“La convocatoria al SINAE no se ha concretado, tampoco el no cobro de la tarifa de OSE y mucho menos el shock de inversión en obras públicas”.
Victoria Alfaro
El representante del Frente Amplio en el Directorio de OSE, Edgardo Ortuño fue entrevistado por EL POPULAR en un completo análisis de la crisis hídrica y las soluciones que debería adoptar el Estado uruguayo para prevenir su repetición a mediano y largo plazo.
– ¿Cuál es la situación actual del agua potable en la zona metropolitana?
Estamos viviendo una crisis de falta de reserva de agua dulce por la baja importante en los caudales del río Santa Lucía, que es el que abastece a la región metropolitana y la baja de la reserva en la represa de Paso Severino, un embalse que de 67 millones de metros cúbicos de capacidad hoy cuenta 2,5 millones y gracias a las lluvias de estos últimos días, porque hace unas semanas estaba en un nivel más crítico, debajo del millón. Esto significa la necesidad de continuar tomando agua proveniente del Río de la Plata, debajo de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes por el Santa Lucía, que toma agua del Río de la Plata con niveles de cloruro y sodio muy altos y por lo tanto mantendremos los niveles de salinidad en el agua.
– ¿Entonces las lluvias ocurridas aportan, pero no solucionan el problema?
Las lluvias de estos últimos días significan un alivio moderado, pero no revierten la situación crítica que implica que estemos dando agua no potable a la población y que tengamos un escenario que de no concretarse el trasvase de agua, que se está construyendo, del río San José, hacia el Santa Lucía, estaríamos teniendo un escenario de empeoramiento de la calidad del agua que ya dicta los máximos valores permitidos de cloruro sódico y trihalometano que establece la norma de agua potable para considerarla como tal.
– ¿Esas obras van a estar a tiempo como dijo el gobierno o vienen demoradas?
La obra supone dos componentes, la construcción de un dique fundamentalmente de tierra en este paraje Campanario en el rio San José está culminada, o sea está muy avanzada y a continuación se realizará una captación de agua y un bombeo desde Paso Valdez en la intersección del río con la ruta 45, en el puente que une Libertad con Villa Rodríguez y ahí se están instalando las tuberías que deberán llevar el agua hacia el Santa Lucía con una longitud de 13 ,5 quilómetros, que recién comenzó la semana anterior, por lo cual no creo que se cumplan los 30 días que anuncio el gobierno, pero sí estará operativa en plazos realmente exprés en 45 días o menos.
– ¿Esta obra solucionaría el problema?
Esta obra permitirá mantener los niveles actuales de agua que no nos conforma, porque solo cumple con los niveles autorizados, excepcional y transitoriamente por el MSP, superiores a los establecidos por las normas de agua potable. Están muy alejados del cumplimiento de la norma y mucho más de la calidad de agua que habitualmente brinda OSE históricamente. En concreto, los niveles de cloruro en el agua de OSE se ubicaba en un promedio entre 30 y 100 miligramos por litro de agua, el máximo permitido es de 250 miligramos por litro y hoy estamos en 720 miligramos por litro, autorizado por el MSP y en algunas líneas de bombeo se han registrado valores superiores. Con lo cual estamos lejos de la calidad de agua habitual que debe brindar OSE y lejos del cumplimiento de la norma de agua potable. Esta obra es una solución que evita el escenario más crítico que es el del agua no bebible y solo útil para el sistema de saneamiento. Evita un escenario peor, pero no soluciona el retorno a la normalidad, que dependerá de la lluvia y de obras más importantes de infraestructura que es lo que estamos reclamando, inversión pública de OSE, acorde a la emergencia hídrica que está viviendo el país. Que a mi modo de ver es resultado de la sequía y el clima, pero también es resultado de decisiones políticas equivocadas como la no construcción de la represa de Casupá y de medidas que han llegado en forma tardía e insuficiente que son responsabilidad de las decisiones del gobierno.
– ¿Cuáles son las propuestas del Frente Amplio (FA) en esta crisis y el gobierno ha implementado alguna de ellas?
A mitad del mes de febrero, cuando se establecieron las restricciones en el uso del agua, además de pedirle un esfuerzo a la población de uso responsable imprescindible del agua potable, le pedimos un esfuerzo al gobierno para que cambie las políticas de recorte de ajuste presupuestal y de reducción de inversiones para realizar un acuerdo nacional por el agua potable, así como implementar un paquete de medidas de inversiones en obras y medidas de emergencia para prevenir el agravamiento de la crisis. La respuesta del gobierno en conferencia de prensa el 15 de febrero fue que la situación de déficit hídrico estaba controlada, que la escasez de agua estaba controlada y que el FA era alarmista, que el director del FA en la OSE era alarmista. A fines de abril y principios de mayo volvimos a proponer obras concretas de sustitución de tuberías y reparación de pérdidas para disminuir el desperdicio de agua. OSE pierde el 50% del agua que produce y reducir estas pérdidas es una forma de preservar las reservas de agua dulce que hoy nos faltan. Planteamos la necesidad de completar la tubería del trasvase de agua desde el arroyo Solís chico hacia la Laguna del Cisne para aliviar el aporte de agua de Montevideo a la Costa de Oro. Planteamos la necesidad de tomar medidas de apoyo a la población para atender las consecuencias sociales y sanitarias del aumento de la salinidad del agua. En aquel momento a fines de abril propusimos reducir el costo del agua embotellada, eliminando los impuestos del IVA e Imesi, propusimos incorporar al MIDES al grupo de instituciones que estaba haciendo el seguimiento del tema para instrumentar apoyos a la población de la Tarjeta Uruguay Social, de asignaciones familiares y población que atiende el MIDES. Propusimos exonerar el pago de la tarifa y no cobrar la tarifa de OSE, mientras la calidad del agua no esté a la altura de lo que pagan los ciudadanos del área metropolitana y planteamos realizar campañas de bien público de educación sobre el uso responsable de este recurso y además informar sobre la gravedad de la situación. Declarando la emergencia hídrica y convocando al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). De todas estas propuestas, el gobierno ha tomado tardíamente las medidas de reducción en el agua embotellada, ampliación de la población beneficiaria del MIDES, que venía siendo solo de 20000 personas, madres con hijos menores de dos años y algunas enfermedades crónicas, a una situación que ahora ampara a más de 400.000. También ha decretado la emergencia hídrica y generó un fondo de emergencia que lamentamos no incluya a OSE como uno de los destinatarios, pero que por lo menos supone una reacción del gobierno, pero muy tardía asumiendo la gravedad de la interrupción del abastecimiento de agua que afecta a 1.800.000 personas, o sea el 60% de la población uruguaya al sur del país. Todavía no se ha convocado al SINAE para instrumentar nuestra propuesta de coordinación con las intendencias departamentales de Canelones y Montevideo, incluso los municipios que son quienes tienen mayor llegada al territorio, para garantizar el objetivo central que debe ser que no haya ningún uruguayo y uruguaya de la región que se quede sin acceso al agua embotellada. La convocatoria al SINAE no se ha concretado, tampoco el no cobro de la tarifa de OSE y mucho menos el shock de inversión en obras publicas de OSE que estamos proponiendo. salvo estas obras de emergencia que lamentablemente no aportan la solución a la falta de reserva de agua dulce que, si aportaba la obra de Casupá que el gobierno decidió por motivos políticos y fiscales no construir e interrumpir en el año 2020 y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Si bien no estaría totalmente completa a esta altura, tan solo un 10 o un 15% del acopio de agua que aportaría serian entre 10 y 15 millones de metros cúbicos, que es varias veces más que el agua que tenemos hoy en Paso Severino y nos evitaría estar en esta situación. El gobierno eligió descartar el proyecto Casupá sumando al ahorro del recorte de 200 millones de dólares en el quinquenio esos 80 millones de la no ejecución del proyecto Casupá, que ya contaba con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobado el 3 de diciembre de 2019, por lo que no se puede decir que el proyecto no contaba con los recursos y que el FA no lo dejara resuelto. Dejo resuelto el proyecto ejecutivo de ingeniería, más los 600 planos para realizar la obra y los estudios de impacto ambiental que fueron presentados en el año 2017. Como contrapartida el gobierno decide realizar una toma de agua en el Río de la Plata (a pesar de los problemas de salinidad en niveles no admisibles para la potabilidad que tiene en periodos importantes del año) y construir una nueva planta potabilizadora en Arazatí, que aportará una tercera parte del consumo del área metropolitana mientras que Casupá aseguraba el abastecimiento del 100%. Lo que nos preocupa más es que opta por un modelo de gestión fundamentalmente privado, que eleva el costo de inversión de los 250 millones de dólares de obra que ya supone más del doble que el costo de Casupá, a más de 800 millones de dólares que nos terminará costando el proyecto por concepto de pago al privado por la utilización de la infraestructura que se construirá. Eso le costara a OSE como empresa pública, 41 millones de dólares por año durante 20 años, razón por la cual tendrá un costo de 300 millones de dólares más caro que el mismo proyecto realizado con gestión pública de OSE y constituirá un muy mal negocio para el país y OSE que quedara muy limitada, con sus balances en rojo para realizar obras en el resto del país durante esos 20 años de este contrato que el gobierno plantea firmar con quienes resulten adjudicatarios del proceso de licitación que está en curso. Esto tuvo como hito fundamental la apertura de ofertas por parte de dos empresas privadas que presentaron sus propuestas el 13 de junio y que estamos a la espera de los resultados de la comisión que estudia los proyectos para su adjudicación. En este marco nos preocupa y nos ocupa tanto la solución a la situación de emergencia, que en este contexto se solucionara tan solo con importantes lluvias, como las soluciones a mediano y largo plazo para que esta crisis no se reitere y esto es mediante la construcción de una política pública de Estado, con inversiones en infraestructura significativa con soluciones duraderas con perspectiva 2045, cuando ya sabemos que tendremos déficit de agua para abastecer a la población. Tenemos que hacer el proyecto Casupá, tenemos que hacer la represa en el Solís Chico, tenemos que hacer una fuerte inversión en sustitución de tuberías para disminuir las pérdidas y tener una política de regulación del cuidados del agua, fundamentalmente del Santa Lucía, que ha quedado demostrado en esta crisis que ha sido mal utilizado por distintos actores privados, que también mermó los caudales del rio en la sequía, afectando el abastecimiento que expresa la ausencia de un Estado en la regulación y control de dichas actividades, así como políticas de cuidado como ya ha denunciado el intendente de Canelones.
Foto de portada:
Edgardo Ortuño durante el llamado a sala al Ministro de Ambiente por el proyecto Neptuno en sala de Diputados del Palacio Legislativo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
