Mediante una carta firmada por 27 condenados por delitos cometidos durante la dictadura de Pinochet, los ahora condenados solicitaron al gobierno chileno se les exculpara por sus acciones.
Los firmantes aseguran que ellos cumplían ordenes de sus superiores los que, hasta el momento, no han asumido las responsabilidades que les corresponden.
“Reconocemos”, se lee en la carta, “que en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”.
El “pedido” de los represores condenados fue respondido de forma contundente por el ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, quien recordó que “desde el punto de vista de la legislación vigente en el país, los delitos de lesa humanidad no son sujeto de indulto”.
De acuerdo a Prensa Latina (PL) “entre los firmantes hay sentenciados por el asesinato de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; la ejecución del dirigente sindical Tucapel Jiménez; o el atentado mortal contra el excomandante del ejército Carlos Prats y su esposa en Argentina”.
Para el ministro Cordero, no existen dudas “que hay información en manos de esas personas”, por lo que “sería conveniente por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia que la pudieran entregar”.
Para el gobierno chileno, la misiva es “una declaración explícita de violación de derechos humanos, algo que los implicados negaban en el pasado”, sentenció el ministro de Justicia.
