El proyecto de ley que fuera impulsado por Cabildo Abierto y modificado posteriormente por el partido Nacional fue objeto de preocupación por parte de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según informó la diaria, los expertos hicieron llegar al gobierno uruguayo una misiva “en la que manifestaron su preocupación sobre el alcance del proyecto de ley de prisión domiciliaria”.
El proyecto, con las modificaciones introducidas por el partido Nacional, fue aprobado por el senado, con los votos de los representantes de la coalición de gobierno, el pasado mes de diciembre.
De acuerdo al medio de prensa, los representantes de la ONU reconocen “las enmiendas positivas que se han dado desde el primer proyecto”, aunque “advierten que hay ciertos elementos en el texto aprobado por el Senado que podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.
En ese sentido la misiva señala que el proyecto dispone que, “si desaparecieran los motivos que justificaron el cumplimiento de la pena en régimen de prisión domiciliaria, la Justicia podrá dictaminar la remisión al establecimiento de detención del condenado”, sin embargo, agregan “la disposición no incluye la petición de las partes acusadoras y carece de un elemento temporal definido, lo que podría permitir la aplicación de estas sustituciones de manera indefinida hasta la culminación de la pena”.
Para los expertos del organismo internacional “durante la etapa final de formalización de la prisión domiciliaria sólo se contempla un intercambio entre el Ministerio Público y la defensa”, lo que supone la exclusión de las víctimas, quienes no serian escuchadas “en situaciones que podrían afectarles”.
La misiva advierte además, por “la inclusión de términos vagos y ambiguos”, ejemplificando lo anterior con los términos que aparecen en el proyecto, tales como “graves problemas de salud”, “condiciones biopsicosociales” o “circunstancias familiares o especiales”.
Finalmente, en la misiva se recuerda “que los estándares internacionales de los derechos humanos prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”.
