Bruno Giometti (*)
El pasado jueves 29 de junio fueron presentados, en el Consejo Superior Tripartito, los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo para la Décima Ronda de negociación colectiva.
La actual ronda es de primordial importancia. En primer término, porque abarca a una amplia mayoría de las mesas de consejos de salarios y a la mayoría de los trabajadores asalariados del sector privado. En segundo término, porque es la última ronda bajo el actual período de gobierno y su desarrollo determinará el resultado final del quinquenio en materia salarial.
Como es sabido, durante el período transcurrido entre julio de 2020 y junio de 2021 tuvo lugar la llamada “Ronda Puente” en que la mayoría de los trabajadores afrontaron una caída de salario real del orden del 4,2%. Posteriormente la Novena Ronda iniciada a mediados de 2021 instrumentó una recuperación a dos años de una fracción de dicha pérdida (los lineamientos planteaban 1,6%) aunque hubo algunos sectores de actividad donde se acordó una recuperación mayor, incluso la totalidad del 4,2% perdido anteriormente. De este modo, hay trabajadores que llegan a la actual ronda con distintos porcentajes pendientes de recuperación, mientras que otros al 30 de junio de 2023 consolidaron totalmente el nivel salarial previo a la pandemia.
Los lineamientos del Poder Ejecutivo tienen el siguiente contenido. Se plantean acuerdos a dos años (julio de 2023 a junio de 2025) con 4 ajustes semestrales por inflación proyectada y correctivos por inflación anuales, más la recuperación real pendiente fraccionada en 3 de los ajustes. Los sectores con porcentajes pendientes superiores al 2% tendrían los componentes de recuperación a partir de enero de 2024 mientras que los sectores con porcentajes pendientes inferiores al 2% los tendrían a partir de julio de 2023. Para los sectores que ya recuperaron el nivel de salario real prepandemia o no afrontaron pérdida, la pauta plantea únicamente ajustes por inflación proyectada y los correctivos.
Los lineamientos apuntan a que los trabajadores involucrados en esta ronda tengan a junio de 2025 exactamente el mismo poder de compra que en junio de 2020. Los que tienen porcentajes por recuperar lo harán en ajustes sucesivos durante los próximos dos años y consolidarán esta recuperación con los correctivos finales, mientras que para los que no tienen porcentajes de recuperación salarial pendientes, los lineamientos no proponen ningún tipo de crecimiento, independientemente de lo bien que le pueda estar yendo al sector de actividad. Esto genera un desequilibrio notorio entre trabajo y capital en cuanto a la distribución de la nueva riqueza generada. Para colocarlo en números, el propio Poder Ejecutivo proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) de la economía sea a final de quinquenio un 8,7% superior a lo que era al inicio de la administración; en igual período el empleo sería un 4,3% superior; mientras que el salario real si la trayectoria de este es acorde a los lineamientos tendría a final de quinquenio una variación de 0% (esto es retornar al nivel de partida). Con estas cifras, se consolida una disminución de la participación del trabajo en la riqueza total que produce la sociedad.
Todo lo anterior, sin mencionar que lo que se viene perdiendo de salario real en el “durante” en realidad nunca se recupera. Podríamos decir que, para tener una recuperación completa, los trabajadores deberían volver a su nivel de salario real inicial y además cobrar algún tipo de “partida fija” adicional equivalente al monto de la pérdida acumulada durante todos los años que el salario estuvo por debajo de la referencia inicial, mecanismo que no está sobre la mesa.
Por otra parte, hay unos 50.000 asalariados de los sectores más afectados por la pandemia (gastronomía, hoteles, entretenimiento, algunas ramas del transporte de pasajeros) que ni siquiera tendrán la recuperación completa de su nivel de salario real a mediados de 2026.
No parece razonable que la caída de salario que se produjo en un año se recupere recién al cabo de cuatro años, cuando la mayoría de los sectores de la economía luego de la pandemia recuperaron sus niveles de producción previos en menos de dos años. No parece razonable que si hubo sectores de actividad que no fueron afectados por la pandemia e incluso han tenido desempeños muy favorables (buena parte del agro, la actividad financiera, la construcción, varias ramas de la industria y el comercio), el gobierno plantee en sus lineamientos que los trabajadores se tienen que conformar con mantener el salario real y no participar, aunque sea de manera parcial del crecimiento de la riqueza generada.
Una ausencia que surge de los lineamientos es que no hay ninguna contemplación o priorización particular a las franjas o categorías salariales más bajas. El Instituto Cuesta-Duarte ha constatado que en 2022 hubo 549.000 ocupados con ingresos laborales inferiores a los $25.000 líquidos mensuales por 40 horas de trabajo semanal. De ese total, cerca de 250.000 son asalariados formales de la actividad privada, es decir están afectados directamente por los resultados de los consejos de salarios. Los lineamientos planteados hacen “tabla rasa” y no contemplan una recuperación más acelerada o con mayores aumentos porcentuales para este importante sector de trabajadores que está en una situación verdaderamente crítica.
Conocidos los lineamientos del Poder Ejecutivo, que en términos generales inclinan el terreno para el lado del capital y en contra de los trabajadores, sumado a recientes cambios legislativos que van en el mismo sentido, más que nunca toca a los trabajadores organizarse para conseguir “en la cancha” de la negociación y la movilización una distribución un poco más justa de la torta que producimos. Ya sea en términos de salario puro o duro, como también de condiciones de trabajo y beneficios que mejoren nuestra vida.
(*) Economista
Foto de portada:
Pablo Mieres, ministro de Trabajo, durante el acto por el 1° de Mayo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
