“La violencia se desata con ferocidad y ni siquiera los discursos de odio pueden explicar por qué las grandes bandas operan con tanta comodidad”
En estos días, aún en los medios hegemónicos (cierto es que de manera mitigada y casi fugaz), aparece, un día sí y al otro también, una impresionante crónica roja, con varios homicidios diarios, algunos de singular crueldad. Entre ellos, algunos que parecen delatar el “ modus operandi ”de organizaciones de corte mafioso o de bandas de crimen organizado de alta peligrosidad. Una primera reflexión quizás menor, pero de orden es pensar que si estos episodios tenebrosos hubieran ocurrido en tal magnitud en gobiernos del Frente Amplio estaríamos viendo imágenes espantosamente detalladas y morbosas, naturalmente. Como tal tipo de noticia es casi imposible de ocultar en un país de las dimensiones del Uruguay y por aquello de que hay que hacer como si los medios fueran independientes, las noticias no se silencian del todo y aparecen, pero con un pudor y brevedad que nada tiene que ver con lo que hubiera pasado con un gobierno frenteamplista.
Hay tendencias estructurales que van mucho más allá de la apreciación que merece un gobierno, lo dijimos antes y lo decimos ahora. A diferencia de los medios hegemónicos, aquí no se escribe con marcador grueso e indeleble cuando el hecho conviene y con grafo fino fácilmente borrable cuando no conviene. El proceso de pauperización estructural y la consecuente exclusión de grandes masas de personas por varias generaciones, instalado en Uruguay por el neoliberalismo brutal que, para fijar fechas, podríamos decir que desembarcó en nuestras costas en 1967 (hace 55 años, no un ratito), conduce aquí y en cualquier sociedad humana, a la propagación gradual e inexorable de la cultura de las vidas breves que están dispuestas a todo para, aunque sea por un rato, pasarla un poco mejor y desde una carga importante de individualismo, espíritu de supervivencia y capacidad de ejercer la violencia tanto como se ha vivido cotidianamente desde la cuna. No decimos que en toda situación de exclusión se dé tal reacción. No hacemos apología de esa respuesta. Lo que decimos es que, en parte de los excluidos por generaciones, nos guste o no, nos parezca bien o no, es inexorable que surjan tales reacciones. Se dice más claro por la negativa: es imposible que ante la exclusión sistemática y por generaciones de grandes cantidades de personas, no surja de su seno una respuesta como la indicada, con altos niveles de violencia. No hace falta leer al maestro de Tréveris para darse cuenta de esto, alcanza con ser medianamente honesto y pensante.
Pero la violencia individual desplegada a los cuatro vientos se consume en sí misma, es caótica, se autoanula, por lo cual, tarde o temprano, comienza a sofisticarse su expresión, colectivizarse, regularse bajo códigos incomprensibles para las grandes mayorías, pero vinculantes para quienes transitan ese camino. Así surgen los ejércitos delictivos, llámense mafias, gangs, maras, bandas o como se llamen. Que no cuestionan al sistema, sino que por el contrario expresan su faceta más áspera, y que está indisolublemente unida al glamour de las clases privilegiadas, como una suerte de dos caras de una misma moneda. Bajo ese proceso el crimen se complejiza y se vuelve, más allá de las estadísticas, más violento y cruel. Un homicidio ya también es mensaje, incomprensible para la inmensa mayoría, muy claro para quienes manejan los códigos comunicacionales de la muerte.
Eso ha pasado en Uruguay y en el mundo entero en las últimas décadas. Por ende, el viraje de los crímenes hacia formas cada vez más virulentas, a menudo en el marco de «ajustes de cuentas”, o “disputas territoriales”, ha crecido gradual pero sostenidamente.
Este fenómeno se señaló claramente desde los gobiernos del FA y mereció un abrumador ataque desde los medios hegemónicos, desde “la prensa libre”, la que expresa siempre el mismo mensaje, pero desde diversas expresiones empresariales desde el punto de vista de la propiedad formal (no siempre real), donde reside la esencia de la libertad de expresión para la SIP y la derecha. Más aún, con una demagogia e irresponsabilidad insuperables, desde la entonces oposición y hoy gobierno, se culpaba al FA del problema, anunciando que con un cambio de gobierno “en 24 horas se terminaría con la inseguridad” (sic).
Cambió el gobierno y en uno de sus primeros actos, el presidente Lacalle Pou se reunió con los Jefes de Policía que, obviamente, aún no habían tenido tiempo de ser relevados por irregularidades, y, como sheriff del condado de alguna película, se anunció al frente del combate al crimen.
Vino el referéndum del 27 de marzo y el mismo sheriff dijo que con la LUC se terminaba la inseguridad. Más aún, cuando en días previos al referéndum Mario Layera explicó las múltiples debilidades de la LUC desde el punto de vista policial, el sheriff afirmó que era increíble “que el responsable del problema hablara”. O sea : había una persona a la cual culpar por las tendencias estructurales antes indicadas. Un tremendo ejercicio de soberbia y manipulación informativa, reproducido como letanía por los medios hegemónicos. Mientras tanto, desde el gobierno se anunciaba que “gracias a la LUC”, había fantásticas reducciones en las tasas delictivas, aunque dicha afirmación, en particular la atribución de causa a la LUC y no a la reducción de movilidad pandémica, pareciera más falsa que moneda de tres pesos.
Pasó el referéndum y el ministro Heber casi inmediatamente deslizó que “le parecía que los homicidios estaban aumentando”(sic).
Hoy, a más de un mes del referéndum, con LUC vigente, la realidad es la que es, aunque sea fugazmente retratada y nunca sistematizada por los grandes medios.
Las tendencias estructurales abruman. El aumento de la violencia es impresionante. Los ajusticiamientos en las cárceles, por cuentas internas, pese a todo el circo inicial de requisas de “cortes”, “escabio”, etc., alcanza niveles escandalosos. La evidencia de bandas delictivas de estructura compleja operando en un país que últimamente persigue ladrones de gallinas, pero facilita el lavado de activos, es realmente abrumadora.
La LUC no solucionó nada, el gobierno no cumplió para nada con sus promesas mágicas, al sheriff le robaron la estrella y lejos de mejorar, el Uruguay ve aumentar la intensidad y brutalidad de los delitos más graves.
Paralelamente, el presidente que quiso una vez ser sheriff, ha salido con su habitual sanata de que no hay mejor política que mirar para otro lado, por lo cual, para proteger la libertad de expresión, lo que debe hacerse es…absolutamente nada.
Muy lógico, en un país donde existe la aristocracia. Por derecho divino (a falta de otra explicación), pocas familias, nuestros Borbones, digamos, heredan de generación en generación el control de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas. Y por supuesto protegen a quien les sirve (literalmente) y castigan a quien les incomoda. Por lo cual hacen de un crimen bajo un gobierno del FA una repetición infinita, y de los varios homicidios diarios en el gobierno de turno, meras menciones para cumplir. Y de los procesos estructurales subyacentes, un inmenso silencio.
Uruguay fue llamado a votar ya dos veces para defenderse. Pero hoy más que nunca, la violencia se desata con ferocidad y ni siquiera los discursos de odio pueden explicar por qué las grandes bandas operan con tanta comodidad. Temas sin duda muy profundos para un país con genuina libertad de prensa. Pero a esquivar en un país con libertad prensada por los intereses de las dinastías.
Gonzalo Perera
