Negacionismo y democracia: una responsabilidad con el presente y el futuro.
Por Adriana Barros (*)
El texto elaborado en 2023 en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, por la Comisión de DDHH del Frente Amplio (FA), presenta la exposición de motivos de un proyecto de ley orientado para tipificar el negacionismo del terrorismo de Estado como delito. Basado en el marco jurídico internacional y nacional en materia de DDHH, destacando la adhesión de Uruguay al Estatuto de Roma y la aprobación de la Ley N.º 18.026, que incorpora los crímenes de lesa humanidad y establece la obligación estatal de perseguir y juzgar graves violaciones a los derechos humanos.
El proyecto propone incorporar los artículos 29 bis y 29 tercero a la Ley N.º 18.026, penalizando la negación pública del terrorismo de Estado y agravando las penas cuando quienes lo hagan sean docentes, periodistas, agentes estatales o personas con influencia social. Las penas pueden ser alternativas a la prisión.
La aprobación del proyecto de ley sobre negacionismo representa una definición ética y democrática de primer orden. En un contexto donde se relativizan violaciones a los derechos humanos históricamente comprobadas, el Estado tiene la responsabilidad de proteger la verdad, la justicia y la reparación. La discusión no es entre libertad de expresión y censura, sino entre memoria democrática o normalización de la mentira sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
El Parlamento uruguayo tiene hoy la oportunidad de adoptar una definición democrática de gran relevancia.
Algunos sostienen que una ley de este tipo podría imponer una versión oficial de la historia. El proyecto de ley sobre negacionismo del terrorismo de Estado no busca imponer una verdad oficial ni limitar el debate político. Busca proteger un consenso básico sobre el que se sostiene la convivencia democrática: las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo existieron, fueron ampliamente documentadas y nunca deben repetirse.
A más de cuatro décadas de recuperada la democracia, surge una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando una sociedad comienza a relativizar o negar los crímenes cometidos por el propio Estado?
La respuesta no es solamente histórica. El negacionismo afecta directamente la calidad de la democracia actual porque erosiona los acuerdos éticos que hicieron posible la reconstrucción institucional del país. Cuando se niegan o justifican la tortura, las desapariciones forzadas, la prisión política o la persecución ideológica, no sólo se distorsiona el pasado: también se debilitan los valores democráticos del presente.
Los discursos negacionistas suelen presentarse como simples opiniones o interpretaciones alternativas de la historia. Sin embargo, su objetivo no es ampliar el conocimiento histórico, sino relativizar hechos comprobados, desacreditar a las víctimas y cuestionar los procesos de verdad, justicia y reparación. Cada vez que se niega o justifica el terrorismo de Estado, se vuelve a vulnerar la dignidad de quienes padecieron esas violencias y de sus familias. La reparación no depende únicamente de medidas materiales o judiciales; también requiere reconocimiento social y compromiso democrático con la verdad.
Por esa razón, resulta equivocado presentar este debate como una supuesta oposición entre libertad de expresión y sanción al negacionismo. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de toda democracia, pero ningún derecho es absoluto. El derecho internacional de los DDHH reconoce límites cuando determinados discursos promueven odio, discriminación o justifican crímenes de lesa humanidad. De hecho, las sociedades democráticas aceptan ampliamente sanciones frente a expresiones racistas, antisemitas o discriminatorias porque comprenden el daño que generan.
¿Por qué, entonces, la defensa irrestricta de la libertad de expresión aparece con tanta fuerza cuando se trata de negar o justificar el terrorismo de Estado? La pregunta revela que el verdadero debate no gira en torno a la libertad de expresión, sino al lugar que la sociedad está dispuesta a otorgar a la memoria, la verdad y la justicia.
Sostener que este proyecto no debería aprobarse porque las cárceles están hacinadas es desplazar el centro del debate. Lo digo porque es otro argumento que suele plantearse contra iniciativas de este tipo es que las cárceles uruguayas atraviesan problemas de hacinamiento y que, por tanto, no corresponde crear nuevas figuras penales. Sin embargo, se trata de dos debates diferentes que no deberían confundirse. El hacinamiento carcelario constituye un problema real, grave y urgente que el Estado debe atender mediante una política penitenciaria integral. Pero esa situación no puede transformarse en un impedimento para que el Parlamento defina qué conductas lesionan valores democráticos fundamentales y merecen una respuesta institucional. De lo contrario, cualquier discusión sobre nuevas sanciones quedaría condicionada por una problemática que requiere soluciones propias.
Además, el proyecto no obliga necesariamente a recurrir a penas privativas de libertad. El Parlamento puede discutir y establecer respuestas alternativas de carácter educativo, reparador o comunitario, orientadas a promover el conocimiento de la historia reciente, el respeto a los derechos humanos y la preservación de la memoria colectiva.
La experiencia internacional demuestra que las democracias contemporáneas han desarrollado distintos mecanismos para enfrentar la negación de genocidios y crímenes de lesa humanidad. No lo hacen para restringir el debate público ni para imponer relatos oficiales, sino para proteger la dignidad humana y preservar los consensos mínimos que hacen posible la convivencia democrática. La memoria colectiva constituye una garantía de no repetición y una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones democráticas.
En este contexto, los ámbitos educativos, las organizaciones sociales y el propio Estado cumplen una responsabilidad insustituible. Las nuevas generaciones no vivieron la censura, la persecución política ni las desapariciones forzadas. Sin embargo, tienen derecho a conocer lo ocurrido para comprender el valor de la democracia y los riesgos que implican las prácticas autoritarias. La memoria democrática no surge espontáneamente: se construye a través de la educación, la investigación histórica, el testimonio de las víctimas y las políticas públicas de verdad y justicia.
Votar favorablemente este proyecto significa reafirmar que la democracia uruguaya no es neutral frente al terrorismo de Estado. Significa reconocer que la verdad, la justicia y la reparación son condiciones indispensables para una convivencia democrática sólida. Significa asumir que la memoria no pertenece únicamente a quienes vivieron aquellos años, sino también a las generaciones futuras.
Porque una democracia puede convivir con la discrepancia política, con la diversidad de opiniones y con el debate público intenso. Lo que no puede permitirse es la normalización de la mentira sobre los crímenes cometidos por el propio Estado. Allí donde se instala el negacionismo, se debilita la memoria. Donde se debilita la memoria, se debilita la democracia. Y donde se debilita la democracia, vuelve a abrirse la puerta para que aquello que juramos Nunca Más pueda repetirse.
Las consecuencias previstas por la ley no deberían limitarse a sanciones penales. El debate sobre las consecuencias jurídicas del negacionismo no debe reducirse exclusivamente a la posibilidad de una pena de prisión si o no. El proyecto de ley constituye un punto de partida para una discusión democrática que será enriquecida y definida en el ámbito parlamentario. En ese marco, podrían considerarse alternativas a la prisión, por ejemplo, con un fuerte contenido pedagógico y reparador, tales como la realización de instancias de formación en historia reciente y derechos humanos, la participación recorridos educativos por los circuitos de memoria vinculados al terrorismo de Estado. en tareas de preservación y mantenimiento de los Sitios de Memoria. Lejos de perseguir una lógica meramente punitiva, estas medidas contribuirían a promover la comprensión de los hechos históricos, el reconocimiento de las víctimas y el fortalecimiento de una cultura democrática basada en la memoria, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
La experiencia europea resulta especialmente ilustrativa, diversos países han incorporado normas destinadas a sancionar la negación, justificación o trivialización de crímenes de lesa humanidad y genocidios. Alemania penaliza la aprobación, negación o banalización pública de los crímenes cometidos bajo el régimen nacionalsocialista, incluido el Holocausto.
Uno de los argumentos más frecuentes es que sancionar el negacionismo afecta la libertad de expresión. En realidad, el verdadero debate no gira en torno a la libertad de expresión, sino al lugar que la sociedad está dispuesta a otorgar a la memoria, la verdad y la justicia, así como a las herramientas democráticas más adecuadas para protegerlas. La negación del terrorismo de Estado opera como una forma de impunidad simbólica que procura relativizar crímenes históricamente comprobados y debilitar el compromiso colectivo con el «Nunca Más» y agravia a las víctimas, distorsiona la verdad histórica y debilita los pilares de la convivencia democrática.
(*) Es Analista de Sistemas. Con posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información. Preside la Comisión de DDHH del Frente Amplio. Integra el FA desde el año 1984, año en que se afilió a los GAU, luego fundadora de la IDI y años después la VA, desde marzo de 2025 es frenteamplista independiente.
