Gastón Grisoni (*)
En la ciudad de Canelones comenzó esta semana el primer juicio oral y público por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Un juicio sumamente destacable por varias circunstancias.
Única denuncia estatal
Un primer hecho a destacar es que la denuncia fue presentada por la Secretaría de DDHH del gobierno departamental de Canelones cuando la titular era Valeria Rubino. La presentó junto con la asociación civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria. La primera y la única denuncia presentada hasta el momento por funcionarios estatales en todo el país.
En un hecho sumamente significativo, todas las causas judiciales por hechos referidos al pasado dictatorial en Uruguay fueron presentadas por las propias víctimas, sus familiares y allegados, recayendo en ellos toda la responsabilidad y el trabajo. El respaldo de las organizaciones vinculadas a la temática ha sido muy importante y destacado para que las mismas prosperaran. Para evitar cometer omisiones involuntarias no se menciona a ninguna. Son varias y todas integran el colectivo de organizaciones sociales hermanadas en la lucha contra la impunidad y a favor de la justicia.
Recogiendo testimonios sobre lo sucedido en Canelones durante el período del terrorismo de Estado, la Secretaría de DDHH del departamento, tomó conocimiento sobre la existencia de Los Vagones como centro clandestino de detención y torturas. La Secretaría adoptó la decisión de presentar formalmente la denuncia para esclarecer los hechos y evitar que prosperara la impunidad. Las víctimas cumplieron con su deber de testimoniar e incluso a lo largo del juicio sufrieron agresiones y amenazas.
Los Vagones
Se denomina con ese nombre al Centro clandestino por el hecho de que funcionaba en dos vagones de AFE que estuvieron instalados en el Parque Artigas y posteriormente en el barrio Olímpico de la capital departamental. Su funcionamiento se encuadró en el marco de la Operación Morgan que a fines del año 1975 se desplegó por parte de la dictadura contra las estructuras y los militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
La asociación civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria junto con el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) han jugado un papel decisivo para que esta causa prospere y continúe.
Juez Luis Sobot: un pronunciamiento insólito
Un primer contratiempo surgió cuando el año pasado el juez de garantías de 1º turno de Canelones definió la prescripción del delito de tortura que se imputó a los policías retirados Hugo Guillén, Winston Vitale y Alejandro Ferreira, que operaban en el centro clandestino de torturas que funcionó en la capital del departamento.
Lo escandaloso del fallo es que el juez Luis Sobot computó a los efectos del cálculo prescripcional el tiempo en que estuvo vigente la Ley 15 848 (Ley de Caducidad) y también el período en que había dictadura en el país. Durante la vigencia de la Ley de Caducidad el Poder Judicial estuvo sometido a la tutela del Poder Ejecutivo y las víctimas estuvieron impedidas de acceder a la justicia tal como lo expresó la Resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en un fallo histórico.
Durante la dictadura, obviamente, no existían condiciones para que las víctimas pudieran presentarse ante la Justicia a radicar las denuncias correspondientes. Sus propias vidas y su libertad estaban en riesgo en caso de hacerlo, como señaló el abogado de las víctimas el doctor Pablo Chargoñia.
El tribunal de Apelaciones revirtió el fallo del juez Sobot y la causa pudo continuar. El Tribunal de Apelaciones invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Uruguay mediante la Ley 15 737 en marzo de 1985 al regresar a la institucionalidad democrática y también el Artículo 72 de la Constitución.
Oral y público
La inmensa mayoría de los juicios sobre casos y hechos del “pasado reciente” se han tramitado mediante el viejo código del proceso tal como correspondía de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Todos los juicios se tramitaban por escrito, eran normalmente lentos y los jueces tenían un papel protagónico.
Ya que la denuncia por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Canelones fue presentada con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal, esta causa se lleva cabo mediante dichas disposiciones y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y las víctimas a través de su representación legal, el doctor Pablo Chargoñia del Observatorio Luz Ibarburu (OLI), están en condiciones de actuar de una manera más activa.
Justicia, justicia y más justicia
El proceso iniciado el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) y que culminó en la dictadura cívico militar que se prolongó hasta febrero de 1985, fue una calamidad nacional. Fue la respuesta de los grupos uruguayos de poderes dominantes, aliados a EEUU, para reestructurar la economía del país a costa del nivel de vida, de los salarios de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas y de los sectores populares. A sangre y fuego.
Las graves violaciones a los DDHH, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, secuestros de niños, privación ilegítima de la libertad, no pueden quedar impunes. Es necesario que las mismas sean investigadas, esclarecidas y sancionadas, penal y administrativamente. Los autores intelectuales y materiales de ellas, con todas las garantías del debido proceso, como ha ocurrido hasta el presente, deben rendir cuentas ante la justicia y ante la memoria histórica del país. No se mira hacia atrás. Se mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia una democracia fuerte y consolidada. Con plena vigencia de las normas de DDHH y del Estado de Derecho. De eso, simplemente, se trata.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
El abogado Pablo Chargoñia. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.