Por Rolando Arbesún
Mientras, en esta semana, se dará comienzo a la ronda de audiencias del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revisar las apelaciones presentadas por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con el objetivo de intentar “salvar” sus recursos de nulidad contra las mesas de sufragio, la justicia del país andino evalúa este lunes un pedido fiscal para que ordene nuevamente prisión preventiva contra la candidata derechista Keiko Fujimori.
El pedido de la Fiscalía se sustenta en que la derechista peruana infringió la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht.
Con motivo de la actual situación de pandemia, la audiencia judicial se realizará de manera virtual, a partir de las 15:00 y contará con la participación de Keiko Fujimori y su defensa, así como con la del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, informó la Corte Superior Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.
Según el diario El Tiempo, “el requerimiento de la fiscalía acapara la atención nacional pues el país está en vilo a la espera de la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos presentada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que favorecerían a su rival izquierdista Pedro Castillo”.
El pasado martes el órgano electoral peruano (ONPE), había llegado al conteo del 100 por ciento de las mesas y otorgó a Castillo el 50,12 por ciento de los votos sobre el 49,87 por ciento de Fujimori.
A partir de las denuncias presentadas, Fujimori aspira revertir el resultado del balotaje del pasado seis de junio, sin embargo, la decisión del tribunal electoral, con relación a estas denuncias, podría demorar una semana más.
El fiscal anticorrupción había solicitado el pasado 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones (libertad condicional) por prisión preventiva para Keiko Fujimori Higuchi en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016”.
Al conocerse el pedido del Fiscal, la derechista peruana afirmó que “no hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, al tiempo que negaba haber incumplido las limitaciones que le había impuesto la justicia.
En caso que Keiko Fujimori no logre acceder a la presidencia, deberá ir a juicio.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita 30 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción a la justicia, motivó que la política peruana estuviera en prisión preventiva durante 16 meses.
Antes del cese de la prisión preventiva, el 30 de abril de 2020, el Poder Judicial le revocó la orden de prisión preventiva y dispuso que cumpliera un conjunto de restricciones, entre ellas no comunicarse con los coimputados o testigos del caso.
Algo que, de acuerdo al fiscal, “la acusada incumple”, ya que “se ha advertido como hecho público que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”.
Con respecto a las denuncias de Fujimori sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral, según ha señalado, el diario peruano La República, se sabe que, de las 943 impugnaciones del fujimorismo, ninguna ha sido declarada fundada.
La mayoría de estas impugnaciones son consideradas extemporáneas, lo que no ha evitado que la representante de Fuerza Popular, Milagros Takayama, desista de presentar “una ola de apelaciones ante los Jurados Electorales Especiales (JEE)”.
De las 349 impugnaciones y según fuentes del Jurado, citadas por el medio de prensa peruano, “el 57,59% (201) fue elevado al pleno del Jurado, el 25,5% (89) fue encarpetado por improcedencia y faltaba que los JEE se pronuncien sobre el 16,91% restante (51)”.
Hasta la fecha, agrega el medio de prensa, “la candidata presidencial Keiko Fujimori y su equipo de asesores han presentado 943 recursos ante 36 jurados electorales especiales (JEE) del país para anular mesas de sufragio de zonas rurales”, todas ellas bajo el argumento de que hubo una supuesta suplantación de miembros de mesa, por lo que hubo “falsificaciones” de sus firmas.
Sin embargo, consigna La República, “una revisión minuciosa de los expedientes y las actas de conteo de votos” ha permitido “establecer que al menos 50 mesas de votación donde Keiko Fujimori denuncia suplantación o falsificación de firmas tuvieron la presencia de personeros nada menos que del mismo partido Fuerza Popular”.
“Mientras que desde Lima la personera fujimorista Milagros Takayama y algunos estudios de abogados arremetían con escritos denunciando supuestas firmas falsas, en las regiones los personeros del mismo partido naranja participaron directamente en esas mesas, sin detectar suplantación alguna, ni nada que se aproxime a un fraude. Al contrario, los personeros fujimoristas participaron en el conteo final de votos y aceptaron los resultados, al punto de consignar sus firmas y sus respectivos números de DNI en las actas finales de conteo”, se resalta en el diario peruano.
