Gonzalo Perera
Argentina y Uruguay comparten tantos elementos de sus idiosincrasias que sería ocioso enumerarlas. También presentan matices que les diferencian de forma significativa. Para mencionar sólo tres de clara incidencia en la vida política, se puede mencionar, sin juicio de valor alguno y como constatación: la muy diferente incidencia de la Iglesia en uno y otro país, las improntas políticas marcadas (sea por adhesión o rechazo) en Uruguay desde el batllismo de Don Pepe y el peronismo en Argentina y finalmente, por las muy diferentes capacidades de acumulación de partidos autodefinidos de izquierda en uno y otro lado del charco.
Sin embargo si algo queda claro, particularmente en el último medio siglo, es que cuando las tinieblas acechan o se implantan, el charco parece evaporarse, y la realidad de ambos países sigue un paralelismo muy marcado, ya sea en momentos de terrorismo de Estado, como de desplume neoliberal, como de quiebres bancarios y crisis económicas pavorosas.
Hoy, Argentina y Uruguay, desde ángulos distintos y con los matices del caso, comparten un mismo y enorme desafío: defender la democracia ante un feroz embate sistémico de corrupción y autoritarismo. Un desafío que puede permitir avanzar, aunque sea un paso, o llevar a retroceder mil pasos.
Comencemos por Argentina, que en estas fechas ha cumplido 40 años de democracia, un período sin antecedentes históricos, donde, más allá de todos los bemoles y algunas tragedias, no han sido las botas y los sables lo que han decidido quién ejerce el gobierno. Pero esa celebración es coincidente con el mayor desafío a la democracia de las últimas cuatro décadas. El próximo 19 de noviembre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por un lado está Sergio Massa, un candidato peronista (no kirchnerista), que se presenta como moderado y que poco a poco teje acuerdos con las diversas partes disgregadas del peronismo, con radicales, con sectores moderados del macrismo, con sectores autoidentificados como de izquierda, bajo la convocatoria a un gobierno de unidad nacional, manteniendo políticas sociales, el apoyo a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el reclamo de soberanía sobre Malvinas, etc.
Un candidato al que no es difícil criticar, pero que es una apuesta racional, que permite pensar en dar un paso adelante y que, dato no menor, tiene convicciones democráticas. Del otro lado, Javier Milei, la versión más desaforada del ultra-liberalismo mezclado con el más rancio conservadurismo, apuntando a dolarizar la economía, destruir el Banco Central, hacer recortes feroces, negar el terrorismo de Estado, atacar a Madres y Abuelas, proponer “el mercado de la venta de órganos”, destruir la educación pública, entregar Las Malvinas, declarar como únicos aliados externos a USA e Israel, romper con todo gobierno “comunista”(bajo lo cual incluye no sólo a China, sino también a Brasil), agraviando gratuitamente (no criticando, sino insultando) desde Alfonsín al Papa Francisco, r5epresentando el discurso de odio más puro (Bolsonaro y Trump son dos boy scouts a su lado) y presentándose repetidamente en público con una motosierra como alegoría de recortes brutales (¿sería la misma de los dichos de Luis Alberto Lacallle Herrera en las elecciones del 2009?).
Milei luego de llevarse una sorpresa en primera vuelta, quedando 7% por debajo de Massa y al carecer de aparato y olfato político, pasó a ser un subordinado (y amordazado, para que no espante a las capas medias) de Mauricio Macri. Más allá de lo que suma y resta Macri electoralmente, más allá de su pasado desde la dictadura, Macri es simplemente la corrupción en estado puro.
Un ejemplo alcanza: el Fondo Monetario Internacional (FMI) está avanzando en una auditoría sobre el destino de unos 45 mil millones de dólares concedidos (en condiciones que violan los propios reglamentos del FMI) a la presidencia de Macri en 2018, recursos que supuestamente se destinarán a financiar servicios públicos, etc. El FMI ya detectó que 30 mil millones de dólares (dos tercios del préstamo, la mitad de las exportaciones anuales argentinas) no tuvieron el destino designado, sino que fueron objeto de “fuga de capitales”(sic), en beneficio de grandes agentes financieros internacionales y de cuentas en paraísos fiscales. Así de corrupto es Macri.
Argentina no elige pues entre Massa y Milei, elige entre la democracia (Massa), y el autoritarismo y la corrupción llevados al grado paroxístico (Milei y su jefe).
Aquí, aunque no sea tiempo de urnas, hay una opción similar, ante toda la madeja que se ha venido deshilando, en particular en torno al caso del narcopasaporte de Marset (una simple perla de un largo collar, pero que ha sido pisada y ha causado la caída de varios). Tras quedar en evidencia la incapacidad del presidente Luis Lacalle Pou de explicar lo inexplicable (decir que se debía dar un pasaporte ante un identificado narco “peligroso y pesado”, cuando la ley y los técnicos de la Cancillería indicaron claramente otras opciones), exponer su inverosímil evasión a preguntas obvias (si todo funcionario actuó correctamente, por qué no los defendió en lugar de aceptar renuncias), ha dejado sembrada la muy fundada sospecha sobre el involucramiento presidencial ( el de su entorno es obvio), en una nueva maniobra de ocultar o alterar información demandada por la Justicia.
Todo esto, sumado al mencionado largo collar (regalo del puerto de Montevideo, viviendas a dedo, compras del Ministerio de Turismo, Astesiano y su mafia, presiones al Poder Judicial por caso Penadés y cobertura desde el Ministerio del Interior, etc.) muestra que hoy gobierna el Uruguay la corrupción sistemática, organizada, y que abarca todo el accionar del Estado. Dejando además tremendas inquietudes instaladas, como las que explicita el senador cabildante Domenech la semana pasada: «Lo más preocupante en todo esto es que la duda sobre la posible relación entre el narcotráfico y la política planea constantemente» (sic). Como integrante del gobierno, se refirió a “la política” donde la mayoría de los uruguayos diría “el gobierno”. Pero lo relevante es la admisión de la posible concreción de lo advertido hace tiempo por el Inspector Guarteche, sobre el ingreso del narcodinero a la política, lodazal en el que se entra rápido, pero del que es muy difícil salir.
La preocupación de Domenech requiere una cuidadosa y transparente normativa en materia de financiación de los partidos políticos, de forma integral (incluidos aportes indirectos, como precios diferenciales de los medios hegemónicos para publicidad política, justo cuando se resucita una Ley de Medios cuyos beneficiarios son los grandes medios, en la previa de instancias electorales). También requiere que el Poder Judicial, que ha estado bajo la metralla de los defensores del Terrorismo de Estado, pero donde también se ha pretendido potenciar a quienes escondan pruebas de corrupción, esclarezca a fondo los alcances jurídicos del caso Marset. Por ejemplo, que se pronuncie sobre la responsabilidad del presidente en el hecho y en el ocultamiento de pruebas, y que establezca si existió o no un aporte pecuniario de Marset para “facilitar”su trámite.
El accionar pleno del Poder Judicial es esencial para la democracia, y vital para el combate a la corrupción.
Así como el gran pueblo argentino debe renovar su apuesta democrática, en Uruguay también es hora de tomar partido por la defensa de la Democracia.
Foto de portada
Protesta durante la inauguración del hospitalito del Cerro en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
