Los “flamantes” ex funcionarios de la usurpadora Áñez: soborno, corrupción y lavado de activos

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La audiencia judicial contra el exministro boliviano Arturo Murillo en EEUU, considerado el número dos de la ex dictadora Jeanine Áñez, ha sido aplazada hasta el próximo miércoles.
Durante la misma, señala Europa Press, se “decidirá si es juzgado por su presunta participación en una red de sobornos y blanqueo de capital”.

Citando declaraciones concedidas a Radio Cepra, por el fiscal Wilfredo Chávez, este “ha señalado que la audiencia, prevista para este lunes, ha sido suspendida siguiendo la petición de la Fiscalía estadounidense, un proceso con el que hay que ser respetuosos”.

“Se estaría viendo la posibilidad de que el señor Murillo tenga algunas negociaciones o pueda acceder tal vez a algún beneficio bajo las reglas de la Justicia norteamericana. Eso no nos corresponde a nosotros determinarlo, son procedimientos de Estados Unidos, de las leyes norteamericanas. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que se decida”, ha manifestado el Fiscal actuante.

El ex ministro boliviano, había sido detenido el pasado 22 de mayo en la ciudad de Naples, “por agentes especiales de la Oficina de Seguridad Nacional”.

Pasada las 48 horas de su detención fue citado por el juez Jonathan Goodman, para realizar una vista que considerara “la acusación preliminar” en su contra.

Junto al ex ministro, fue detenido, su jefe de cartera Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ambos acusados de “haber cerrado un contrato de varios millones de dólares con un grupo de empresarios de la Florida a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos”.

“Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, afirmaron los fiscales, “Murillo y Mendizábal recibieron más de US$500.000 en coimas a cambio de garantizar a los empresarios un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia para el suministro de gas lacrimógeno y otras armas no letales”, destaca el sitio de análisis InSight Crime.

Según el informe que reporta el caso, “los pagos que garantizaban el contrato, por valor de cerca de US$5,6 millones, se legalizaron usando cuentas bancarias en Bolivia y Florida”.

Si las acusaciones se prueban, los dos exfuncionarios de la usurpadora Añez, recibirían hasta 20 años de prisión.

El ex funcionario boliviano partió hacia Estados Unidos en los primeros meses de 2021, recuerda el sitio de investigaciones criminales, “luego de que la Fiscalía General expidió órdenes de captura para él y otros exfuncionarios —entre quienes se incluye la presidenta interina Jeanine Áñez— por cargos de terrorismo, sedición y conspiración”.

Su captura, por este tipo de delitos, agrega el portal, es “irónica si se tienen en cuenta sus ataques vehementes contra presuntos funcionarios corruptos de la administración del expresidente Evo Morales”.

El accionar de Murrillo en estas operaciones de lavado de activos, contó con la ayuda de quienes han sido identificados como sus cómplices, entre ellos, “Luis Berkman, uno de los empresarios bolivianos con domicilio en la Florida, (que) huyó del país andino en 2002, después de que se le abriera una investigación en conexión con un intento de contrabando de armamento pesado robado del Ejército Boliviano a Paraguay”.

Las investigaciones sugieren, continúa señalando el medio, “que Berkman también era amigo cercano y estuvo implicado en un caso de tráfico de armas con Gary Suárez Levy, hijo de Roberto Suárez, uno de los narcotraficantes más notorios de Bolivia” y conocido como el “Rey de la Cocaína”.

Además del arresto de Murillo, se ha notificado la detención el pasado 28 de mayo, del capitán de la policía Ivar Víctor Gómez, quien fuera “puesto en custodia por presunta participación en el mismo tinglado de corrupción”.

Junto a él, ha sido acusado, además, el exdirector de migración de Bolivia, Marcel Rivas, por su “presunta colaboración a Murillo y López para que huyeran de Bolivia y por la expedición de alertas migratorias ilegales contra opositores políticos”.

El esquema de sobornos, destaca InSight Crime, se completa con la participación del exministro de defensa Luis Fernando López, de quien se sospecha se encuentra prófugo en Brasil.

Una vez concretada la detención de Murrillo, el actual gobierno boliviano solicitó formalmente la extradición de este desde los Estados Unidos a la mayor brevedad posible.

Arturo Murillo, fue el Ministro de Gobierno de Bolivia desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2020, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.