“La LUC, lejos de haber contribuido a mejorar el estándar de seguridad lo ha contaminado con una actuación policial que bordea el exceso”
El referéndum del próximo 27 de marzo es una difícil encrucijada para el gobierno, si bien la consulta no es una evaluación de su mandato, es indudable que se han tomado decisiones en contra del pueblo que tendrán alguna consecuencia en dicha instancia. Contradiciendo sus promesas de campaña, ha dispuesto recortes que impactaron directamente en el bolsillo de los uruguayos, quienes tienen ante sí una oportunidad donde podrán calificar, con su voto, el rumbo impreso por la coalición multicolor que nos gobierna.
Como hicieron en la campaña electoral, vuelven a instalar el tema de la seguridad como uno de sus puntos focales en defensa de una ley inconveniente que lejos de traer mejoras, acumula denuncias contra policías y muestra un franco deterioro de la imagen de esa fuerza civil ante la ciudadanía. La apariencia delictiva hace parte argumental de los dislates defensivos de quienes justifican a la Ley de Urgente Consideración (LUC) según el «look». Al grito de «se terminó el recreo» o «hay orden de no aflojar», la seguridad anda a los bandazos y los uniformados empiezan a desfilar por los Juzgados.
Bonomi tenía razón…
Con resultados que se atribuyen como genuinos de su gestión, las autoridades flamean las estadísticas ignorando una pandemia mundial que -como en todo el orbe- incidió fuertemente en los mismos. La baja movilidad social impuesta por el aislamiento recomendado, (como primera y principal «vacuna» contra el COVID 19), impactaron fuertemente en todos los aspectos de la conducta humana entre los que la actividad criminal no estuvo exenta. El miedo inicial al virus, sumado a las medidas de restricción de la movilidad y el cierre casi que completo de la actividad comercial, fueron una de las principales razones de la baja de los delitos. La gente, encerrada en sus casas, disminuyó notoriamente las oportunidades a rapiñeros y ladrones.
Asimismo, la baja de la interacción social (sin espectáculos públicos ni actividad nocturna, salvo la esencial), también llevaron a una baja de los homicidios, durante ese período. Un panorama que incidió fuertemente en 2020 hasta julio de 2021, donde se empezó a restablecer la actividad social y comercial, en una cuasi perfecta sincronización inversa: al ritmo que cedía la pandemia y se retomaba la normalidad, también crecía la actividad criminal, con el promedio de un homicidio por día sin que se apliquen políticas públicas de seguridad que den respuesta al tema.
El recientemente fallecido Eduardo Bonomi, durante sus dos mandatos en la cartera del Ministerio del Interior, supo estudiar y explicar las razones del incremento de la violencia, con argumentos que -extrañamente- eran criticados por quienes están hoy en la Secretaría de Estado. Particularmente el actual ministro Luis Alberto Heber, siendo Senador, fue duro en sus respuestas a cada manifestación que hiciera Bonomi para explicar el fenómeno del incremento de los homicidios. Incluso el fallecido Jorge Larrañaga, utilizaba la misma argumentación («se la están dando entre ellos»).
Solo una alta dosis de hipocresía explica que hablen ahora de ajustes de cuentas o de conflictos entre criminales y que hasta revelen los antecedentes de los muertos, para justificar un aumento que tuvo siempre el mismo móvil: la lucha de territorios y conflictos entre grupos criminales que pretenden hacerse con el negocio de la droga, como había explicado Bonomi. Explicaciones que nunca escucharon ni entendieron como para acceder a contribuir en la búsqueda de políticas públicas de consenso que ayudaran a combatirlos. Hoy el problema les explota en la cara y no tienen respuestas.
La LUC y el look
Con ese panorama, se cuela una campaña donde se pretende infundir la idea que gracias a la LUC estamos más seguros. Como si no fuera bajo su vigencia que se produjo el quiebre de una tendencia que no obedecía a norma alguna sino a la coyuntura de una crisis sanitaria en retirada que empieza a devolver la vieja normalidad a su estado natural. Un estado en el que la inseguridad también empieza a despabilarse.
A fuerza de falsos argumentos sobre la liberación de presos si se derogan los artículos recurridos, o que por fin «volvieron las carteras» como afirmó un exultante Heber en un acto hace pocos días, se intenta convencer a una ciudadanía que percibe otra realidad. Porque, los delitos empiezan a incrementarse al ritmo del cese de las medidas de restricción impuestas por la pandemia y el regreso de la actividad social y comercial a pleno lleva los datos a niveles pre pandemia (unas 25 mil denuncias por mes).
La realidad empieza a golpear fuertemente a todos y el «bolsillo policial» no es la excepción. Sin embargo, esa circunstancia no se traduce en empatía con la sociedad civil a la que se debe una fuerza ídem que está encargada de asegurarle pacífica convivencia. Casos de abuso policial empiezan a encender luces de alarma, comprobando que el respaldo tan promocionado no ha sido interpretado de la mejor manera y, en cambio, ha ensoberbecido a algunos miembros que sobreactúan un rol llamado a otros fines.
Un sonado caso desnudó lo peligroso del mensaje implícito que encierra la LUC, ocurrió en Punta del Este, donde un joven rapero fue «confundido» con un delincuente por su «apariencia delictiva». Exagerado estereotipo que intenta justificar el exceso de aplicar la justicia por mano propia a quienes no visten como la «gente bien». Extremos que se potencian con normas que apelan al punitivismo más puro, apostando a la represión antes que a la prevención.
Más de 100 denuncias de abuso policial presentadas por los Defensores de Oficio y expuestas por la INDDHH, dan cuenta de una tendencia peligrosa que es imprescindible parar. En tiempos de nuevas tecnologías, las pruebas inundan las redes sociales y se masifican al ritmo del tweet. Flaco favor le hace a la Policía Nacional ejemplos de abuso que dan rienda suelta a la discrecionalidad policial que será sometida a la voluntad soberana el próximo 27 de marzo. Porque ese día, cada ciudadano tendrá en sus manos la principal tarea de legislar en defensa propia, para devolverle racionalidad y criterio a una actuación policial que no puede actuar con semejante descontrol.
Delitos subjetivos, donde el que los califica es quien tiene el poder legal de aplicar la fuerza, desnivelan el racional y necesario equilibrio que debe primar en las relaciones de una sociedad. Dar cuenta a otros actores que hacen parte de la gestión de seguridad (Poder Judicial y Fiscalía), no puede quedar librado a la voluntad de los brazos ejecutores de la ley y menos con un plazo tan amplio de 4 horas. Tiempo de incertidumbre extrema para quienes son retenidos y que puede significar una vulneración de sus derechos individuales.
La legítima defensa presunta consagrada por la LUC recibió el rechazo del propio Instituto de Derecho Penal de la UDELAR, que refirió la inconveniencia de su consagración ya que la policía no actúa por legítima defensa sino en cumplimiento de la ley. Porque la Ley le otorga el uso exclusivo de la fuerza para defender a los habitantes.
Todos esos aspectos, que fueron parte de un discurso de campaña, han tenido consagración legal y desvirtuado el comportamiento de una fuerza civil como la Policía Nacional, al punto que muchos de sus integrantes han tenido que responder ante la justicia por su actuación lindante con el abuso policial. Mientras que en 2019 más de 30 delincuentes fueron abatidos por la Policía, ninguno de los uniformados tuvo responsabilidad penal por sus actos. En cambio, durante lo que lleva de vigente la LUC, son varias las causas que se acumulan y que aún permanecen investigándose la actuación policial (el caso más sonado lleva bastante tiempo y es el ocurrido en Artigas donde un uniformado ultimó a un joven que huía tras cometer un abigeato).
En suma, la LUC, lejos de haber contribuido a mejorar el estándar de seguridad lo ha contaminado con una actuación policial que bordea el exceso y que tiene -muchas veces- a la sociedad civil como objetivo y no a la delincuencia. Una ley que ha desnaturalizado, en parte, la función principal de la Policía que es la de brindar seguridad a los habitantes y no convertirse en un factor más de riesgo como ha venido ocurriendo últimamente. Con el agravante de enfrentar trabajadores contra trabajadores, ya que los policías tienen la calidad de tales, cuestión que debieran empezar a contemplar.
Mientras la economía familiar se deprime notoriamente, las muestras de descontento empiezan a hacerse presente y abarcan a todos sin distinciones (incluida la Policía).
Es hora que tomen conciencia que son parte de la misma clase, la clase trabajadora.
Fernando Gil Díaz, ex director de UNICOM, la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.
