Un documento elaborado por el Consejo Indígena Misionero de Brasil solicitó que la Comisión de la Verdad investigue los asesinatos de indígenas y los conflictos armados.
El informe publicado por Agencia Pública el pasado 26 de julio denuncia que, entre 2019 y 2022, fueron asesinados 800 indígenas.
Los asesinatos denunciados se produjeron, mayoritariamente, en los estados de Mato Grosso do Sul, Amazonas y Roraima.
El informe anual de Consejo Indigenista Misionero relevó los datos del período de 2019 a 2022, correspondiente al gobierno de Jair Bolsonaro (PL).
Los datos utilizados para la producción del documento proceden “de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai), el Sistema de Información de Mortalidad (SIM) y los departamentos estatales de salud”, reportó el portal KaosenlaRed.
De acuerdo al informe en los estados de Roraima y Amazonas, donde se asienta la Tierra Indígena Yanomami (TIY), “hubo 208 y 163 asesinatos”, respectivamente en dicho periodo.
En Mato Grande do Sul, por su parte, se reportaron 146 casos.
En estos tres estados, especifica el documento, se concentró el 65% de los asesinatos que, en todo el país ascendieron a 795 homicidios en esos cuatro años.
Con relación a las causas del exterminio indígena, se señala que este no se produce, exclusivamente por los asesinatos, sino que este está asociado a la “invasión de tierras, la negligencia o la negación de atención médica, la reducción de la financiación pública para los organismos de protección, el racismo, las amenazas y la violencia física y sexual”.
El informe recomienda se cree “una Comisión Nacional de la Verdad Indígena (CNIV)”, a semejanza de la comisión creada para investigar los crímenes de la dictadura cívico-militar brasileña.
Con relación al accionar del gobierno de Jair Bolsonaro, el informe denuncia que ha sido el primero, desde el retorno a la democracia, que no demarcó “ni un solo centímetro de tierra indígena en Brasil”, tal y como había prometido antes de asumir la presidencia de Brasil.
En ese sentido se remarca que su política indígena es calificada como “genocida” al promover la “naturalización de la muerte indígena”.
La no demarcación de áreas, implica, de acuerdo al informe, que haya grupos indígenas que, al no tener “suficiente tierra o agua para producir sus propios alimentos”, pasen a depender “de las políticas de asistencia social”.
En este escenario y de acuerdo al documento, “al menos 800 indígenas de las etnias Avá-Guarani, del oeste de Paraná, y Mbya Guarani, de Rio Grande Sul, experimentaron situaciones de hambre”, algo que se verificó de forma especial entre los niños.
