Este 25 de noviembre por un año más se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Uruguay la Intersocial Feminista y la Coordinadora de Feminismos convocaron a una movilización, en Montevideo, desde la Plaza Independencia hasta la Plaza 1° de Mayo, la que se realizó a pesar del mal tiempo.
La fecha se fijó en homenaje a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María, conocidas como “Las mariposas”, tres luchadoras dominicanas contra la dictadura de Rafael Trujillo.
El 25 de noviembre de 1960 las tres hermanas regresaban de visitar a sus esposos en prisión, fueron interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia de la dictadura, golpeadas hasta la muerte, sus asesinos colocaron los cuerpos en el coche en el que viajaban y los arrojaron por un barranco para que pareciera un accidente.
En 1981, el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Bogotá decidió designar el 25 de noviembre como el Día contra la violencia de Género. En 1999, la ONU plantea que el 25 de noviembre fuese reconocido en todo el mundo como una jornada de reivindicación en contra de la violencia de género. conocidas como “Las mariposas”, tres luchadoras dominicanas contra la dictadura de Rafael Trujillo.
Además de la marcha anteriormente citada se realizaron varias actividades en Montevideo y otras ciudades de nuestro país. Una actividad que estaba prevista era en la Plaza Las Pioneras, en Montevideo, donde ex presas políticas iban a denunciar y narrar sus experiencias a través de su participación en una murga.
La proclama del 25 N
Tras la manifestación, se dio lectura a la proclama de la “Colectiva por el 25N”. En la misma se señaló: “tomamos las calles, los barrios, las ciudades, porque en nuestras casas en el campo y la ciudad, en nuestros trabajos, en la plaza y en las instituciones aún se sostienen prácticas y discursos que nos violentan, nos invisibilizan, nos excluyen. Lo hacemos juntas, como una marea de resistencias que dice, una vez más, ¡basta! El año 2020 y lo que va del 2021 estuvieron marcados por la Pandemia del Covid 19, y por la fuerte recomendación -o imposición- de confinamiento en el hogar, el deterioro de la situación económica y social y la pérdida de servicios públicos de calidad”.
Denunciaron el “fuerte incremento de la pobreza, que se traduce hoy en 150.000 personas, donde -como es habitual- son las mujeres que están mayormente a cargo de sus hijas e hijos, percibiendo menores ingresos; y la inexplicable e incomprensible decisión de aniquilación del sistema de políticas y programas sociales que acercaban el Estado a las comunidades; lo que conlleva a que se vulneran aún más, las condiciones para el ejercicio de derechos”.
“Las mujeres sostenemos la vida -también en las ollas- produciendo alimentos para quienes nada tienen o perdieron todo. En esos espacios somos alrededor del 70 % de la trama comunitaria y solidaria. Porque las ollas y las mujeres estamos presentes mientras el estado está ausente”, indicaron.
“La actual coyuntura pone de manifiesto una vez más que para muchas mujeres, niñas/niños y adolescentes el hogar no es ese lugar seguro y protegido donde nos encontramos rodeadas de nuestros afectos. La permanencia en casa de quienes habitualmente trabajan afuera, multiplicó las situaciones de violencia y abuso, hecho que quedó en evidencia en las últimas estadísticas. Nos manifestamos con un amplio sentido de justicia y perspectiva histórica, siendo una marea de resistencias que sale a las calles porque aún seguimos diciendo que es necesario ligar la violencia contra la mujer con la discriminación sistemática que sufren las mujeres y niñas niños y adolescentes afro, de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género e identidades indígenas”, agregaron.
“Nos manifestamos con un amplio sentido de justicia y perspectiva histórica, siendo una marea de resistencia que sale a las calles porque nuevamente se ha puesto sobre la mesa la consideración y cuestionamiento de derechos conquistados. Nos llevó muchos años lograr leyes y servicios que respeten los derechos sexuales y reproductivos con atención integral a nuestros requerimientos y respetando la libertad y la autonomía para decidir, sin coacción ni violencia. Nosotras decidimos si queremos o no ser madres, cuándo, cómo y con quién. No somos úteros al servicio de ningún plan para repoblar la patria. Debilitar los servicios, intentar interferir en nuestras decisiones y no garantizar el acceso universal a los avances logrados, es inaceptable”, afirmaron.
“En este año y medio se han dado situaciones en las que, por la pandemia fueron ignorados derechos como el acompañamiento por alguien de confianza de las mujeres durante el aborto, el control del embarazo, en el parto y en el puerperio. No redujo la incidencia de cesáreas innecesarias, incrementó la medicalización a las embarazadas, quienes son tratadas como enfermas y potenciales transmisoras de Covid 19 cuando van a parir, practicándoles hisopados, aumentando su estrés y aislándolas de sus familias. Se duplicó la muerte de mujeres por embarazo, parto, puerperio y aborto en este período y no hubo medidas acordes a su gravedad. La morbi-mortalidad de mujeres por estas causas no sólo es un problema de salud, sino también un indicador de la baja importancia destinada a las políticas específicas que requerimos como mujeres”, advirtió la proclama.
“Aún hay mujeres víctimas del terrorismo de Estado que aguardan que el Poder Judicial haga lugar a su clamor de justicia por los crímenes y violencia perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Por memoria, verdad, justicia: nunca más”, sostuvieron.
“No estamos todas, porque la violencia machista nos sigue asesinando y el sistema nos niega el acceso a una justicia de calidad. El femicidio es la expresión más cruda de una sociedad machista que tolera y legitima la violencia contra las mujeres. Son notables los avances ocurridos en los últimos años en nuestro país, pero las reticencias y resistencias en las instituciones gubernamentales persisten, en muchas ocasiones los casos de femicidios quedan impunes e invisibilizados. El odio y los prejuicios por razones de orientación sexual e identidad de género también motivan la comisión de crímenes de género”, señalaron.
“Ninguna muerte nos es indiferente, exigimos justicia para los crímenes de mujeres trans. Exigimos responsabilidad a las autoridades en el esclarecimiento de las circunstancias e investigación de calidad. Consideramos que las Unidades de Violencia de Género son efectivas, pero es necesario que cada comisaría de Uruguay tenga personal debidamente preparado y empático para asistir a las víctimas por violencia de género. Exigimos mensajes y procedimientos claros en acuerdo con la legislación vigente”, expresaron.
“Exigimos que los operadores policiales, judiciales y el INAU informen a las familias de las
mujeres asesinadas, sobre la ley 18.850 que establece una pensión no contributiva y una asignación especial a los huérfanos/as víctimas de violencia doméstica. Y decimos bien fuerte: no a la tenencia compartida impuesta. No a los intentos de desarticulación de la protección de niños y niñas que denuncian situaciones de violencia y abuso sexual”, agregaron.
Destacaron que “la trata y explotación sexual acechan a adolescentes, jóvenes y mujeres. Porque nos desaparecen, nos explotan y esclavizan. Alzamos la voz, una vez más, para denunciar que no somos objetos de consumo. Porque los explotadores están ahí, a la vuelta de la esquina, y cuentan con recursos para sostener su negocio lucrativo. Exigimos responsabilidad, compromiso ético y garantías para que los procesos de acceso a la Justicia se garanticen y porque no admitiremos que las víctimas se ahoguen en océanos de impunidad”.
“Ante océanos de violencias, seremos mareas de resistencias y seguiremos organizadas y en las calles hasta que la violencia contra las mujeres y disidencias sea erradicada de todos los rincones de nuestro país y del mundo”, finalizaron.
Moriana Alberro
