción Audiovisual Nacional al que dejan sin plata.
¿Se defiende “la inclusión social la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural” derogando la Ley 19.307 lo que implica decir adiós a los derechos consagrados, a la protección de niños, niñas y adolescentes, a la consulta con la sociedad civil?
¿Se defiende la pluralidad y la democracia derogando la Ley 19.307 y diciendo adiós a los límites a la concentración de medios, a la prohibición de que grupos extranjeros se apropien de los cables uruguayos?
¿La emergencia sanitaria sigue vigente? ¿Para quiénes? El impacto de la pandemia hace “inoportuno poner nuevos gravámenes” a los grandes empresarios de medios, dice el gobierno. ¿Es el mismo gobierno que puso un impuesto a los salarios públicos en medio de lo peor de la pandemia? ¿El mismo que rebajó salarios y jubilaciones? ¿El mismo que aumentó el IVA y el IRPF?
¿Es sensato mantener y extender en el tiempo una renuncia fiscal de 800.00 dólares anuales que beneficia solamente a un reducido grupo de empresarios mientras se le da presupuesto 0 a la UDELAR en la Rendición de Cuentas, se recortan asignaciones familiares y presupuesto a la salud, la educación y la vivienda?
Apuntes finales
Para que no queden dudas de la real intención que anima al Gobierno, más allá de la poética de la libertad y los derechos, arruinada por el descuido de la pandemia en el copy paste, este decreto se suma a la decisión de extender el tiempo de las tandas y decidir no controlar su cumplimiento, es decir carta blanca para que duren lo que los empresarios quieran y aumentar las ganancias. Y por si todo esto fuera poco hay que agregar el otorgamiento de licencias a 5 canales cables, entre ellos los 3 de propiedad de los canales 4, 10 y 12, para vender transmisión de datos, es decir aumentar el negocio, golpeando a ANTEL. Y no olvidar la cereza de la torta, la decisión, también antológica, del directorio de ANTEL de pagarle más de 10 millones de dólares en tres años a los tres canales de televisión abierta de Montevideo, 4, 10 y 12, por tener su señal en Vera TV.
Combo completo y tienen el tupé de decir que lo hacen para defender la libertad de expresión.
La devoción por los “malla oro” está llevando al gobierno encabezado por Lacalle Pou a medidas de una discrecionalidad y desigualdad que realmente preocupan.
Insistimos el problema real, del que este decreto es solo una consecuencia, es que como el proyecto de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no ha prosperado en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, el gobierno impulsó en la Rendición de Cuentas un artículo en el que deroga completa la vigente ley 19.307, y por si no fuera esto ya demostración suficiente se agrega otro artículo en el que se señala a texto expreso que la normativa que quedaría vigente es la aprobada por la dictadura, dos decretos, uno de 1977 y otro de 1984. Y todo eso en nombre de la libertad de expresión.
La libertad de expresión y el derecho a la información no se defienden engordando la billetera y aumentando el poder de un puñado de grandes empresarios. Tampoco se defienden derogando una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual democrática y democratizadora, como se pretende ahora en la Rendición de Cuentas.
Habrá que seguir argumentando y defendiendo de verdad el acceso a la información y la libertad de expresión como derechos “inherentes a la persona humana” de los que los conciben como una mercancía, que, además, es propiedad de unos pocos.
Leyenda de foto de portada
Cámaras de TV durante la convención del Partido Nacional. Foto: Javier Calvelo / adhocFotos
