Gustavo Gómez.
Del análisis de un borrador al que tuve acceso en estos días surge que los grandes empresarios de la radio y la TV serían los más beneficiados. De aprobarse, esta “Nueva Ley de Medios” reunirá todos los sueños de los empresarios, en especial de los oligopólicos de Montevideo. Tanto, que varias fuentes aseguran que uno de los dueños de Canal 4, Walter Carlos Romay, sería su principal redactor.
Quitar los límites a la concentración
El primer objetivo de este proyecto es derogar aquellas disposiciones de la Ley de Medios que ponían límites a la concentración mediática. Y flexibilizar otras para que no ponga obstáculos a su acumulación de audiencias y poder. En términos de pluralismo, un golpe a la libertad de expresión y la democracia.
La propuesta aumenta el límite de 3 a 12 medios audiovisuales los que una persona o empresa puede tener. Alguien con suficiente billetera podría acumular hasta 6 canales de TV abierta y 6 radios en una misma ciudad o departamento. Terrible.
Eliminaría los límites a la “propiedad cruzada” actuales, permitiendo que los operadores de TV vendan servicios de telecomunicaciones e Internet (y viceversa), ateniendo un reclamo de ANDEBU encabezado por los empresarios del 4, 10 y 12 y otros de TV, así como de la telecom mexicana América Móvil.
Por último, derogaría la prohibición de acumular más de tres licencias de TV para abonados en todo el país (si una de ellas es en Montevideo) habilitando que una sola empresa pueda ser dueña de todas o la mayoría de las operadores de TV cable del país.
Vuelven los privilegios: no pagarían nada, pagaríamos todo
La propuesta quita todas las cargas impositivas y de contraprestaciones exigidas a los medios de comunicación audiovisual, aportes inexistentes antes de la Ley N°19.307.
Por ello, no pagarían por usar frecuencias con fines de lucro (como sí lo hacen las telefónicas) ni aportarían un canon al Fondo de Promoción de la Producción Nacional. Hasta ahora, los medios chicos (como radios del Interior) no pagaban, los grandes sí.
Además, eliminaría la obligación de que una cuota mínima de su programación sea uruguaya. Es decir, la TV ya no tendría que emitir al menos el 60% de producción nacional y la radio no debería promover la música nacional (ahora, el 30% de la música emitida debe ser nacional).
Eternizando la propiedad a los dueños actuales, se extenderían los plazos de sus licencias. Las radios pasarían de 10 a 15 años (+ 15 años de sucesivas prórrogas). Igual para la TV abierta. Estos nuevos plazos corren a partir de la aprobación de la ley, lo que supone una renovación automática gratuita.
En la primera versión del proyecto de nueva Ley de Medios que habría sido elaborado por Romay de Canal 4, también se derogan varias contraprestaciones sociales importantes.
Entre ellas, las campañas de bien público (en tiempos de austeridad y emergencia sanitaria, habría que pagar la campaña del COVID19 con publicidad oficial del Estado) y la propaganda electoral gratuita (una disposición avalada por la Suprema Corte de Justicia) .
De concretarse esto último, los partidos más poderosos tendrán más posibilidades de hacer campaña que los chicos. Ganan avisos los medios, pierde la democracia y el pluralismo.
Paradojalmente, las denostadas, anticuadas y autoritarias cadenas oficiales seguirían como estaban (pero ahora sólo para difundir la voz del gobierno).
Importante pérdida de derechos (de quienes no son dueños de medios)
El proyecto barre los capítulos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reconocen (en algunos casos por primera vez en Uruguay) los derechos de las audiencias y de la sociedad en los medios de comunicación. También deroga el papel que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para protegerlos.
De aprobarse la nueva norma, aquí una lista incompleta de derechos que elimina:
El derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes, así como a no ser individualizados por los medios exponiéndolos a su victimización.
Las protecciones ante abusos de la publicidad dirigida a niños abusando de su inocencia, así como a evitar avisos que les prometan premios o recompensas para ganar nuevos compradores, entre otros.
La protección a mujeres, así como de personas LGTBI o de la comunidad afrodescendiente, entre otros, ante la discriminación.
El derecho a la objeción de conciencia de los periodistas frente a los dueños de los medios, para no ser despedidos si se niegan a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos que hayan sido modificados sin su consentimiento.
El derecho a acceder en forma gratuita a partidos de fútbol de las selecciones uruguayas de básquetbol y fútbol en la TV abierta.
El derecho de los músicos, las discográficas y las productoras a que sus obras representen al menos un 30% del total de la música emitida en una radio.
El derecho de productores audiovisuales, actores y actrices, locutores y otros trabajadores de la industria audiovisual a que su trabajo nacional represente al menos el 60% de la emisión de las TV uruguayas.
Por si fuera poco, se reduce el derecho de las personas con discapacidad auditiva y visual a que sólo a programas informativos sean accesibles, pero ya no otros programas de interés general como hasta ahora.
Además, elimina:
El derecho a la transparencia y la información de las personas sobre los servicios comerciales que brindan las empresas (cambios de programación sin aviso, diferenciar información de publicidad, entre otros).
La protección de los usuarios y consumidores de servicios de TV paga frente a abusos si deciden la rescisión de sus contratos con la empresa.
El proyecto sólo incluye dos artículos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes: a) una mención vaga a un “horario de protección” que dejará al gobierno una excesiva discrecionalidad para definir qué es programación “apta para todo público” y b) prohibición de ciertas formas de participación de niños en publicidad (texto igual al vigente).
Mitos y discursos caídos
El proyecto de ley (en esta versión que analizo, o en cualquiera otra que ingrese formalmente al Parlamento) derrumba al menos tres mitos:
Lo que permite y promueve esta iniciativa muestra que las críticas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no eran realmente por «libertad de expresión». Era porque les afectaba sus ingresos y privilegios.
Se acusó a la Ley de Medios por ser anacrónica. “No regula Internet”, gritaban, “esta norma nació vieja”. Esta ley tampoco se mete con Internet (misma redacción del art. 1 de la actual Ley N°19.307). Dicen que se acabaron los medios, pero alientan su concentración. Tan viejos e inservibles no deben ser, ¿no?
“No hay mejor Ley de Medios que la que no existe”, afirmaban. No era cierto. Les molestan las leyes que les ponen límites democráticos. No todas las leyes. Claro que sí, aplaudirán esta nueva Ley de Medios.
