Paola Beltrán
Una “chicana” dilatoria presentada por los militares acusados en la causa conocida como “Michelini – Gutiérrez Ruiz», encendió las alertas al ser considerada por la Jueza que lleva adelante la causa y elevada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) quien ahora deberá expedirse.
La causa judicial da cuenta, con miles de documentos, pericias y testigos, de la coordinación para la persecución, desaparición, asesinato, tortura y secuestro de niños, en el marco del Plan Cóndor y previo a este.
El escrito presentado por la defensa de los represores Jorge Silveira, José Arab y Ricardo Medina el 26 de junio ante la jueza Adriana Chamsarián suspendió la audiencia de control de acusación en la causa que investiga los homicidios de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barrero y Wiliam Whitelaw y decenas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares uruguayos en Argentina. Este escrito fue contestado por el Fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, y expresa que existen razones jurídicas “y humanas” que la jueza en lo penal de 31° turno, Adriana Chamsarián, no consideró al aceptar el recurso presentado por la defensa de los militares.
Pablo Chargoñia, abogado especializado en derechos humanos y asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, en entrevista con EL POPULAR en Radio, explicó el contexto, alcances y objetivos detrás de este nuevo intento, por parte de los militares represores de la dictadura, de evadir la justicia.
“Hay una actitud defensista y la intención no es difícil de advertir para cualquier persona que analice estos hechos más allá de las complejidades técnicas de los asuntos planteados, la intención es dilatoria. La intención es demorar y perturbar cualquier inicio de cualquier juicio ante cualquier tribunal. Lo que las defensas de Arab, Silveira y Medina, intentan hacer, es lo que intentan hacer también en otras causas, es decir, no ser juzgados nunca por nadie. Es lo que llamamos en el ámbito forense una «chicana», una intención muy obvia dilatoria de estos inicios de estos juicios”, aseguró Chargoñia.
La causa investigada
La causa en la que los tres militares están acusados es la conocida como “Michelini – Gutiérrez Ruiz». Trata del magnicidio ocurrido en mayo de 1976 de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz y otras sesenta víctimas, entre ellas Rosario Barredo y Williman Whitelaw . Incluye el secuestro de tres niños, entre ellos la hija de Rosario Barredo, Gabriela Schroeder.
Es justamente Gabriela Shcroeder quién da inicio a esta causa, a partir de que se descubrió en Argentina, un centro de represión clandestino cercano a Automotores Orletti, conocido como centro “Bacacay”. En ese centro habrían estado muchas víctimas uruguayas; víctimas de la represión coordinada entre argentinos y uruguayos, en el marco del Plan Cóndor, entre ellos estos tres niños.
“A partir del planteo de Gabriela Schroeder, con nuestra asistencia luego, se suma la familia de Michelini y la familia de Gutiérrez Ruíz, antes también se había iniciado la causa por la desaparición forzada, en esa misma época, de Manuel Liberoff. La Fiscalía lo que hace es describir todos los hechos represivos desde el año 1974 al año 1976 que incluyen varios homicidios, desapariciones forzadas, el secuestro de Mariana Zaffaroni, de Macarena Gelman y varios casos que no tenían causa judicial en Uruguay hasta ese momento”, explicó el abogado.
En palabras del Fiscal especializado Ricardo Perciballe, se trata de una causa que podría llamarse “pre-Cóndor y Cóndor”. Al respecto, en entrevista con TV Ciudad hace ya seis meses, explicaba que “desde el principio le informamos a las familias cuando presentaron las denuncias -la familia de Michelini Gutiérrez Ruiz, Gabriela Schroeder y Benjamín Liberoff, por su padre -, que no íbamos a poder determinar quién ejecutó a sus padres, pero lo que sí podíamos determinar con mucha certeza era cuáles eran los organismos que habían participado”.
Chargoñia resaltó que la causa se inició en el 2021 y por lo tanto está regulada por el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Esto supuso que el Fiscal especializado durante aproximadamente un año investigara estos hechos y lograra la formalización, en agosto del 2022, de los que serían tres agentes de la represión, porque muchos otros que habían sido investigados fallecieron, que son Arab, alias «El turco», Silveira, alias » el Pajarito» y Medina alias el «Conejo”, agregó.
“Después de presentada la acusación por parte del Fiscal, las defensas de estos tres represores contestan la acusación sosteniendo básicamente lo que suelen sostener en estos casos que es que no tenían ninguna responsabilidad en ninguno de estos hechos”, señaló.
La “chicana” jurídica
“Después de contestar la acusación, explicó Chargoñia, el mismo día en que se debía desarrollar la audiencia de control de acusación, que es una audiencia donde se revisa la prueba, que se pueden plantear distintas defensas por parte de los acusados, a la defensa se le ocurre que la jueza Chamsarián no debe intervenir sino que debe intervenir la Suprema Corte de Justicia (SCJ) porque el artículo 239 de la Constitución nacional dice que la SCJ debe intervenir en caso de «crímenes de derechos de gentes». Esta es una terminología un tanto antigua pero que hace referencia a los crímenes del derecho internacional. Paradojalmente asume (la defensa de los represores), que se trata de crímenes del derecho internacional, única cosa en la que estamos de acuerdo”, explicó.
“Efectivamente son crímenes del derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, ahora bien, la SCJ ya tuvo oportunidad de tratar estos temas en una ocasión y definir si debe intervenir como Juez de juicio o no y esa ocasión fue en el año 2003 cuando un conjunto de ciudadanos denuncia a Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución. En ese entonces, entre otros argumentos, la SCJ dice «yo no puedo juzgar a Bordaberry porque eso implicaría que, en caso de condena, el condenado no tendría recurso de apelación» y lo devolvió, en su momento, al Juez letrado de la 1ra instancia.
Estos ya son hechos conocidos, fue procesado por la jueza Graciela Gatti, luego condenado por la Jueza Mariana Mota y estamos hablando de jueces de la primera instancia”, recordó.
“En resumidas cuentas lo que intenta hacer la defensa de Arab, Silveira y Media es demorar este proceso y lo que uno espera es que la SCJ no sea funcional a esa estrategia dilatoria”, aclaró.
Una sana alarma
Al darse a conocer la noticia del recurso presentado por la defensa de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, se señaló que éste podría tener impacto en todas las causas de lesa humanidad y que si la SCJ diera lugar al mismo habilitaría a pedir la nulidad de las actuaciones en el resto de las causas por lo que se generó una rápida repercusión y preocupación.
Al respecto, Chargoñia señaló que “la alarma me parece hasta sana desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista político, de la defensa de los derechos humanos” y señaló que “de hecho acabo de plantear este problema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque este es un intento de frustración de esta causa y de todas las causas”.
“Hay cerca de cien testigos para este juicio, estoy hablando de sobrevivientes de la tortura, de peritos, de investigadores, de periodistas, es imposible que la SCJ participe en las audiencias que va a llevar este juicio y además se pretenda que participe en los doscientos juicios que hay con relación a crímenes de la dictadura, si eso ocurriese, si de alguna manera la SCJ cometiera el gravísimo error de decir «tienen razón y yo tengo que juzgar», el juzgamiento sería imposible y se restablecería un sistema de impunidad que yo veo improbable por escandaloso”, señaló.
“De todas maneras hay que poner en antecedentes de este riesgo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está integrado por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana que ya ha tratado el tema de la impunidad en Uruguay. En la sentencia del año 2011 en el histórico caso “Gelman vs Uruguay” y en la de 2021 de las “Muchachas de abril”, conocido como el caso “Maidanik y otros vs Uruguay”, en ambas sentencias se le dice al Estado uruguayo que tiene que juzgar sí o sí, que tiene la obligación, el deber de juzgar casos de graves violaciones a los DDHH, que no puede aplicarles la amnistías, que no puede aplicar indultos, que no puede establecer la prescripción de estos casos y que en defensa del derecho de las víctimas a la protección de los tribunales, estos juzgamientos deben hacerse en plazos razonables. De modo tal que si hubiese una situación de estancamiento de estos juicios que de alguna manera ya se están dando porque estamos demorando en este caso, eso implicaría que el Estado uruguayo sea duramente recriminado”, concluyó.
Foto
Jorge «pajarito» Silveira durante la audiencia de formalización a los represores de la última dictadura militar por el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barrero, Whitelaw y Liberoff en el año 2022. Foto: Mauricio Zina / ad-hoc.
